Sorprende aumento de migración irregular y tráfico de personas por vía marítima hacia Chiapas
Aunque se trata de una estrategia migratoria de mayor costo, puede ser más rápida y efectiva para llegar a los estados de la frontera norte desde el sur, pero sus consecuencias pueden ser fatales, al documentar naufragios y ahogamientos..
En la región de la frontera sur de México, el desplazamiento internacional regular e irregular es parte de la agenda cotidiana. Pero, la migración irregular y el tráfico de personas por vía marítima es una pequeña parte de un todo que se mueve en la región. Entre 2015 y 2017, hasta la incursión de las caravanas, hay registro de accidentes y naufragios asociados al fenómeno migratorio, indica la investigación “El impacto de la COVID-19 en el tráfico ilícito de migrantes en México”, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
A causa de la caravana como estrategia migratoria, disminuyó la frecuencia y uso de las rutas marítimas, pero no del todo. A mediados del 2019, un pescador miembro de una cooperativa en Puerto Madero, informó a la OIM que eran pocas las lanchas que se veían pasar, con un poco de paciencia entre la noche y el amanecer, se podía atestiguar el paso de una o dos con rumbo al norte.
Dicho esto, las personas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes que operan al sur, norte y a lo largo del país a menudo se mueven, viajan y trabajan en diferentes ciudades de Centroamérica, donde reclutan a personas y organizan el transporte.
Estas personas fungen como “guías” de la mayoría de individuos que pretenden migrar, hacen uso de su conocimiento de los espacios geográficos y de los sitios donde se encuentran los principales controles migratorios, evadiéndolos al caminar distancias cortas o haciendo uso de balsas que atraviesan el Usumacinta en Tabasco y el Suchiate en Chiapas, ambos ríos ubicados a lo largo de la frontera entre Guatemala y México.
Panorama migratorio en la Frontera Sur
Tapachula, la llamada perla del Soconusco, es uno de los municipios que componen la frontera sur de México que limita con Guatemala, un lugar geoestratégico, ya que por ese espacio existen intercambios comerciales, así como flujos y desplazamientos poblacionales desde hace varias décadas, enfatiza la investigación de la OIM.
De modo que permite que muchas personas la utilicen para el cruce hacia México y continuar con el tránsito irregular hacia Estados Unidos, su principal cruce fronterizo es Talismán que colinda con el Carmen del departamento de San Marcos en Guatemala.
En los últimos años, resaltan un incremento de la presencia de redes de narcotráfico, sobre todo en lugares como Puerto Madero y otras regiones de la costa chiapaneca, donde se han realizado varios decomisos de cocaína en el mar. Es por ello, ha sido catalogada por las autoridades mexicanas como un lugar de alta inseguridad e incremento de la vulnerabilidad de personas centroamericanas que realizan el cruce por dicha parte de la frontera.
Desde la implementación del Plan Frontera Sur, incrementaron los casos de migrantes que toman una lancha hacia Tonalá en Chiapas. En el marco de la investigación, documentaron el incidente de una mujer que venía de Nicaragua e ingresó a México por vía marítima en contexto de tráfico ilícito de personas, a pesar de haber pagado 7 mil dólares, dadas las condiciones de inseguridad y violencia con la que operan las redes de tráfico, fue víctima de trata a lo largo del viaje.
Así mismo, señalaron a Tapachula como lugar de paso para miles de personas migrantes centroamericanas y provenientes de Sudamérica, África, Haití y en menor medida de países como Corea, China y Bangladesh. Desde hace algunos años la incorporación de personas de origen cubano ha sido importante en este espacio.
Por otra parte, aunado a la migración terrestre, el tránsito irregular por la vía marítima resulta conocido, pero poco abordado tanto por las autoridades federales, estatales y municipales, así como por especialistas en temas migratorios en esta región, subrayó la OIM. Si bien, documentaron algunos casos aislados en Puerto Madero y Paredón, las autoridades no terminan por reconocer que se trata de lugares utilizados como estaciones para cargar combustible y alimentos.
En charlas informales se pudo documentar que existe una red de apoyo de los pescadores de la zona, quienes guiados por algunos enlaces o guías de la ruta brindan este servicio. Destaca que las personas que forman parte de esta red de servicios locales, no reconocen en sus prácticas (proveer combustible o alimentos) algún indicio de ilegalidad, agregó la OIM.
A pesar de que las rutas son inciertas, las autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Gendarmería reconocen como punto clave el puerto Ocós o Champerico, ubicado al sur de Guatemala y cercano a Tapachula.
También, lo hay sobre el puerto de San José en el Océano pacífico, algunos refieren que se avistan embarcaciones grandes que proceden desde Asia. En algunos albergues, recogieron narrativas que dan cuenta de Paredón como un punto en el que desembarcan algunas personas migrantes.
Y, aunque con menor intensidad Barra de Zacapulco en Acapetahua, Chiapas, fue identificado como punto dentro de la posible ruta que tienen los llamados traficantes o coyotes. En la zona, se pueden observar lanchas rápidas y de algunas con doble motor que son utilizadas para este fin.
Si bien, no es precisa ni completa la información que comparten las distintas autoridades federales, estatales y municipales sobre el volumen o la intensidad que tiene o que pueda llegar a tener la ruta marítima de migración irregular y tráfico ilícito de personas, no se ha descartado que vaya en aumento, destacó la OIM.
Escenario sociopolítico
Por otro lado, la investigación menciona que la implementación del Programa Frontera Sur (PFS) en 2014, marca el inicio de una siguiente etapa de reforzamiento y control fronterizo en la región.
El PFS, es un programa que surge como respuesta del gobierno mexicano ante el incremento exponencial de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados de origen centroamericano en la frontera sur de Estados Unidos, momento que fue llamado en la agenda pública y mediática “la crisis de menores migrantes”.
En el verano de 2014, la OIM recordó que diversas autoridades de Estados Unidos hicieron pública esa crisis humanitaria. Ante ello, el Gobierno de los Estados Unidos y el de México entablaron negociaciones para la elaboración de un proyecto que resolviera dicha crisis migratoria.
Fue así, como el 7 de julio del 2014, Enrique Peña Nieto, presidente de México en ese entonces, anunció la creación del PFS. Sus objetivos: fomentar el desarrollo social, incrementar el desarrollo económico de la región, y elaborar un marco en donde se pudiera proteger los derechos humanos de todos los migrantes.
El Programa articula acciones para detonar el desarrollo social y económico de la región, y establece medidas para proteger los derechos de las personas que migran. Los objetivos: ordenar los flujos migratorios y garantizar la integridad y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.
Al iniciar la operación del Programa, el Gobierno Federal junto con las autoridades de la región fortalecieron las acciones de coordinación para evitar que las personas migrantes pusieran en riesgo su integridad al abordar el tren de carga conocido como “La Bestia”.
Así como, desarrollar estrategias puntuales que garantizaran la seguridad y la protección de todas las personas que transitan por el país. Y, combatir y erradicar a los grupos criminales y redes de tráfico ilícito de personas quienes vulneran sus derechos.
En síntesis, el PFS tuvo como eje fundamental el respeto de los derechos humanos de quienes migran, así como permitir el acceso controlado de los flujos migratorios centroamericanos. Según el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el desarrollo del PFS se basó en 5 pilares consecuentes para su éxito, indicó la OIM.
No obstante, la investigación recalca que en la agenda pública donde intervienen voces de sociedad civil, academia, activistas y defensores de derechos humanos, han discutido si en la realidad el PFS trabajó sobre sus metas o si se concentró en ejercer el reforzamiento fronterizo por medio de la intensificación en la instalación de puestos de revisión y control migratorio.
Ante ello, y de acuerdo con los datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entre los años 2015 y 2016, registraron ante autoridades migratorias alrededor de 75 mil 318 eventos de detención de NNA de origen centroamericano.
A lo largo de la historia migratoria de la región se ha visto que cuando a las personas les motiva algo tan fuerte como la violencia, la pobreza, el despojo y la persecución, el control migratorio y el reforzamiento de fronteras no les para, ni desincentiva, señala la investigación.
Por otra parte, ante la posibilidad latente de ser aseguradas, presentadas, alojadas y retornadas a sus países de origen, las personas migrantes han explorado varias alternativas para poder llegar al norte. Lo anterior, les expone a abusos, violencias, extorsiones y discriminación a lo largo de la ruta, como en la necesidad de contratar a traficantes para trasladarse por territorio mexicano.
Desde 2014, las rutas establecidas para la migración irregular están altamente vigiladas, esto ha dado paso a la creación de nuevas rutas, mismas que administran las redes locales y transnacionales del crimen organizado, lo que termina por encarecer el proceso y buscar rutas más seguras, menos vigiladas y que den un poco más de certeza a las personas que buscan llegar al norte y cruzar a Estados Unidos.
Hallazgos y problemáticas
A través del trabajo de campo en albergues de la región, visitas a algunos puertos y se entrevistas con población local, en particular con pescadores y comerciantes locales, identificaron diversas problemáticas, muchas de ellas en una dimensión de la gestión tanto del fenómeno de la migración irregular y el tráfico ilícito de personas.
En principio en Tapachula, la OIM reiteró la falta de coordinación entre algunas de las dependencias gubernamentales y los consulados de los países de la nacionalidad de las personas migrantes respecto a la identificación y el combate del tráfico ilícito de migrantes.
Dicha falta de coordinación, es en gran medida, resultado de la falta o desconocimiento de los protocolos de actuación por parte de la autoridad y de los procedimientos para vincular a las personas migrantes con las autoridades correspondientes. Por ejemplo, si la persona es trasladada por el traficante vía terrestre, las autoridades mexicanas tienen mayor claridad sobre los procedimientos a seguir, pero si el traslado es vía marítima es difícil dar el seguimiento correspondiente.
Aunque reconocen la existencia del fenómeno, no tienen claridad sobre la responsabilidad o el rol institucional que tiene cada organismo dentro del mismo. Esto, muestra una falta de coordinación entre instituciones.
Es importante resaltar que las redes que operan en el tráfico ilícito de migrantes están vinculadas con otro tipo de actividades ilícitas como lo son la trata de personas y la extorsión. Se trata de una relación muy compleja en el circuito de la ilegalidad. Se documentó por medio de entrevistas a informantes clave que las redes de traficantes se vinculan o asocian sus actividades con otras como el secuestro, expuso la OIM.
En la actualidad, la intención de la mayoría de quienes se encuentran en situación de migración irregular no es quedarse de manera permanente en Tapachula o México, su estancia por periodos largos es más frecuente, incluso se han elevado las solicitudes de la condición de refugiado.
Lo anterior, ha creado un correlato de lado de las redes de traslado irregular e ilícitas, y aunque han documentado si la actividad de tráfico ha incrementado durante el último año, la experiencia les ha dejado ver que a nivel local y regional, a mayor grado de reforzamiento de frontera, crece la industria del tráfico de personas, y con ello se incrementa la inseguridad y la vulnerabilidad para las personas en movilidad.
En este contexto, observaron que cuando las personas migrantes llegan a los albergues no se les permite salir por seguridad, debido a que son cazados fuera de estos establecimientos, abordados por los polleros en puntos como Arriaga.
Por último, documentaron y definieron como puntos geográficos estratégicos respecto a tráfico ilícito de personas por mar a: Salina Cruz en Oaxaca, y Barra de San Simón, Mazatán, Paredón y Tonalá pertenecientes a Chiapas.
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