Aún no podemos hablar de igualdad para los pueblos indígenas: Relator de la ONU

Pueblos indígenas siguen sufriendo el racismo y la discriminación racial. Cortesía: FILAC

*La Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y, en 1966, afirmó que todos los seres nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, que tiene la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Los pueblos indígenas siguen sufriendo el racismo y la discriminación racial que limitan el disfrute de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, afirmó Francisco Cali, indígena maya kaqchikel y relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el Dia Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

En ese sentido, la ONU ha reiterado que todas las doctrinas de superioridad racial son desde el punto de vista científico falsas, desde lo moral condenables, y de un modo social injustas y peligrosas. Por ello, deben rechazarse, al igual que las teorías con las que pretenden determinar la existencia de razas humanas separadas.

Cali agregó que, aunque mucho ha cambiado desde la colonización, la injusticia y trauma histórica sigue presente hasta el día de hoy.

Para eliminar la discriminación, sostuvo que los Estados deben ratificar los distintos tratados internacionales en materia de lucha contra la discriminación racial, en particular la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y aceptar la competencia del Comité bajo el artículo 14, de la misma Convención.

Así mismo, considera necesario reconocer la situación de los Pueblos Indígenas, enmendar los errores del pasado, así como reconocer y proteger su especificidad cultural. Por ejemplo, a través de la adopción de acciones positivas, como dar cuotas específicas para los indígenas en los parlamentos.

Los Estados han expresado su preocupación por que un marco legal propio para los pueblos indígenas puede producir discriminación inversa. Sin embargo, desde mi punto de vista son medidas positivas las que se tienen que implementar, porque no podemos hablar de una igualdad, una equidad en este momento, cuando la situación no cambia, la situación económica, social y cultural no cambian. Solo vamos a elevar la situación que se está viviendo es, pero sin eliminar esa esa distinción que hay en este momento, dijo Cali.

A ello se suma, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permite el reconocimiento de la existencia de los Pueblos Indígenas sin la necesidad de trámites burocráticos ni estatales. Es decir, que se autoidentifiquen como tales, y no sea el Estado el que tenga que hacer estudios antropológicos para decir quién es o no indígena.

Lo anterior, significa que hay necesidad de tal reconocimiento, pero va adherido el derecho de los pueblos indígenas, a la libre determinación, y este al reconociendo de sus tierras, territorios y los recursos que hay en estos.

Por último, indicó que es fundamental la educación y hablar de la historia real de los pueblos indígenas, lo que les pasó, a qué fueron sometidos, pero también qué pueden dar en este momento a la humanidad, para sacarla de la crisis en que se encuentran debido al cambio climático.

En la Asamblea, participaron más de 80 representantes. Entre los temas que se abordaron están: la vigencia de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Cortesía: Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía

No queremos ser tutelados por el Estado

Más de 80 representantes de pueblos, comunidades y organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México, integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) llevó a cabo su Asamblea Nacional, donde llamó a aprobar a la brevedad la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

Entre los temas abordados está el no reconocimiento y la violencia en contra de los autogobiernos indígenas, sus instituciones tradicionales y sistemas normativos propios. Al mismo tiempo, hizo un llamado urgente al Estado mexicano para materializar la Reforma Constitucional pendiente sobre derechos colectivos prometida por el Ejecutivo.

Así como otras leyes federales y locales fundamentales para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el fin de ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público.

Dicho esto, reconocieron que si bien desde la historia los pueblos y comunidades han ejercido su libre determinación y autonomía, la reforma de 2002, restringió los derechos a la potestad de las entidades federativas, que se adjudican el derecho de reconocer -o no hacerlo- a pueblos y autoridades indígenas de manera arbitraria.

En otras palabras, es así porque el marco constitucional los designa como “sujetos de interés público”, que dependen del tutelaje del Estado para practicar el autogobierno y reproducir sus formas de vida y desarrollo.

No se puede concebir la reconstrucción de la patria sin la voz de los pueblos indígenas, quienes dieron vida y origen a este país: Adelfo Regino. Cortesía: Gobierno de México

Reforma constitucional

La Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano propone modificar 16 artículos, tanto en su apartado dogmático como orgánico. Sobre todo, intercultural porque se nutre de las visiones de los pueblos y comunidades, y de las diversas perspectivas culturales que hay a lo largo y ancho del territorio mexicano.

En el marco del foro Pueblos Indígenas en México, a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se destacó el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público en el contenido de la iniciativa. Pues busca transitar de la visión de que son objetos o sujetos pasivos de las políticas y programas de gobierno, y que sean considerados como titulares de un conjunto de derechos reconocidos.

Aunado a ello, plantea que los pueblos tengan la capacidad jurídica para determinar libremente su condición política al estar consagrado en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así como, proveer su propio desarrollo económico, social y cultural.