Liberan indígena tras 20 años encarcelado
*Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad, fue sentenciado a 25 años de prisión por un delito que no cometió.
El Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebraron la libertad y vida de Marcelino Ruiz Gómez, al ser puesto en libre después de 20 años, 3 meses y 2 días privado de su libertad.
Dicho esto, recordaron su lucha para demostrar su inocencia, con denuncias y visibilizando las graves violaciones a sus derechos humanos, como de la organización con otras víctimas del sistema y exponer su vida al realizar una huelga de hambre de 135 días, alimentándose tan solo con agua y miel, el 7 de mayo de 2022, salió del Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) No. 10 en Comitán de Domínguez.
Lo anterior, mediante dictamen del cuadernillo 45/MR/2022, tras concederle libertad con sentencia suspendida, después de haber pasado 20 años, 3 meses y 2 días privado de su libertad, pagando por un delito que no cometió.
Así mismo, indicaron que en esta misma situación se encuentran Abraham López Montejo y German López Montejo, dos hermanos que en el 2011, fueron privados de manera arbitraria de su libertad y les fueron fabricados delitos que no cometieron a través del uso sistemático de la tortura.
Desde el 15 de marzo 2019, los hombres privadas de su libertad se encuentran en una lucha por obtener su libertad, han pasado 12 años tras los barrotes, aprovechándose de la indefensión por no hablar el mismo idioma o no tener los recursos para su defensa.
Son víctimas de la justicia simulada, de los procesos más complicados, largos y engorrosos; los daños cometidos hacia nuestros familiares son irreparables, dijeron las organizaciones.
Hicieron mención que sin más demora el gobierno mexicano y autoridades competentes hagan cumplir de inmediato la opinión 43/2021 aprobado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 91 período de sesiones relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abraham López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz.
El Grupo de Trabajo consideró que la detención de los antes mencionados es arbitraria por incumplimiento de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, esto consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Grupo de Trabajo instó al gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Debido a que estos casos no son los únicos, la modalidad de fabricar culpables de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, tiene una larga lista de víctimas por lo que seguirán luchando.
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