Hay una una abierta disputa por el control territorial de Chiapas: conjunto por la paz
Febrero, otro mes de horror en Aldama: 346 ataques hacia 12 comunidades tsotsiles en los Altos de Chiapas. Cortesía: Frayba
*El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha documentado los ataques armados que suceden a diario, y a veces de manera práctica e ininterrumpida.
A través de un pronunciamiento denominado “Conjunto por la Paz en Chiapas”, donde las y los firmantes expresaron su preocupación por el contexto de violencia que a diario enfrentan los pobladores de comunidades enclavadas en los limites municipales entre Aldama y Chenalhó.
En el documento dirigido a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población; Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas; y Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas, les recordaron que se trata de un conflicto añejo que en los últimos cuatro años y se ha recrudecido, causando un sufrimiento a pobladores de ambos municipios.
La situación de ambos municipios se inserta en el contexto de violencia generalizada que se ha incrementado en diversas regiones de la entidad. Al de Chenalhó y Aldama se agregan los casos de Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, El Bosque, Simojovel, Altamirano, Socoltenango, Ocosingo, Palenque, Chilón, Venustiano Carranza, Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Las Margaritas, Chapultenango y Amatán.
Incluso, la lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece cada día como una expresión clara, acelerada e incontrolable de descomposición social. “Llama especialmente la atención la gran cantidad de armas, muchas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército, que circulan por todo el territorio chiapaneco”, resaltaron. Pues, ninguna autoridad interviene para detener el flujo.
Así mismo, enfatizaron la presencia de diversos grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, que operan en la impunidad. No se trata, pues, sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecerían una estrategia de intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes.
Mirarlo desde esta perspectiva es reducir de manera irresponsable la magnitud del problema. Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República, expresaron las y los firmantes.
Familia de indígenas afectados por la violencia de grupos armados. Aldama, Chiapas. Foto: Ángeles Mariscal
En vista de ello, miles de chiapanecos y chiapanecas, en específico de comunidades indígenas, padecen hambre y desnutrición en diversos grados. Los servicios de salud, cuando los hay, son insuficientes y deficientes, pues no cuentan con el cuadro básico de medicamentos, la atención mínima necesaria en personal y equipo médico. En muchos casos, este tipo de servicios son inexistentes o inaccesibles.
Chiapas se acerca peligrosa y rápidamente a un punto sin retorno. Las vidas y los derechos de miles de chiapanecos y chiapanecas están en gravísimo riesgo. Conocemos muy bien lo que puede ocurrir si no se toman medidas urgentes para detener la espiral de violencia. Lastimosamente lo hemos visto desde hace tiempo en Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Estado de México, dijeron las y los firmantes.
Entre las acciones que consideraron necesario implementar, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, fue: un encuentro de emergencia y distensión que siente las bases para procesos de reconciliación, una mesa extraordinaria de diálogo cuya agenda de trabajo incluya los temas que más inquietan a la sociedad, un encuentro de víctimas.
Al igual, un encuentro donde se escuche la voz de quienes han sufrido la violencia en carne propia, la conformación de una misión de observación y seguimiento para los casos más graves; la creación de grupos de mediación que faciliten la comunicación, el diálogo y la reconciliación; la participación de organismos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales en todos los casos que sea necesaria.
Para finalizar, mencionaron que la sociedad merece respuestas de largo alcance, pero aún más quienes la mereces, como los habitantes de muchas comunidades indígenas en Chiapas, quienes sufren de manera directa y cotidiana una violencia. “No actuar de inmediato implica en los hechos sentenciar a nuestro estado al horror que se vive en tantas partes del país. La inacción no sólo es inaceptable. Llegaría a ser criminal”.
Simulación de paz
En los primeros ocho días del mes de marzo, hubo 78 reportes de ataques armados en contra de comunidades de Aldama. Tan solo en febrero, fueron 346 registros, y al cierre de su boletín contabilizaron 5 reportes más, es decir, existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Por ello, hizo un llamado al Estado mexicano a que proceda con acciones efectivas de seguridad y de atención, para detener y erradicar la violencia que viven en la actualidad los pueblos originarios, en particular los del municipio de Aldama y Chenalhó. Así como, a cumplir con las recomendaciones de las Resolución No. 35/21, MC 284-18, Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, el 03 de marzo, el gobierno estatal y federal llevaron a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola, ubicado en el municipio de Ixtapa, para los 115 comuneros de Aldama. Ese mismo día, pero a las 11:15 horas, la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada y esta provenía del punto El Ranchito en Fracción Ak’tik 2, dentro de las 60 hectáreas en disputa.
En realidad, la entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, pues ese mismo día las agresiones continuaron y la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas. Registraron un total de 27 ataques armados, y 13 reportes en el transcurso de ese día hasta el 06 de marzo.
Además, los ataques son permanentes contra las 12 comunidades tsotsiles de dicho municipio, no han sido detenidos a pesar de las acciones del gobierno estatal y federal, ya que la población continúa violentada.
Aunque el conflicto que existe entre pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha municipio de Chenalhó tiene que ver con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y solo ha logrado administrarlo, indicó el Frayba.
Exigimos Alto al Fuego. Cortesía: Frayba
Así mismo, señalaron que los compromisos internacionales que tiene México en materia de derechos humanos para asegurar una vida libre de violencia en la sociedad, y en especial en el territorio de los pueblos originarios son tareas incumplidas.
El conflicto no es una situación aislada, es resultado de la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado mexicano que además de administrarlo, permite y fomenta diversas violaciones a derechos humanos mediante la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones tanto de funcionarios como de grupos armados en la región, expuso el Centro de Derechos Humanos.
En medio de este contexto, indicaron que diversos actores nacionales e internacionales han emitido su preocupación al Estado mexicano, sin embargo, las violaciones a derechos humanos no paran. Por ejemplo, el pasado 20 de febrero, Tomas Lunes Ruiz, una persona mayor de edad de la comunidad Chivit, fue herido con arma de fuego.
A pesar de los hechos, afirmó que el Estado mexicano continúa siendo omiso, está perdido en el espacio burocrático y como espectador de la violencia, mientras las situaciones en los territorios se tornan sangrientos. En diversos municipios de Chiapas existen expresiones de violencia que aterrorizan a la población, creando zonas de silencio como medida para salvaguardar sus vidas.
Acuerdo definitivo Aldama-Chenalhó
En cumplimiento al acuerdo de solución definitivo firmado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, estado de Chiapas, presidentes municipales de Aldama y Chenalhó, así como las asambleas comunitarias de ambos municipios, el gobierno estatal hizo entrega del predio Cerro Bola.
La entrega fue realizada a los comuneros de Aldama, dicho predio consistente en 180 hectáreas ubicadas en Ixtapa. Así, dieron cumplimiento al acuerdo definitivo Aldama-Chenalhó, este fue firmado el pasado 27 de noviembre del 2020, por las autoridades mencionadas, dando así la resolución al conflicto agrario de más de 45 años entre las comunidades.
Por último, informaron que continuarían con las acciones coordinadas entre los gobiernos federal y estatal, así como municipales y las comunidades para lograr la pacificación en la región.
El conflicto
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación describió el conflicto que se viven en los Altos de Chiapas sobre la disputa de 59 hectáreas entre los Bienes Comunales de “Manuel Utrilla” de Chenalhó y 115 comuneros de Aldama.
Detalló que en 2009, el Gobierno de Chiapas firmó un acuerdo de finiquito agrario entre las dos partes, en la que da posesión de las tierras a los comuneros de Aldama y para Chenalhó una indemnización de 1 millón 300 mil pesos.
Sin embargo, para 2014 resurgió dicho conflicto debido a que los comuneros de Aldama no querían brindar agua del manantial Chayomté a Santa Martha, por lo que estos últimos declararon roto el acuerdo de 2009 y la solución de las 59 hectáreas.
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