Yonny Ronay Chacón González, el “presunto culpable” chiapaneco

La última fotografía que se tomó Yonny Ronay Chacón González, antes de ser detenido. Foto: Cortesía

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) no hay dudas, Yonny Ronay Chacón González es el Presunto Culpable de Chiapas, y la historia de este joven de 23 años, ejemplifica que la corrupción del sistema judicial sigue vigente en México, tal como fue evidenciado con el caso José Antonio Zúñiga Rodríguez (Toño), protagonista del documental que mostró el desaseo que mantiene en prisión a miles de personas inocentes.

Yonny Ronay está preso en el penal de Villaflores, un municipio rural de Chiapas; saldrá de la cárcel a los 53 años de edad, si no se anula la sentencia en su contra, e investiga la detención arbitraria, tortura, fabricación de pruebas y documentos, que lo mantiene en en prisión desde hace dos años.

Este 21 de enero habrá una audiencia para reponer el juicio oral donde el juez Olger Pineda Villegas lo sentenció a 31 años y seis meses de prisión por los delitos de robo y homicidio. La reposición del proceso da una pequeña esperanza para él y su familia, quienes desde que fue detenido, han abogado por su inocencia, presentando las pruebas que lo acreditan como un estudiante de ingeniería, hijo de campesinos que lograron darle estudios y enviarlo a la capital de Chiapas, donde fue detenido el 13 de marzo de 2019.

Por ello, para buscar que esta vez el juicio se lleve conforme de a derecho, el Frayba emprendió un campaña de difusión de su caso, ante la la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), diplomáticos de diversos países que tienen proyectos de inversión en Chiapas, y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación.

Un sistema judicial que no cambia

En la película-documental Presunto Culpable, tres abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) demuestran que a policías y autoridades del sistema penal mexicano los “premian” por cada persona detenida y acusada; es decir, por cada presunto culpable al que, en incontables casos, le montan pruebas falsas para subir las estadísticas de logros en el esclarecimiento de delitos.

Ejemplifican el impacto de esta práctica con el caso de José Antonio Zúñiga Rodríguez (Toño), protagonista del documental, quien fue detenido en diciembre de 2005, acusado injustamente, torturado y sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de homicidio.

Presunto Culpable causó un impacto en la opinión pública cuando se dio a conocer, pero no acabó con las prácticas del sistema judicial mexicano, refiere Jorge Gómez Hernández, abogado del Frayba. Explica cada una de las violaciones al proceso que se dieron con Toño, se repitieron con Yonny Ronay, a pesar del cambio que hubo en el sistema penal acusatorio, con el que se pretendía terminar con las prácticas de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Yonny Ronay fue detenido el 13 de marzo de 2019, en un retén de la salida de la capital de Chiapas, cuando se dirigía al municipio Cintalapa, en compañía de dos personas que le habían dado un raid. Al detenerlos, los policías les dijeron que era una “revisión de rutina”, pero los bajaron del auto y tras someterlos, los trasladaron a un sitio que después supieron era el edificio de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI), de la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGECH), donde lo encerraron en un sótano.

Este es parte del testimonio que dio de lo que sucedió las siguientes horas luego de la detención, se encuentra documentado en las quejas CNDH/05/2021/5267/Q y CEDH313/2020, interpuestas ante la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos:

[…] primero me mantuvieron arrodillado durante aproximadamente dos horas, después me sacaron de ahí y me ingresaron a otro, me empezaron a hablar sobre un robo y me hacían muchas preguntas, me decían que aceptara que yo lo había hecho, como no acepté las acusaciones, me vendaron los ojos y luego comenzaron a golpearme con los puños, con patadas y con una especie de tabla mientras me decían: tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste ¿verdad?

[…] me daban de cachetadas, me pegaban con una tabla en mis piernas y en mis costillas, sentía que la persona que me pegaba tenía algún trapo enrollado en la mano, porque no era el puño. Mientras tanto me seguían haciendo preguntas, me acostaron sobre el piso, me pusieron un trapo en la cara y me comenzaron a echar agua en el rostro para asfixiarme. Estuve así aproximadamente 2 horas. Momentos después perdí la noción del tiempo porque era un lugar oscuro y estaba muy asustado. Después recibí toques eléctricos, en el cuello, en el antebrazo derecho y otro en el brazo izquierdo. Los toques eléctricos dados en el cuello hicieron que me desmayara. Horas después desperté en una celda y ya era la madrugada del 14 de marzo de 2019. En la celda estaba el conductor del vehículo en que viajaba, para ese momento ya sabía que se llamaba Jorge y otra persona que supe, era sobrino de Jorge, a quién al parecer también estaban acusándolo de los mismos delitos. Fui sacado varias veces de la celda para realizar diligencias ante un funcionario público el cuál nunca se identificó, ahí una persona me pidió dinero para dejarme en libertad.

Durante casi dos días fue torturado, luego lo colocaron junto con otras tres personas, frente a una mesa donde había armas y balas de uso exclusivo del ejército. Esa imagen apareció el 14 de marzo en las redes sociales de un portal informativo, donde los exhiben como autores materiales del robo y homicidio de una persona llamada Pablo Manga Maza, ocurrido el 13 de marzo en el municipio de Villaflores, a 90 kilómetros de distancia de donde fue detenido.

A pesar de ser exhibido, un día después un oficial del Ministerio Público decretó su libertad bajo apercibimiento, pero al salir de las oficinas de la Fiscalía nuevamente fue detenido.

“Es algo que hace la Fiscalía, detiene a personas arbitrariamente y las retienen durante 48 horas, periodo que usan para fabricar pruebas ilícitas y obligarlos a declarar mediante tortura; luego giran una orden de aprensión para iniciar de manera formal el proceso penal del que se les acusa, e invisibilizar el desaseo y la fabricación de pruebas”, explica el abogado Jorge Gómez Hernández.

A Yonny Ronay lo enviaron entonces al penal de Villaflores, donde supuestamente efectuó el crimen del que se le acusa. Pesé a que Yonny denunció actos de tortura en su contra, y probó que no se encontraba en el lugar donde se cometieron los hechos de los que le acusan, el juez Olger Pineda Villegas lo sentenció a 31 años y seis meses de prisión. Es entonces que la familia de Yonny buscó la ayuda del Frayba.

Otro hecho destaca en el caso de Yonny Ronay, mientras estaba detenido, policías y agentes del Ministerio Público usaron una de sus identificaciones que le fueron quitadas durante su detención, para falsificar una declaración y ponerlo como testigo de un supuesto robo ocurrido en la capital de Chiapas, a pesar de que cuando se cometió ese presunto delito, él ya estaba en prisión.

Sin embargo, este hecho, la utilización de su identificación y falsificación de su firma y testimonio, mostró la forma en que se fabrican pruebas y esta situación también fue documentada por el Frayba.

Aún así, las dos personas a las que supuestamente Yonny vio cometer el robo y usar armas de uso exclusivo del ejército – Everson Antonio Galán Monge y Nilson Eulises Carrillo García, de nacionalidad Salvadoreña- siguen en prisión. En este caso, la Fiscalía General de la República, en el oficio 32/2020 firmado por el delegado de esa dependencia en Chiapas, Alejandro Vila Chávez, pide el sobreseimiento de la causa penal, argumentando que “resulta inverosímil que el testigo Yonny Ronay Chacón González observa los hechos narrados en el informe policial”.

Pero la FGR no avanzó más ni inició una investigación por la falsificación de pruebas y documentos, lo que podría haber ayudado tanto a Yonny Roney, como a Everson Antonio y Nilson Eulises.

El abogado del Frayba, Jorge Gómez Hernández, considera que el caso de Yonny Ronay es la calca de lo que se denuncia en Presunto Culpable, y lo que sucede en los procesos de miles de personas presas injustamente.

“Las detenciones ilegales y la tortura persisten actualmente en el sistema penal acusatorio, no han acabado a pesar de que el gobierno las trata de invisibilizar, la Fiscalía de Chiapas sigue siendo una fábrica de culpables donde se cometen violaciones graves a los derechos humanos”.

Insiste en que lo sucedido a Yonny no es un caso aislado, sino que forma parte de una generalidad de víctimas detenidas ilegalmente en Chiapas. Por ello, a través del abogado, el Frayba hizo un llamado a organismos humanitarios nacionales e internacionales, y a diplomáticos que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas de esta entidad, a estar atentos al juicio de reposición del joven detenido.

También, a quienes integran el sistema penal acusatorio a limpiar los procesos de miles de presos, depurar los procesos, y dar cause a las denuncias de tortura que involucran a decenas de funcionarios públicos.