Personas refugiadas han aportado 105 millones de pesos en impuestos
*“En el país existe capacidad para que más de 100,000 empleos puedan ser ocupados en 2022 por personas refugiadas y/o migrantes como una opción para permanecer y estabilizarse en el país”, dijo Giovanni Lepri, representante en México de ACNUR.
En el marco del Programa de Integración Local (PIL) hasta el 28 de febrero de 2022, 18 mil personas refugiadas han sido reubicadas, estas aportan de manera anual 105 millones de pesos en impuestos y contribuciones estatales. El 66% de dicha población son adultos en edad laboral, mientras que el 33 por ciento son niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, dio a conocer la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Según estadísticas oficiales, el 73% de las y los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado lo hicieron en el estado de Chiapas, 17% en Veracruz, 6 por ciento en Tabasco y el 73% en el resto del país. Es decir, la mayoría proviene de entidades del sur de México.
Desde el 2016, la Agencia de la ONU emprendió un programa de reubicación e integración laboral de refugiados, consiste en reubicar personas refugiadas del sur del país a 10 ciudades del centro y norte, donde hay mejores condiciones de integración.
Dicho esto, se encarga de acompañar el proceso de integración local de las personas, desde el traslado hasta recepción, vinculación laboral y educativa, búsqueda de vivienda y acompañamiento psicosocial. Así mismo, el salario bruto promedio que reciben los refugiados en esas ciudades es de 6 mil 728 pesos mensuales.
En ese sentido, con base a una revisión preliminar de recibos de nómina, la miscelánea fiscal vigente y el cálculo de las aportaciones obreras al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Agencia dedujo que las personas pagan 458 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 491 en Impuesto al Valor Agregado (IVA), 160 pesos de cuota obrera para el IMSS.
Por ello, ACNUR indicó que si se extendiera en 2022, el programa total de la población solicitante de la condición de refugiado en 2021, facilitando el acceso al empleo formal a estas personas durante 6 meses del presente año, el Estado Mexicano recaudaría alrededor de 383 millones de pesos en impuestos y contribuciones.
Además, el impacto se catalizaría con un esfuerzo adicional de inclusión en el mercado laboral de personas desplazadas de manera interna y deportadas de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, prevén que este año se supere las 30 mil reubicaciones desde el inicio del programa lo que representaría: 13 mil 185 individuos empleados y 175,5 millones de pesos en impuestos y contribuciones.
Sin embargo, para potenciar el programa enfatizaron que se necesita que los bancos amplíen el acceso a servicios financieros a personas refugiadas, las instituciones gubernamentales deben agilizar los procesos para la emisión de documentación requeridas para la vinculación al empleo.
Así como, mayor involucramiento del sector publico en el acceso a servicios y programas sociales, destacando la inclusión de las personas refugiadas, que los empresarios consideren las contrataciones de estas dentro de sus políticas internas, y compartan las experiencias a finde favorecer la constante difusión del tema.
Alternativas de regularización migratoria
En coordinación con el Gobierno de México, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dieron a conocer el pasado 18 de diciembre de 2021, la presentación un proyecto piloto que busca apoyar la estabilización y eventual integración de las personas de nacionalidad haitiana en México, y con ello contribuir a dar respuesta a las necesidades humanitarias de esta población.
Para hacer frente a los flujos migratorios mixtos, la OIM y ACNUR consideraron que es necesario implementar alternativas de regularización migratoria para personas con distintas necesidades y perfiles. Y, continuar fortaleciendo el sistema de asilo y ofreciendo vías nuevas de regularización.
En ese sentido, las vías regulares nuevas y ampliadas para la admisión y estancia son una herramienta eficaz para garantizar la protección de las personas migrantes y sus derechos, incluidos quienes están en situación de vulnerabilidad, ya que contribuyen a disminuir los riesgos ante situaciones de violencia sexual y género, abusos, explotación y exclusión, y garantizan la protección de sus derechos humanos, incluidos los laborales, trabajo decente y protección social, así como el acceso a los servicios.
El Pacto Mundial para la Migración establece el compromiso específico de aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, en su Objetivo 5. El Pacto Mundial sobre Refugiados contempla un programa de acción que apoya la puesta en marcha de respuesta integrales, reconociendo los desafíos complejos que plantean los movimientos mixtos. Este proyecto es un ejemplo de cómo ambos pactos deben trabajar de la mano, expuso ACNUR.
En una primera fase de este proyecto piloto, algunas familias haitianas que no aún no solicitaban asilo formaron parte del PIL. Por su parte, la OIM fue la encargada de identificar los perfiles de las personas elegibles para incorporarse al programa piloto, de acuerdo con los criterios que determine la autoridad migratoria. En Ciudad Acuña en Coahuila y Tapachula en Chiapas, brindó cursos de español y facilitó la emisión de documentación, que compete al Instituto Nacional de Migración (INM).
En tanto, ACNUR estuvo a cargo del traslado y recepción de las personas, así como de facilitar la vinculación laboral y su inserción escolar, así como en el acompañamiento en su proceso de integración durante el primer año.
Este proyecto piloto contribuye a estabilizar la situación de las personas haitianas en México, y se podría expandir. Sin embargo, no resolverá por sí solo el reto. La OIM y ACNUR insisten en la importancia de seguir buscando alternativas de regularización migratoria de más amplio alcance, indicó la Agencia.
La falta de acceso a un estatus migratorio regular implica para las personas migrantes: alta de acceso a los derechos, separación de las familias, violencia de género y desigualdades. Así como los desastres, efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental.
Por último, las vías de migración regular también benefician a todos los países, al fomentar la creación de comunidades sólidas, promover el desarrollo sostenible, dar respuesta a las necesidades del mercado laboral, y fortalecer su capacidad para determinar quién entra, transita y permanece en el territorio. Además, contribuye al estado de derecho al reducir la trata de personas y otros tipos de explotación, y frenan el tráfico de migrantes a través de sus fronteras.
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