Con viacrucis, exigirán la exoneración de los cargos imputados a defensores comunitarios de Chilón

«No a la violencia y al despojo de recursos. Respeto a lengua y cultura. No a los megaproyectos que buscan apropiarse del territorio y destruir el medio ambiente». Cortesía: Frayba

*En la detención arbitraria de Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano, fueron golpeados y acusados de «motín». En diferentes ocasiones, han denunciado de manera pública y ante el juez de control haber sufrido actos de tortura en las primeras horas de su detención.

El Pueblo Creyente del Centro Pastoral Jet Ha’ de Chilón, invitó a todas las organizaciones en defensa de los derechos de la madre tierra y pueblos originarios a participar este viernes 08 de abril de 2022, al viacrucis por la vida, justicia, unidad y dignidad. El evento se llevará a cabo en la comunidad de Pamal Nahbil del mencionado municipio, el punto de encuentro esta ubicado entre el camino a dicha comunidad y San Miguel C’anxanil, a las 09:00 horas.

Su presencia y apoyo es muy importante para todos, pues ello nos ayuda a hacernos fuertes y solidarios frente a la adversidad que todos enfrentamos. Sabemos también que en ocasiones la presencia física no es posible por diversos motivos, pero sí podemos hacernos presentes con alguna palabra escrita que se puede difundir el día del evento ante todos los asistentes para así mostrar nuestra presencia, nuestra unidad y nuestra solidaridad, añadió el Pueblo Creyente.

Al respecto, indicaron que son muchos los motivos que los mueven a realizar esa acción. Pero, la principal exigencia es la exoneración de los cargos que se le han imputado a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, defensores comunitarios detenidos por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón en 2020.

A un año de su detención, José Luis Gutiérrez y César Hernández son hostigados de manera penal por ejercer su derecho a la protesta, a pesar de haber logrado la prisión preventiva el 01 de noviembre de 2020. Desde esa fecha, los defensores comunitarios están obligados a presentarse cada 15 días ante el Juzgado de Control en Ocosingo. También, tienen prohibido salir de Chilón.

A un año del inicio del hostigamiento judicial contra José Luis Gutiérrez y César Hernández, defensores comunitarios, el Observatorio (OMCT-FIDH) y ACAT Francia exigen el retiro de los cargos en su contra. Cortesía: OMCT

Mientras tanto, la carpeta de investigación por tortura interpuesta en la Fiscalía de Justicia Indígena no demuestra avances, inclusive el ministerio público argumentó que dichas lesiones fueron producidas por ellos mismos.

De lo anterior, la parte defensora comentó la existencia de pruebas visuales sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ejercido por parte de los cuerpos de seguridad. A parte de eso, el Pueblo Creyente resaltó de nuevo las amenazas que sufren al dictarles sentencia por el cargo de motín, siendo que a ellos dos se les encarceló y golpeó.

Seguimos exigiendo la cancelación del cuartel de la guardia nacional en el ejido San Sebastián Bachajón que fue impuesto sin el consentimiento y consulta al pueblo tseltal, subrayó el Pueblo Creyente.

Así mismo, rechazaron el proyecto de la empresa coca cola de establecer una planta embotelladora en los terrenos de sus ejidos y apropiándose del recurso del agua como si fuera una mercancía. Cómo el de una planta hidroeléctrica en terrenos del ejido San Sebastián.

Indígenas demandan a la Guardia Nacional

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización. Cortesía: Frayba

Juana Hernández, Gilberto Moreno, Juan Jiménez y Jerónimo Jiménez, representantes del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón, junto al Frayba y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo interpuesta por la construcción de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados de manera previa, libre y adecuada para otorgar o no su consentimiento.

En 1995, se instaló en su territorio un Cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007, después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.

Desde ese año, hubo un campamento militar en el Ejido San Sebastián Bachajón, a su sorpresiva llegada con violencia, se adueñaron de la casa ejidal y no permitió a los ejidatarios realizar sus asambleas ejidales.

Trece años después, en octubre de 2020, los habitantes del municipio se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

En ese sentido, la presentación de la demanda de amparo fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio. Imagen: Cortesía.

La demanda denuncia que la licencia y construcción del Cuartel se trata de una imposición y un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo a la consulta previa, adecuada, libre e informada.

Así como a la autodeterminación, al territorio, acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, como a tratados internacionales, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo anterior, debido que para los habitantes es claro que la Guardia Nacional, es un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá que como un cuerpo civil, por lo que el proyecto del no debió de haberse concebido sin ser consultado.

Al mismo tiempo, temen que con la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados en la zona, se fomente el trabajo sexual como ocurrió en el pasado, se acentúe el alcoholismo como medidas de control y la división comunitaria.

Diversos argumentos y contundentes fue lo que expusieron para que se evitará causar daños irreparables al territorio del pueblo maya tseltal por los cuales el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, sin embargo, el Juez la negó.