Exigen al Estado mexicano cumplir con la opinión de la ONU acerca de presos indígenas
*El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad.
*Los presos en lucha, denunciaron en ese entonces al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial, y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.
El Colectivo de Familiares Presos en Lucha, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, a través de una conferencia de prensa, exigieron al Estado mexicano cumplir con la opinión 43/2021 que emitió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expone que la privación de la libertad de los presos indígenas: Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, fue arbitraria.
Así mismo, la opinión exige una investigación exhaustiva e independiente de los hechos y castigo a los responsables de la violación de sus derechos. Sin dilación, el Estado mexicano debe reparar de manera integral el daño causado.
En ese sentido, Susana Cruz, integrante del Colectivo de Familiares, detalló que la opinión solicita: la adopción de las medidas necesarias para reparar la situación de los presos indígenas y que sin demora sean puestos en libertad.
El segundo punto es que a Juan De la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, ambos en libertad, tengan el derecho afectivo a una indemnización y otros tipos de reparación.
Además, insta al gobierno mexicano a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias que llevo la privación arbitraria de la libertad, adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de las violaciones a sus derechos y solicita al gobierno que difunda la opinión por todos los medios disponibles, de la manera más ampliamente posible.
Han pasado 5 meses desde la notificación de la opinión, hasta el día de hoy, no hay un compromiso firme del gobierno del estado y federal de dar cumplimiento inmediato, enfatizó la integrante del Colectivo.
Dicho esto, Ruíz Gómez y los hermanos López Montejo, desde hace tres conocen las situaciones de injusticia, al encontrarse recluidos de manera arbitraria en las cárceles de Chiapas. Junto a De la Cruz Ruiz y Gómez Jiménez, son parte de la lucha al decidir enfrentar al sistema de justicia mexicano que les ha robado su proyecto de vida, indicó el Frayba.
Al igual, el Centro de Derechos Humanos ha sido testigo de la acción radical donde estuvieron al borde la muerte los tres presos, al irse a huelga de hambre por 130 días en búsqueda de la libertad. A través de su palabra, han sustentado su exigencia de justicia, denunciado a sus perpetradores, pero la respuesta de los gobiernos federal y estatal ha sido la de administrar las peticiones y mantener el pacto de impunidad.
Por otra parte, Karla Meza, dio a conocer la palabra de German y Abraham, quienes se dirigieron a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, a quien le informaron que llevan 7 años exigiendo su libertad, sin que los volteen a ver.
Al contrario nos subieron la sentencia, queremos que se haga justicia. 12 años encerrados inocentemente y sufriendo, no es justo estar preso sin delito, fueron las palabras de los presos indígenas.
Exigen la liberación inmediata
Abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos, quienes integran el Colectivo de Familiares en compañía de colectivos solidarios y del Frayba, acudieron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, para denunciar la situación injusta de Marcelino, Abraham y Germán, así como de Juan y Adrián.
En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, este Grupo de Trabajo aprobó la Opinión núm. 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los ya mencionados, y determinó que el Estado mexicano incumplió las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de asistencia médica, entre otros.
En ese sentido, las familias exigieron al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión para la liberación inmediata y reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares. Así mismo, pidieron a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, su pronta intervención.
Así como, implementar esta decisión a la mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el gobernador, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; la consejera del Consejo de la Judicatura del Estado, Isela de Jesús Martínez Flores; y la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados, M. Guadalupe Flores Rocha.
Detenciones
Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, fue privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión. Mientras que Abraham y Germán, fueron detenidos el 17 de enero de 2011, sentenciados a 75 años de prisión cada uno. Los tres pagan por un delito que no cometieron.
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