Desde Chiapas alertan de constantes ataques contra personas defensoras
*Los manifestantes exigieron el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa frente a la grave crisis de derechos humanos en México.
A través de un pronunciamiento, organizaciones y grupos religiosos* manifestaron su preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, en Chiapas y el resto del país.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que América Latina es una de las regiones más peligrosa para el ejercicio de las personas defensoras, apuntando que en México ha registrado el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos.
Los manifestantes indicaron que en lo que va del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados, hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares, estos últimos actúan con la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano.
Lo anterior, enfatizaron que demuestra que durante su gobierno hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial.
Por lo que señalaron que toda persona tiene derecho a manifestarse de manera pacifica contra las violaciones de los derechos humanos, la cual no debe ser obstaculizada, intimidada y criminalizada.
A pesar de las recomendaciones internacionales México sigue sin detener las situaciones de crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y tortura, agregaron los manifestantes.
De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos originarios.
Es decir, el sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y todos.
Aunado a ello, la Guardia Nacional (GN) continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades.
Dentro del historial de injusticias de la Fiscalía Indígena se encuentra la detención de Cristóbal Sántiz Jiménez del pueblo maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, el pasado 14 de marzo de 2020, quien fue acusado de homicidio calificado.
A ello se suman las detenciones ilegales y tortura de los indígenas mayas tseltales defensores del territorio Cesar Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández el 15 de octubre de 2020, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación y protesta contra la instalación de una base de la GM en su territorio, actualmente se encuentran acusados de motín.
El caso más reciente es el de Manuel Santiz Cruz, indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, junto con: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, todos privados de manera arbitraria de la libertad.
Actualmente los cinco indígenas tseltales se encuentran detenidos y acusados de homicidio calificado, privados de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, añadieron los manifestantes.
A estas injustas detenciones, agregaron el asesinado del defensor de derechos humanos y catequista e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, el 5 de julio de 2021, en Simojovel.
Por esa razón, urgieron al Estado mexicano la protección de la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, garantizando un ambiente propicio y seguro para esta labor.
Así mismo, exigieron que adopten las medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas de manera arbitraria de la libertad, otorgándola de manera inmediata evitando se siga violentando sus derechos humanos.
Nos sumamos a la digna lucha de los Pueblos Mayas de Chiapas que defienden su tierra y territorio y que construyen nuevos mecanismos para una vida digna donde se disfrute la paz, libres de las amenazas generadas por la violencia, dijeron los manifestantes.
Al mismo tiempo, señalaron su preocupación por la presencia de grupos armados en el territorio de Chiapas, en especifico de las acciones criminales y de impunidad que se vivió en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por último, exigieron que se garantice la seguridad e integridad personal de cada habitante de Chiapas. Y, solicitaron a la comunidad nacional e internacional a estar atentos a las acciones políticas y jurídicas a favor de los defensores de derechos humanos.
*Manifestantes:
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc
Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
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