Chiapas entre los estados con mayor desaparición forzada de niñas y adolescentes: Comité de la ONU

«…Se nos está yendo la vida esperando que las personas desaparecidas sean localizadas…», comunicado de familias y ONGs de ante el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Cortesía: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

*“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo el Comité en un informe que concluyó en su visita a México.

* Una delegación de cuatro miembros del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) visitó México del 15 al 26 de noviembre de 2021, de conformidad con el artículo 33 de la Convención.  

*La delegación visitó 13 estados, sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos autónomos, se reunió con cientos de víctimas y decenas de organizaciones de la sociedad civil.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su informe sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el señala que la desaparición de mujeres en algunas entidades federativas supera el promedio nacional que es del 25 %. En Campeche el porcentaje alcanza el 67% y más del 60% en Chiapas, Tabasco y Yucatán, en su mayoría casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Por esta razón, el Comité instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y se oriente hacia una política nacional para prevenir esta tragedia humana. Así mismo, el informe detalla las tendencias recientes, causas fundamentales y desafíos actuales de las desapariciones forzadas.

En ese sentido, las desapariciones siguen afectando en su mayoría a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus.

Dichos casos corresponden a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas, ya sea dentro o fuera del ámbito familiar, así como medio para ocultar la violencia sexual, el feminicidio, reclutamiento y las represalias. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.

El Informe del CED sobre su visita a México detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas. Cortesía: ONU-DH México

Además, el Comité consideró de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos. Al mismo tiempo, sufren los  efectos sociales y económicos de las desapariciones.

No menos preocupante es la situación de los defensores de derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda y de lucha en contra de las desapariciones. y para quienes las agresiones son una realidad constante, enfatizó el Comité.

De igual manera, el Comité resaltó su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. De ellos ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances. Dicha situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada.

Dicho esto, recibieron información acerca de otros patrones de desapariciones ocurridas en el contexto migratorio de las que las masacres de San Fernando, Güemez y Camargo en Tamaulipas, y Cadereyta en Nuevo León. Estas fueron resaltadas como ejemplos paradigmáticos de la gravedad de la situación.

Al mismo tiempo, varios interlocutores del Comité hicieron referencia a la práctica del retorno y abandono de personas migrantes en la frontera sur de México, quienes se ven forzadas a regresar a sus países por sus propios medios, en ocasiones, abandonadas a su suerte sin recursos y en lugares desconocidos. En estas condiciones muchas han sido víctimas de secuestro, extorsión, violencia sexual, trata de personas y desaparición.

Familias de personas desaparecidas exigen al Estado cumplir con recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Cortesía: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Por otra parte, señalaron que las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones. Estas ocurren en un principio en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética, o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados, con diferentes niveles de involucramiento o aquiescencia de servidores públicos.

Varias víctimas presentaron alegaciones de aquiescencia con relación a desapariciones de personas indígenas que ocurrieron tras hechos de reclutamiento forzado, resaltó el Comité.

Así mismo, durante la visita, el Comité recibió información sobre la desaparición de personas LGBTIQ+. Estas habrían sido cometidas por fuerzas de seguridad o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades, en muchos casos con fines de “limpieza social” o de explotación sexual, con frecuencia tras el internamiento en los llamados “centros de terapias de reconversión”.

En vista de lo anterior y después de realizar un análisis exhaustivo de la información, el Comité reiteró su profunda preocupación porque se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización.

La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto, dijo el Comité.

Presentan el informe de visita a México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Cortesía: ONU-DH México

También, expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

Además, tomaron nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones. Por ello, en sus recomendaciones, identificó medidas que el Estado debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.

Al igual, el Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.

Por último, hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, concluyó el Comité.