En marzo, comunidades de Aldama sufrieron casi 500 ataques con armas de fuego
*El Frayba registró durante el mes de marzo 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Esto implica el desplazamiento intermitente de cerca 3 mil 499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente.
*En este periodo resultaron heridas dos personas a consecuencia de los disparos constantes: un “integrante de la banda de música” originario del municipio de Santiago el Pinar, fue lesionado en el tobillo. Y, una niña de 9 años de edad originaria de comunidad Tabac, lesionada en la cabeza. Ambas personas se encuentran fuera de peligro.
“Las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente”, dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ante la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama
El Frayba recordó que junto a una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros de Aldama, solicitaron desde hace 4 años medidas cautelares a la CIDH, quien luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de veintidós comunidades identificadas en Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento).
Al mismo tiempo, señalaron que el gobierno mexicano ha centrado su atención en el conflicto territorial. Por esa razón, el 03 de marzo de 2022, entregó a los comuneros el predio Cerro Bola ubicado en Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen.
El mismo día de la ceremonia de entrega, la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos lamentó la negativa del estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización donde se mantiene en privación arbitraria de la libertad de Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros, siendo un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020.
Además, manifestó su preocupación por que el estado mexicano no respeta, ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama.
Por lo que exigieron que cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio sigue asediado con agresiones diarias, tan solo en el mes de abril, han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades.
Explosivos
Cabe recordar, que Lorenzo Gómez Ruiz fue asesinado la mañana del 10 de enero del año en curso, en Aldama. El indígena tsotsil recibió un disparo de arma de fuego en el costado derecho, cuando se dirigía a su campo de cultivo en la comunidad Stzelejpotobtic. La agresión se dio en el marco del incremento de los ataques armados hacia la población de este municipio, donde reportaron el uso de explosivos en su contra.
Desde el 5 de enero pasado, habitantes de Aldama denunciaron ante el gobierno de Chiapas que habitantes de Santa Martha, Chenalhó -quienes demandan la posesión de 60 hectáreas de tierra de Aldama-, cruzaron los linderos que dividen ambos municipios, y detonaron explosivos en el interior de los terrenos de siembra de café.
Dijeron en su denuncia pública que el grupo armado de Santa Marta Chenalhó actúa con impunidad “porque el mismo gobierno los permite y financia’. Los paramilitares tienen uniformes, equipos, armas y parques obtenidos con el dinero que reciben del mal gobierno”.
Además, explicaron que las agresiones presuntamente se derivan por la disputa de 60 hectáreas de tierra entre Aldama y Chenalhó, pero Aldama ya cedió 27 hectáreas de tierra y firmó acuerdos de pacificación, sin que se detengan las agresiones que datan de varios años atrás.
Exigen la liberación de Cristóbal
A dos años de la detención arbitraria de Cristóbal Sántiz Jiménez, indígena tsotsil, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, urgió a las autoridades de Chiapas y a las federales mexicanas a liberar de forma inmediata e incondicional al defensor de derechos humanos, y poner fin a todo tipo de hostigamiento en su contra.
Tras 730 días de su detención preventiva, continua la violencia contra las comunidades desplazadas de Aldama. Además, el Observatorio recordó que, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, sus audiencias fueron suspendidas y el proceso se dilató de manera indebida, exponiéndolo a un grave riesgo de contagio de coronavirus.
El también representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, permanece privado de libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, acusado del delito de homicidio calificado, en represalia a su trabajo de defensa.
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