Pueblos no queremos ser tutelados por el Estado, exigimos autonomía: ALDEA
*La Alianza es un esfuerzo común de pueblos, comunidades y organizaciones para organizarse a nivel nacional y exigir de forma colectiva el respeto y garantía de sus derechos colectivos, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y los 10 puntos de ALDEA, deuda histórica del Estado mexicano desde 1996.
Con la participación de más de 80 representantes de pueblos, comunidades y organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México, la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) llevó a cabo su Asamblea Nacional. En ella, llamó a aprobar a la brevedad la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.
Entre los temas que se abordaron en el encuentro fue la vigencia de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, estos llevan 26 años de retraso en el compromiso de traducirse en ley, para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, autonomía y territorio.
No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos, resaltaron las y los participantes.
Al mismo tiempo, visibilizaron la imposición de megaproyectos, agresiones y criminalización en contra de personas defensoras. Así como, el no reconocimiento y la violencia en contra de los autogobiernos indígenas, sus instituciones tradicionales y sistemas normativos propios, son algunos de los ejemplos que ilustraron asistentes al encuentro.
Por otro lado, indicaron que además de la asamblea, se integraron a la ALDEA más de 30 comunidades y organizaciones indígenas. Por ello, la Alianza hizo un llamado urgente al Estado mexicano para materializar la Reforma Constitucional pendiente sobre derechos colectivos prometida por el Ejecutivo, así como otras leyes federales y locales fundamentales para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público.
En vista de ello, reconocieron que si bien desde la historia los pueblos y comunidades han ejercido su libre determinación y autonomía, la reforma de 2002, restringió los derechos a la potestad de las entidades federativas, que se adjudican el derecho de reconocer -o no hacerlo- a pueblos y autoridades indígenas de manera arbitraria.
En otras palabras, es así porque el marco constitucional los designa como “sujetos de interés público”, que dependen del tutelaje del Estado para practicar el autogobierno y reproducir sus formas de vida y desarrollo. A ello se sumó, la aprobación y entrada en vigor del conjunto de leyes neoliberales como: Ley Minera, Reforma Energética, y Ley de Aguas Nacionales.
Por lo tanto, las leyes justifican y legalizan el despojo a través de la ocupación de los territorios, por considerar preferente y de utilidad pública las actividades extractivas, lo que les impide a las comunidades preservar, usar sus tierras, y bienes comunes. Sin embargo, con un enorme costo, los pueblos han logrado algunos avances en el reconocimiento de sus derechos en las leyes o en los tribunales.
Desde la ALDEA reiteramos nuestro llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso a no seguir postergando los derechos de los pueblos originarios, a aprobar una legislación que garantice plenamente su autonomía y libre determinación y les permita construir una nueva relación con el Estado, sobre las bases de respeto e igualdad. Solo así será posible conformar la verdadera nación pluricultural que profesa la Constitución, concluyeron las y los participantes.
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