Ausencia del Lekil Kuxlejal en pueblos indígenas desplazados

Entrada a Aldama. Foto: Ángeles Mariscal

*El informe coordinado por la OMCT y el Frayba pone el foco en la importancia de abordar la tortura hacia los pueblos indígenas en América Latina como sujetos colectivos, incorporando experiencias, significados e impactos.

Cada día los pueblos indígenas en América Latina son sometidos a distintas formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así se señala en el informe “¡…Pues Es Tortura!. La tortura contra los pueblos indígenas: una realidad invisibilizada”, publicada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y 7 organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Tortura y Pueblos Indígenas en la región del Abya Yala.

Dicho informe es el primero que se realiza sobre esa temática en Latinoamérica, con casos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, muestra situaciones que atraviesan a toda la región: la criminalización o la privación de la libertad de lideresas y líderes indígenas, masacres, asesinatos, militarización, despojo de tierras y desplazamiento forzado.

Así como, la necesidad de abordar estas vulneraciones de derechos humanos desde una mirada colectiva que ponga énfasis en los efectos colectivos que tienen en los pueblos indígenas, visibilizando el daño y sufrimiento que producen, los cuales pueden ser considerados actos constitutivos de tortura.

Raymundo convalece en una cama, al lado de su familia. Fue herido de bala por civiles armados.

Un ejemplo de ello, es el caso de desplazamiento forzado en el municipio de Aldama en Chiapas. Donde los pueblos indígenas señalaron afectaciones en aspectos fundamentales para su vida, relacionados con su cosmovisión milenaria que se materializa en la adoración religiosa, la cual fue interrumpida por la violencia.

En ese sentido, el desplazamiento forzado en los pueblos indígenas afecta sus bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales al ser privados de ellos sin su consentimiento libre, previo e informado, así como en la violación de sus sistemas normativos, tradiciones y costumbres propios.

Aunado a ello, esa violencia contribuye a la fragmentación comunitaria y ruptura del tejido comunitario, lo que resta al derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad. Otros impactos documentados por las comunidades entrevistadas son la permanente incertidumbre, nostalgia por la vida que fue y el miedo.

Lo anterior, en su conjunto representan una permanente tortura para los pueblos indígenas tsotsiles, percibida como la ausencia del Lekil Kuxlejal (el buen vivir), el convivir “tranquilos, con las familias… convivir con la naturaleza, convivir con la creación de nuestro señor.

En definitiva, el informe indica que la conexión de los pueblos indígenas entre la tierra y su comunidad hace necesario repensar los impactos individualizados de las violaciones de los derechos humanos. En este caso la tortura, para analizarlos a nivel colectivo y comunitario.

A parte de los impactos físicos, psicológicos y morales que sufren las personas víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID), la pertenencia a un pueblo indígena hace que estos efectos tengan consecuencias colectivas, tanto por su cosmovisión vinculada a un pueblo originario o a un territorio comunal, como por las formas de organización cultural, religiosa y civil.

Tortura en el contexto de despojo de tierras

Frayba informó sobre la situación de violencia en comunidades de Aldama, el terror indujo a la población a un desplazamiento forzado. Cortesía: FRAYBA

En Chiapas, al sur de México, existe una crisis en torno al desplazamiento forzado sufrido por personas indígenas mayas-tsotsiles en Aldama, en la región de Los Altos, indica el informe. La finalidad del despojo de la tierra es el control territorial y de la población por parte de grupos armados ilegales de corte paramilitar vinculados al crimen organizado.

Así mismo, el conflicto tiene sus antecedentes en la mala administración de la repartición agraria realizada en la década de los años setenta entre Santa Martha y María Magdalena, ambas del municipio de Chenalhó. Esta tensión, provocada por el Gobierno Federal, fue profundizada con la remunicipalización de 1998, convirtiendo a Magdalena en municipio oficial, ahora llamado Aldama.

También, la notable presencia de bases de apoyo zapatistas lo convirtió en un lugar de importante injerencia político-militar. La remunicipalización fue parte del plan contrainsurgente del gobierno mexicano como respuesta a la declaración de municipios autónomos zapatistas en diciembre de 1994.

Gobernador encabeza firma de paz entre Aldama y Chenalhó. Cortesía: Gobierno del Estado.

En el año 2008, Santa Martha acudió a los tribunales para exigir la devolución de 30 hectáreas de 60 que les habían despojado en los años setenta. En 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor de 115 comuneros de Aldama.

No obstante, dado que el gobierno hizo un mal trabajo en el deslinde de las comunidades, el conflicto creció en intensidad. En 2014, se presentó una disputa por un manantial de agua, en el que se vieron involucradas ambas comunidades y se produjeron varios desalojos con violencia contra sus habitantes.

Ante este panorama, los antecedentes de estos conflictos datan de la estrategia contrainsurgente contra la guerrilla zapatista, cuando el Estado, a través del ejército mexicano: formó, entrenó, financió y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Acteal.

Sobreviviente de Acteal alertan de otra masacre similar o de peor magnitud que la de 1997.

Sin embargo, el Estado mexicano no desarticuló, mucho menos desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror. El período de su alineación con las fuerzas armadas es descrito así:

Como quiera, las armas ya llegaron, y de noche brillan como plata cuando se adiestra los hombres. Primero, instrucciones para el manejo de armas. Luego películas pornográficas. Para rematar, baile con mujeres en bikini. Terminan con ejercicios militares. Los hombres llegan muy tarde a sus casas, revelan alarmadas las mujeres del pueblo (…).

En medio de crisis, grupo armado de Chenalhó se expone tras balaceras en Aldama

En 2018, se perpetraron los primeros asesinatos en comunidades colindantes de ambos lugares. El informe señala, que este ambiente hostil ha provocado el desplazamiento forzado de 3 mil personas, entre ellas, adultos mayores, niños y niñas de varias comunidades de Aldama.

Actualmente, los grupos armados ilegales operan desde Santa Martha y en múltiples ocasiones han atacado de manera directa a los habitantes tsotsiles de las 12 comunidades de Aldama. La negligencia en el manejo del conflicto y la permisividad por parte del Estado mexicano, la impunidad de los ataques armados perpetrados por el grupo que actúa desde el municipio de Chenalhó, así como las graves violaciones de los derechos humanos contra la población han provocado un clima de terror, expone el informe.

Incluso, la falta de protección y de garantías de seguridad suficientes ante los hechos de agresión armada en el municipio ponen en peligro la vida e integridad de los desplazados y ha generado la tortura colectiva de un aproximado de 3 mil personas tsotsiles de 10 comunidades.

Los impactos psicosociales provocados en la población van desde el miedo hasta brotes de enfermedades que están afectando en un principio a niñas y niños, mujeres y ancianos. Y, la violencia ha ido debilitando el sentido de la religiosidad intercomunitaria, compartida a partir de la cosmovisión tsotsil tanto de Aldama como de Santa Martha.

Indígena afectada por la violencia en Aldama. Foto: Rodrigo Pardo

La imposibilidad de sacralizar el territorio representa para los indígenas mayas-tsotsiles un impacto profundo en su cosmovisión y en su manera de concebir la vida, lo que les crea un sentimiento de tristeza, incertidumbre y vacío espiritual, indica el informe.

En el caso de la continuidad de las múltiples violaciones a derechos humanos que implica el desplazamiento forzado, tiene diversos impactos cuando afecta o compromete a los pueblos indígenas, entre ellos los colectivos sumados a la incertidumbre que representa estar lejos de su tierra y territorio, así como la angustia de no tener acceso a derechos básicos como salud, vivienda, alimentación, o educación.

Por último, estas circunstancias generan, en su conjunto, sufrimiento psicológico permanente que afecta de manera grave a las personas como pueblo. Estos puntos han sido analizados por la jurisprudencia interamericana