Luis Carlos, un caso más de tortura y detención arbitraria
*Este viernes a las 10:00 horas, se llevó a cabo la Audiencia de Etapa Intermedia por el delito de homicidio calificado, en la que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito dará continuidad al proceso penal hasta sentenciar a una persona inocente, ya sea simulando justicia o dictando la inmediata libertad.
Luis Carlos Domínguez Martínez de 27 años, albañil y originario del municipio de Villaflores, fue detenido de manera arbitraria en su domicilio mediante un operativo de la policía especializada de la región Fraylesca, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, esto cerca de las 17:00 horas del día 28 de julio de 2021, detalló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Al momento de la detención fue torturado mediante golpes con las cachas de las armas en varias partes de su cuerpo, provocando una herida en el pómulo derecho y el talón del pie derecho. Posterior a ello, pasaron alrededor de 5 horas para que la policía realizara la puesta a disposición a la FGE en Tuxtla Gutiérrez.
Al siguiente día, por la mañana, sus familiares lograron localizarlo y vieron las lesiones. Para después ser trasladado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 8 de Villaflores y acusado por la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE) por el delito de daños a la salud.
En la audiencia inicial, Domínguez Martínez dio a conocer la tortura sufrida al momento de su detención, corroborado en el informe del Médico adscrito al CERSS No. 8. Por este delito, el pasado 09 de diciembre, por medio de la suspensión condicional del proceso y bajo recomendación de su abogado particular, quedo absuelto.
Sin embargo, el 31 de agosto de ese mismo año, la FGE ejecutó una nueva orden de aprehensión por reclusión, con el delito de homicidio calificado. La Fiscalía de Distrito Fraylesca a través del Fiscal del ministerio público investigador, comandante y agentes de la policía especializada: Sergio Eduardo Marín Farrera y Ronay Palacios Morales, fabricaron testimonios, por medio de la sustracción y falsificación de identidad en la que señalaron al joven.
A pesar de contar con pruebas ilícitas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de Villaflores, dio continuidad al proceso penal, permitiendo así las malas prácticas en la investigación de la FGE. Por ello, las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, libertad e integridad personal, representan una acción criminal hacia la población y una política de investigación penal que constituye a la instalación de una fábrica de delitos y culpables.
Durante el proceso de investigación de la tortura y el trámite judicial, Luis Carlos debe contar con la oportunidad de ser escuchado para el esclarecimiento de los hechos, la identificación y sanción de los responsables, indica el boletín del Centro de Derechos Humanos.
A consecuencia de las denuncias realizadas a diferentes instancias nacionales e internacionales, por parte de la familia de la víctima, que en su mayoría son mujeres, han recibido de manera constante hostigamientos, vigilancias y amenazas por parte de agentes de la policía especializada para frenar su lucha por la libertad.
Por esta razón, el Frayba hizo un llamado a los encargados de la administración de justicia en el estado, para que de manera pronta, completa e imparcial resuelvan el caso del joven, quien fue privado arbitraria e ilegal de su libertad y es sobreviviente de tortura.
Caso: Yonny Ronay
Así mismo, Yonny Ronay Chacón González es el Presunto Culpable de Chiapas, la historia de este joven de 23 años, también es un ejemplo que la corrupción del sistema judicial sigue vigente en México, tal como fue evidenciado con el caso José Antonio Zúñiga Rodríguez (Toño), protagonista del documental que mostró el desaseo que mantiene en prisión a miles de personas inocentes.
El joven está preso en el penal de Villaflores, saldrá de la cárcel a los 53 años de edad, si no se anula la sentencia en su contra, e investiga la detención arbitraria, tortura, fabricación de pruebas y documentos, que lo mantiene en prisión desde hace dos años.
Para buscar que su juicio se llevara conforme de a derecho, el Frayba emprendió una campaña de difusión de su caso, ante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), diplomáticos de diversos países que tienen proyectos de inversión en Chiapas, y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación.
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