Familia de Mariano Abarca solicita permiso para apelar al Tribunal Supremo de Canadá

Familia Abarca durante la entrega del III Premio Mariano Abarca a las Abejas de Acteal – noviembre 2021. Cortesía: Área de comunicación Otros Mundos

*La familia Abarca, abogados de la familia, MiningWatch Canadá y Otros Mundos resaltaron que será la primera vez que el sistema de denuncias en torno al sector público de Canadá se someterá a investigación por el más alto tribunal. 

La familia de Mariano Abarca Roblero, fundador de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), líder comunitario y defensor ambiental mexicano, asesinado el 27 de noviembre de 2009, espera que el Tribunal Supremo de Canadá facilite el camino para que el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública investigue a la Embajada de Canadá en México.

En ese sentido, recordaron que Abarca Roblero fue asesinado a tiros, tras denunciar los impactos sociales y medioambientales de una mina de barita canadiense en Chicomuselo. En 2007, la empresa Blackfire Exploration abrió una mina, desde el principio, solicitó y recibió un importante apoyo de la embajada canadiense.

Lo anterior, incluyó el envío de una delegación de alto nivel a la oficina del gobernador de Chiapas para presionar a las autoridades estatales a fin de que protegieran a la empresa y sofocaran las protestas, a pesar de saber que el defensor ambiental estaba recibiendo amenazas de los empleados de la empresa.

Mariano Abarca, líder asesinado del movimiento antiminero de Chicomuselo

Aunado a ello, la policía había actuado a raíz de una denuncia de la empresa para arrestar y detener al líder comunitario durante ocho días. Siete semanas después, fue asesinado a plena luz del día frente a su restaurante.

Por esa razón, la familia de Abarca Roblero presentó una denuncia en 2018, en virtud de la ley para responder a abusos por la administración pública de Canadá. Al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública, le ofrecieron casi 1000 páginas de pruebas de una solicitud de acceso a la información, documentando las acciones de la Embajada.

Sin embargo, indicaron que el Comisionado se negó a aceptar, y mucho menos a leer, las pruebas, y decidió de todas formas, no iniciar una investigación.  Posterior a ello, en febrero del 2022, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del Comisionado basándose en gran medida en un mero tecnicismo.

Según los jueces, como se citaba la evidencia en base al acceso a la información en las notas en pie de página y no se entregaba físicamente al Comisionado, éste no tenía obligación de leerlas, mencionó la familia Abarca, abogados de la familia, MiningWatch Canadá y Otros Mundos.

En segundo lugar, utilizando una lógica similar, señalaron que la Corte se negó a considerar los argumentos de las tres partes intervinientes en el caso, incluidos los relativos a las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y la importancia de que el Comisionado sea una oficina de acceso público, porque dichos argumentos no se presentaron en original ante el comisionado.

Dicho esto, el planteamiento del Comisionado pondrá más barreras para recibir denuncias bajo esta ley. Canadá ya ha sido clasificado como el peor de 62 países en cuanto a la protección de quienes denuncian abusos en el sector público según un estudio realizado por el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, con sede en Washington, y la Asociación Internacional de Abogados, con sede en el Reino Unido.

Se supone que el proceso para denunciar irregularidades cometidos por funcionarios públicos tiene que ser informal y accesible. Ahora es rígido y formalista, sólo conseguirá disuadir aún más a la gente de presentarse. En este caso, el resultado final es que los actos y omisiones de la Embajada de Canadá que pueden haber contribuido al asesinato de un defensor de los derechos humanos han quedado sin investigar, dijo Nicholas Pope, uno de los abogados que presentó la solicitud para recurrir a la Suprema Corte de Canadá, el 6 de abril.

Tribunal Supremo canadiense. Cortesía: Alex Guibord/ Flickr.

Así mismo, la relevancia de este caso para la política de relaciones exteriores canadiense es innegable para Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos Chiapas, organización que trabajaba con el defensor ambiental antes de que fuera asesinado y que sigue apoyando a la familia

Una investigación en este caso abriría las puertas a un serio ajuste de cuentas sobre cómo los cuerpos diplomáticos canadienses proporcionan un apoyo irrestricto a las corporaciones canadienses a costa de la gente y el medio ambiente en México y otras partes del mundo. Creemos que esta es la razón por la que se ha rechazado una investigación hasta ahora y esperamos de verdad que la Corte Suprema de Canadá vea su tremenda importancia y brinde la oportunidad de hacerla avanzar, mencionó Castro.

Rol de la embajada canadiense vuelve a ser examinado

Familia de Mariano Abarca frente a la Corte de Justicia de Canadá.

El pasado 08 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudieron a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor en el 2009.

Dicho esto, organizaciones sociales de México y Canadá acudieron a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del líder. Pues, indicaron que el crimen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo.

José Luis Abarca, abogado e hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, concluye respecto al proceso de apelación:

Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”