Chiapas con un marco normativo pobre en cuanto a protección animal
El Atlas del Maltrato Animal dio a conocer que Chiapas es uno de los tres estados en el país que no está tipificado el delito de maltrato animal, pues solo cuenta con la Ley de Protección para la Fauna; que se centra en la protección y aprovechamiento de la fauna con el objeto de garantizar el bienestar animal tutelando tanto a los animales silvestres como domésticos.
Así mismo, entre los aspectos notables de la ley destaca la prohibición de circos, el uso de animales para experimentos y peleas, además define el concepto de crueldad animal como sufrimiento, tortura o maltrato. El resto está dedicado al sacrificio de animales.
Por otro lado, señala que de acuerdo al último censo de población del 2020, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas tiene 5.5 millones de habitantes. Y, con base al Semáforo Delictivo en los últimos años, el delito con mayor incidencia es violencia familiar en el estado, luego lesiones, violación, homicidio y feminicidios. Al mismo tiempo, puntualiza que en medios y diversas redes han reportado casos sobre actos de crueldad y maltrato animal en la entidad.
Dentro de la Ley, en el artículo 4, las atribuciones de esta se encomiendan a las Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) y a la Secretaría de Educación. Mientras que el artículo 8, establece que todas las instituciones y organismos gubernamentales, en el ámbito de sus respectivas competencias, difundirán por los medios apropiados el espíritu y contenido de esa ley, inculcando en el niño, adolescente y adulto, el respeto hacia todas las formas de vida animal.
Dicho esto, subrayó que la Secretaría de Educación respondió no ser competente delegando la responsabilidad a la SEMAHN, al igual, esta última se declaró incompetente para proporcionar tal información aduciendo que es competencia de los Ayuntamientos.
Chiapas tiene un marco normativo en cuanto a protección animal muy pobre, ya que no contempla el maltrato animal como delito y su Ley no está enfocada realmente en la protección y bienestar animal, sino en temas de aprovechamiento de fauna silvestre, indicó el Atlas.
Concluyó que las vagas acciones en materia de educación que prevé la ley hace que exista un desconocimiento de las atribuciones a las diferentes dependencias del gobierno del estado.
El maltrato animal a nivel país
AnimaNaturalis presentó los resultados sobre el maltrato animal en México. La información se compone de los datos que proporcionaron 131 instituciones de gobierno con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, enfatizaron que los animales no tienen voz para pedir auxilio, no pueden defenderse de sus agresores; en muchos casos son los primeros en recibir la ira de personas contagiadas por la violencia que se vive, por el olvido intencionado condenándolos a una vida de patios y azoteas o abandonándolos lejos de sus supuestos “hogares”.
Como si fuera poco, en muchas ocasiones son ignorados por la indiferencia o miedo por parte de personas que no denuncian y que esperan que otros hagan algo. Sin embargo, estos miles de animales no son solo víctimas directas de sus verdugos, sino también de manera indirecta de un sistema institucional que les ha fallado.
Es decir, que a pesar de tener derechos y estar protegidos por leyes, códigos y reglamentos que han sido producto del gran esfuerzo de cientos de activistas, protectoras y rescatistas en impulsar dichos derechos junto con legisladores comprometidos en la causa, de manera desafortunada no ha cambiado la situación para los animales.
Ese basto marco jurídico que hoy existe a lo largo y ancho del país junto con un sinfín de dependencias en cada estado de la República que supuestamente debieran garantizar dichos derechos no está sucediendo, solo se ha quedado en narrativas de buenas intenciones por la clase política, indicó AnimaNaturalis.
A nivel federal, expusieron que todo lo relacionado a la cría, entrenamiento, transporte, promoción, anuncio, organización, compra-venta o se preste o rente un espacio para realizar peleas de perros son hechos constitutivos de delito con base al Código Penal Federal, siendo la Fiscalía General de la República (FGR) competente para conocer de estos hechos.
La dependencia informó que entre el 2019 y 2020, no recibió ninguna denuncia por este delito ni abrió ninguna carpeta de investigación en el país. En números generales, en ese mismo periodo las Fiscalías de los Estados reportaron que recibieron 2 mil 490 denuncias por maltrato animal.
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