Yonny Ronay interpone apelación a sentencia condenatoria

Exigimos la #LibertadParaYonny, un joven de 23 años sentenciado injustamente a 31 años y 6 meses después de una serie de montajes y tortura. Cortesía: Frayba

*Yonny Ronay “Presunto Culpable”, es el caso de alguien que fue violentado por una detención arbitraria, torturado, exhibido de manera pública y condenado por un delito que no cometió.

A través de una carta, Yonny Ronay Chacón González, sobreviviente de tortura, dio a conocer que el 14 de marzo de 2022, junto a su defensa interpuso la apelación de sentencia condenatoria. Además, exigió su libertad como la de aquellas personas acusadas con declaraciones falsas, que se investiguen los actos de tortura, y la revisión de todas las carpetas de casos armados.

Así mismo, recordó que el pasado 13 de marzo, cumplió 3 años de su detención ilegal, inculpado por delitos por los que esta sentenciado de manera injusta.

La única razón que tengo es exigir a los magistrados de la sala regional que resuelvan conforme a derechos y puedan otorgarme mi libertad absoluta, ya que no fui participe de lo que hoy me acusan y estoy pagando un delito que no cometí, injustamente, indicó Chacón González en su carta.

El 1 de marzo, después de siete audiencias de juicio oral realizadas en dos meses, Ana Lilia Portela Hernández, juez de Enjuiciamiento dictó su fallo, reafirmando la sentencia de 31 años y 6 meses de prisión para Yonny Ronay, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En repetidas ocasiones, la juez enmendó las deficiencias y argumentó a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE), además incorporó hechos que no fueron probados en juicio, valorando así pruebas sin ser desahogadas de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

A la juez de Enjuiciamiento no le corresponde tomar parte en el juicio, fue dependiente y parcial, violando el debido proceso y un juicio justo, demostrando el sometimiento del Poder Judicial del estado de Chiapas a los intereses de la Fiscalía, con jueces de consigna que confirma la inexistencia de la división de poderes, expuso el Frayba.

Poder Judicial del estado de Chiapas con Jueces de consigna. Cortesía: Frayba

En ese sentido, durante el desarrollo de las audiencias, señalaron que se violentó el derecho a un juicio público, siendo este un principio del sistema acusatorio, negaron el acceso a observadoras de derechos humanos nacionales e internacionales, obstruyendo la documentación y defensa de los derechos humanos, intentando frenar la publicación y difusión de las audiencias que desde la constitución son públicas, violando el principio de publicidad para ocultar la verdad y justicia.

Por esa razón, enfatizaron que el caso de Yonny Ronay, pone una vez más en evidencia, un sistema de procuración e impartición de justicia corrupto que fabrica carpetas de investigación, víctimas y pruebas para mantener a personas inocentes y privadas de manera arbitraria de su libertad.

Tres años de privación arbitraria e ilegal

Dicho esto, Yonny Ronay fue detenido de manera arbitraria e ilegal el 13 de marzo de 2019, en un retén policial ubicado en Tuxtla Gutiérrez, y torturado hasta el 15 de marzo, esto en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI), adscrita a la FGE. Fue sujeto a montajes por parte de la FAI, quien utilizó de forma ilegal su credencial de conducir, fabricándole testimonios falsos para sentenciar a otras dos personas.

En la actualidad, enfrenta una sentencia de 31 años y seis meses de prisión, resolución que fue emitida violentando el debido proceso, presunción de inocencia, imparcialidad e igualdad judicial y el principio de contradicción e inmediatez. Estás impactaron de manera negativa a su familia, quienes han impulsado una lucha por la justicia y su libertad.

Dicho caso, representa la complicidad entre la FGE y los jueces del Poder Judicial del Estado de Chiapas, quienes actuaron en complicidad para fabricar culpables y tener a personas inocentes en las cárceles sin que existan pruebas sobre su responsabilidad penal.

Junto a su familia persisten en su lucha por la justicia frente a las violaciones graves a sus derechos humanos. Cortesía: Frayba

Por un lado, el Frayba indicó que la FGE detiene y tortura a las personas, mientras que los jueces “cierran los ojos” ante estas violaciones graves a los derechos humanos. De acuerdo al informe publicado sobre las fiscalías en el 2021, la de Chiapas cuenta con una mayor probabilidad de esclarecimiento del delito, aunque con un porcentaje muy bajo, 2.42, impactando el derecho a la verdad.

En su último informe, el Consejo de la Judicatura del Estado, señaló que de un total de 844 casos que conocieron, 616 fueron sentencias condenatorias y solo 80 resultaron absolutoria, el 17.53% representan diversas resoluciones como sobreseimientos y desistimientos. Es decir, una persona acusada por la FGE solo tiene al rededor del 10% de que se dicte sentencia absolutoria a su favor.