FNLS exige el cese al hostigamiento, persecución policíaca y represión contra sus militantes
*Juan Manuel Pérez López, militante del FNLS, fue presentado con vida la madrugada del 11 de marzo del año en curso.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció la detención y desaparición forzada de Juan Manuel Pérez López, militante de la organización y activista de la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40, cometido el pasado 10 de marzo de 2022, a las 09:00 horas. Así mismo, informaron que el delito fue ejecutado por un grupo de choque encabezado por Alfredo Núñez Hernández del ejido Rubén Jaramillo en Jitotol, bajo las órdenes de Juan Leyver Méndez Vaquerizo, presidente municipal de dicha localidad.
En tal sentido, el crimen fue perpetrado a un kilómetro de la comunidad de Matasano, comunidad vecina de Rubén Jaramillo. Cabe mencionar que Pérez López, se dirigía a su centro de trabajo en la comunidad ya mencionada, donde enseña a jóvenes en el nivel básico de Telesecundaria.
Como si fuera poco, el militante iba acompañado de su esposa quien labora en el mismo centro de trabajo, fue testigo de cómo al menos 15 personas originarias de la comunidad de Jitotol, conformados en un grupo de choque y corte paramilitar detuvieron y destruyeron su automóvil. Además, a la docente la amenazaron de muerte y, con lujo de violencia bajaron, detuvieron y llevaron a Pérez López, con rumbo desconocido.
Fue en la madrugada del día de hoy que al compañero Juan Manuel lo presentan con vida. Sin embargo, su presentación con vida es resultado de la denuncia y condena política contra el Estado. Previa a su presentación el delegado de gobierno Gabriel Aguilar Gómez actuó con dilación y prepotencia, demostró su relación cómplice, expuso en su comunicado el FNLS.
Con todo lo anterior, indicaron que este crimen, es el reflejo de una política de gobierno que se comete de forma selectiva contra integrantes de organizaciones populares, la comisión y aquiescencia del Estado, al tener a grupos de choque de corte paramilitar al servicio del presidente municipal para perpetrar este crimen.
También, enfatizaron que este delito pretende reprimir la voluntad política de lucha, debilitar la capacidad de denuncia, movilización y crítica política al régimen actual. A parte de eso, se dio en el contexto de protesta popular en el marco de 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Por ello, responsabilizaron al presidente municipal de Jitotol, a Gabriel Aguilar Gómez, delegado de gobierno regional, de la integridad física y psicológica del profesor, quien en múltiples ocasiones criminalizaron su actividad laboral y política, y al dar las órdenes directas al grupo de choque de ejercer la represión.
Exigimos cese al hostigamiento, a la persecución policíaca y represión contra los militantes del FNLS. Alto a la criminalización y judicialización de la protesta popular, dijo el
Frente Nacional.
Por su parte, el Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) denunció la desaparición forzada del integrante de la Asamblea Estatal. Así mismo, solicitaron a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado de Chiapas, realizar las siguientes acciones: garantizar el respeto a la integridad física y psicológica de Pérez López y de los integrantes de la AED-40.
Al mismo tiempo, se enjuicie y castigue a los autores materiales e intelectuales de la detención, como el cese al hostigamiento, represión y persecución política contra los maestros democráticos. Indicaron que tanto Escandón Cadenas y el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, han impulsado una campaña represiva contra el magisterio democrático de la AED-40, por medio de la creación de carpetas de investigación.
A ello se suma, la persecución política por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, y ahora con grupos paramilitares. Por ello, responsabilizaron al ejecutivo estatal y federal de la integridad física y psicológica del profesor, y exigieron el cese a la represión y persecución política.
Estigmatización y criminalización
Por otro lado, el FNLS emitió su condena pública por la campaña gubernamental de estigmatización y criminalización contra el Comité Cerezo México, organización con más de 20 años de existencia, labor política y lucha para que en el país se respeten los derechos humanos, haya justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y se detengan las violaciones a los derechos del pueblo.
En su trayectoria, reconocieron el acompañamiento a su organización, como a la documentación de las violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra, esto por parte del Estado: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y desplazamiento forzado.
Su labor loable ha servido para evidenciar a nivel estatal, nacional e internacional, la responsabilidad de las autoridades en la represión e impunidad, mencionó el Frente Nacional.
Incluso, en el marco del día y la semana internacional del detenido desaparecido, el Frente junto a Comité Cerezo y otras organizaciones populares, han realizado jornadas de lucha, para exigir la presentación con vida de más de 300 mil víctimas que existen en el país, así como exigir el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen.
Por esta labor, señalaron que el Estado desató una campaña de represión, criminalización y estigmatización en contra de las organizaciones populares, con el objetivo de tratar de silenciar y frenar la lucha que desarrollan. Al igual, el gobierno criminaliza la lucha del pueblo con engaño político jurídico, las cuales parten de aprobar leyes que prohíben la protesta.
Dicho esto, afirmaron que les dan los calificativos de «delincuentes, violentos o vándalos”, a quienes ejercen su derecho a la manifestación y libre expresión, y de este modo justificar la represión.
El ejemplo claro es la calificación que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobre una de las actividades políticas de protesta hecha por el Comité Cerezo México y otras organizaciones populares, en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer Proletaria, la Policía usa la denominación de alto riesgo, para hacer creer a la opinión pública que dicha organización promueve la violencia irracional, y así crear una imagen distorsionada de lo que significa luchar por los derechos humanos, detalló el FNLS.
Así pues, apuntaron que el Estado busca con ese proceder que menos personas se sumen a luchar por sus derechos, por eso estigmatiza y criminaliza la protesta. Y, no sólo eso, también recurre al hostigamiento y a la represión para tal objetivo.
Además, la actual administración se ha caracterizado por introducir en su política la represión y criminalización de la organización y protesta popular, el saldo de este actuar gubernamental han sido cientos de presos políticos, torturados y desplazados de manera forzada. Aunado a ello, organizaciones disfrazadas de «izquierda», son las encargadas de realizar la estigmatización a través de acusaciones falsas e inventadas. Por ejemplo, llamar «paramilitares» a las organizaciones.
Ante este contexto, exigieron al gobierno de la Ciudad de México y al federal, un alto a dicha campaña contra la lucha por la defensa de los derechos humanos que realiza el Comité. Recordaron que la protesta es un derecho y es válido en el actual contexto, marcado por un clima de violencia institucional contra el pueblo, impunidad y violaciones a las facultades humanas.
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