CNDH pide cese a la prisión preventiva de mujer indígena migrante guatemalteca

Justicia para Juana Alonzo Santizo. Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

*Familiares de Juana, migrante Maya-Chuj, junto a Promotores de la Liberación Migrante y la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos “Nunca Nos Hemos Ido”, denunciaron la detención arbitraria y exigieron inmediata libertad. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente al Juez Primero de lo Penal de Primer Instancia del Quinto Distrito en el estado de Tamaulipas, a que con pleno respeto a su facultad jurisdiccional se pronuncie sobre la prolongación o cese de la prisión preventiva decretada en un proceso penal que se le sigue a Juana Alonzo Santiz, una mujer indígena Maya-Chuj de origen guatemalteco en contexto de movilidad y pobreza.

Pues ha transcurrido un aproximado de 7 años y 6 meses de su ingreso al Centro de Ejecución de Sanciones en esa entidad, sin que a la fecha haya recibido una sentencia, esto contraviene el plazo constitucional establecido para tal efecto, vulnerando así sus derechos a la presunción de inocencia, seguridad jurídica, debido proceso en transversalidad con sus derechos al acceso a la justicia y libertad personal.

Libertad para Juanita, la exigencia y anhelo incansable. Cortesía Promotores por la Liberación Migrante

Alonzo Santizo fue detenida por las autoridades mexicanas por el delito de secuestro, se encuentra en prisión preventiva desde 2014, sin que hasta hoy exista una sentencia. Por lo anterior, el caso de la migrante originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala, también llegó al Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Durante este tiempo sus familiares han denunciado la forma violenta y discriminatoria en que las autoridades han tratado a Alonzo Santizo durante más de 7 años. En vez de ser protegida por los oficiales públicos, fue discriminada, torturada e interrogada en español, sin un intérprete, un idioma que no habla, mientras le pegaban y apuntaban armas de fuego.

Desde los años 2018, 2021 y 2022, la CNDH a través de la Cuarta, Quinta y Tercera Visitaduría, han tenido conocimiento por familiares de la víctima y de la organización de la sociedad civil que los representa, sobre los presuntos hechos violatorios a los derechos humanos cometidos en agravio de la mujer durante su detención por elementos de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) ahora Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas.

Fue así como recabó los testimonios de las personas peticionarias y de la persona agraviada. Una vez analizada la competencia, remitió las quejas a la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, quien las admitió a trámite e investigación en el mes de abril de 2018.

Juana Alonzo Santizo es una mujer indígena Maya Chuj originaria de Guatemala, su objetivo era llegar a Estados Unidos a través de México, pero fue detenida en Reynosa, Tamaulipas por elementos de la Policía Estatal. Cortesía: Promotores por la Liberación Migrante

Desde la remisión por las primeras quejas recibidas, el Organismo ha dado seguimiento al caso, de tal manera que ha sostenido interlocución institucional constante durante estos años con personal de su homóloga local a cargo de la investigación. Lo anterior, a efecto de que se realizaran las acciones de investigación que favorecieran a la víctima, teniendo en cuenta que, en el mes de abril de 2022, ese Organismo Protector Estatal emitió las Recomendaciones 001/2022 y 002/2022 al acreditarse violaciones a sus derechos humanos a la integridad personal, seguridad jurídica, derechos de las personas bajo la condición jurídica de migrantes, cometidos en agravio de la mujer migrante.

Incluso, la Comisión Nacional expuso por escrito y vía telefónica a personal del Juzgado de Primera Instancia de referencia sobre la necesidad de revisar el caso en virtud de haber excedido el plazo -08 de marzo de 2022- para resolver su situación jurídica.

En ese sentido, el Organismo Estatal de Derechos Humanos comprobó que la víctima, mientras se encontraba en un domicilio donde estaba sujeta a trabajos forzosos, fue detenida junto con las demás personas que se encontraban en dicho lugar por policías ministeriales.

Mientras que estas personas, desconocían los motivos de su detención, además en el momento de su aseguramiento no hablaba ni entendía el español al ser hablante del Chuj. Más tarde fue trasladada a las instalaciones de dicha corporación en ciudad Reynosa, Tamaulipas.

Además, mientras se encontraba bajo la custodia de esos servidores públicos y responsabilidad, en vez de concretar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad, fue sometida a una serie de agresiones físicas y verbales, bajo un esquema de degradación a su dignidad humana y sin perspectiva de género, al tratarse de una mujer de origen indígena y en contexto de movilidad y quien de manera presunta estaba retenida en dicho lugar sometida a explotación laboral.

Cabe precisar que dicha persona fue acusada del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, y por dicho de la víctima, manifestó que ella, a su vez, había sido retenida por traficantes de personas en su intento por llegar a los Estados Unidos de América y sometida a realizar trabajos forzosos en el lugar donde ocurrió la detención, detalló la CNDH.

No obstante, le dieron a firmar su declaración sin conocer su contenido, no contó con una asistencia jurídica adecuada y tampoco se le asignó una persona traductora. Fue durante su estancia en el centro penitenciario donde se encuentra en la actualidad que aprendió a hablar y a comprender el español.

La víctima ingresó al Centro de Ejecución de Sanciones Penales en Tamaulipas el 18 de abril de 2014, a fin de enfrentar su proceso en prisión preventiva, no obrando hasta la fecha resoluciones de primera y segunda instancia y/o auto de ejecutoria.

Lo anterior, ha sido motivo de importante preocupación tanto de personal de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas, de Organismos de la Sociedad Civil, en especial del Movimiento Migrante Mesoamericano, así como del Organismo Nacional.

Los años pasan y Juana Alonzo Santizo, migrante Maya Chuj, pasa sus días en una prisión de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, México, sin que su caso se resuelva. Cortesía: FGER.

Y, además de la acreditación a las violaciones a sus derechos humanos cometidas durante su detención, les llama la atención que ha transcurrido en exceso el plazo razonable establecido en la Constitución Federal para que se determine la situación jurídica de dicha persona, quien es víctima de una posible discriminación interseccional e institucional en virtud de los diversos contextos que convergen al ser mujer, indígena, en situación de pobreza, persona migrante, que de manera transversal sigue incidiendo en su actual situación jurídica.

Aunado a ello, se sigue vulnerando el principio de presunción de inocencia, garantías de debido proceso y acceso a la justicia, al constatar que no ha sido procesada conforme al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Tampoco, se ha determinado su situación jurídica a la luz de lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 315/2021. Por lo anterior, la CNDH hizo urgente el llamado al Poder Judicial del estado de Tamaulipas, así como a las Instituciones corresponsables del Estado mexicano para que se realice, a la brevedad posible, acciones que permitan visibilizar la situación jurídica actual en la que se encuentra la víctima.

A fin de realizar un análisis a fondo para que la medida de prisión preventiva impuesta no siga prolongarse de manera innecesaria en su perjuicio y para que a la brevedad, se dicte una determinación al nivel de los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, con perspectiva de género, interseccional y conforme al principio pro persona.

De seguir prolongando dicha medida sin justificación alguna, conlleva a una continua violación de sus derechos fundamentales, de las que las autoridades deberán hacerse responsables, concluyó la CNDH.