Defensora maya-Q’eqchi’ es condenada a dos años de cárcel
*María Magdalena Cuc Choc, defensora de derechos humanos y líder de la comunidad Maya-Q’eqchi’, ubicada al este de Guatemala. Desde 2004, ha jugado un papel vital en la documentación y denuncia de daños ambientales y violaciones a los derechos humanos por parte de compañías mineras canadienses.
Luego de cuatro años de un proceso penal, el pasado 21 de mayo, el juez Jesús Mazariegos del Tribunal de Sentencia Puerto Barrios en Guatemala condenó a María Magdalena Cuc Choc, defensora de derechos humanos y líder de la comunidad Maya-Q’eqchi’, a dos años de cárcel conmutables por el delito de usurpación agravada, por lo que deberá pagar alrededor de 7 mil 200 quetzales para evitar ir a prisión.
Así mismo, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM- Defensoras) dio a conocer que la defensora fue absuelta de los delitos de amenaza y detención ilegal, pero acusada por un hecho registrado el 19 de diciembre de 2016, un desalojo contra 58 familias Q’eqchí’ de la comunidad Chab´il Ch´och´.
Su labor comunitaria como traductora del idioma maya Q’eqchí’ al español e interpretar a favor de las familias desalojadas, fue utilizado por la empresa Lisbal S. A., quien la señaló de usurpar una finca que desde la historia le pertenece a dicha comunidad.
El 17 de enero de 2018, indicaron que Cuc Choc fue detenida de manera arbitraria acusada de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal. Dos días después, fue puesta en libertad con medidas sustitutivas, arresto domiciliario y la prohibición de abandonar el departamento de Izabal.
Más de dos años después, en septiembre de 2020, el juez decidió enviar a juicio a la líder comunitaria sin que se presentaran pruebas que lo justificaran o tener una razón fundada para decidirlo.
Para agosto de 2021, y tras una audiencia de presentación de prueba, el juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal decretó para noviembre de ese mismo año el inicio del juicio contra la defensora.
La defensora ha enfrentado un proceso de criminalización desde el año 2016, el cual fue alargado a través de reiteradas suspensiones arbitrarias de las audiencias, prolongando los impactos de la criminalización sobre la vida de la defensora, agregó IM – Defensoras.
Además, informaron que Cuc Choc es una mujer maya que defiende los derechos de tierra y territorio del pueblo Q’eqchí’, apoyando la resistencia de las comunidades que sufren desalojos violentos o acompañando como traductora a comunidades y mujeres sobrevivientes de violencia en procesos de búsqueda de justicia, procesos penales, desalojos y resistencias en contra de compañías mineras y de monocultivo.
Por otra parte, señalaron que la comunidad de Ch´ab´il Ch´och´ ha sido despojada de manera ilegal de sus tierras desde la conquista. El 30 de octubre de 2017, fue desalojada violentamente con abuso de la fuerza e irrespetando los derechos de las familias que conforman la comunidad.
Por lo que, la Procuradora Adjunta I, Miriam Roquel, el exdiputado Leocadio Juracán y Marcelo Sabuc, coordinador nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), solicitaron el 13 de noviembre de 2017, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para las familias afectadas. Y, el 25 de enero de 2018, dichas medidas fueron otorgadas a favor de las familiares de la comunidad.
Así pues, la defensora ha sido criminalizada por un sistema judicial que favorece a empresas extractivas que roban la tierra de comunidades Q’eqchi en la región de Izabal, Guatemala. Todo ello, bajo la mirada de un Estado que defiende más los intereses de la oligarquía del país y de empresas extractivas extranjeras que el bienestar de sus comunidades.
Desde la IM-Defensoras reiteramos nuestro rechazo a la condena impuesta a María Cuc Choc, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para acuerpar y solidarizarse con la defensora, expuso la Iniciativa.
De igual manera, denunciaron que el despojo y la violencia psicológica, económica y jurídica contra las comunidades que ejercen su legítimo derecho a la protesta contra la acción destructiva de las empresas extractivas y la defensa de sus territorios.
Por último, hicieron un llamado al Estado guatemalteco a que avance en responder a la justa demanda de los pueblos indígenas del país, para reconocer de manera plena sus derechos, incluyendo la del territorio, resolviendo el conflicto agrario histórico que existe en el país y respetando los derechos históricos del pueblo maya Quiché sobre sus territorios ancestrales.
Dicho reconocimiento representa una condición fundamental para evitar que se siga criminalizando injustamente a personas defensoras indígenas por delitos como la usurpación de tierras, finalizó IM – Defensoras.
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