A 23 años, Estado mexicano ofrece disculpa pública y reparará el daño por desaparición forzada de ch´ol

A 23 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez (Antonio) ocurrida el día 18 de enero de 1999, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por esta grave violación a derechos humanos, cuando tenía 32 años de edad y era parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Fotografía: Gabriela Sanabria

*La reparación del daño implica para la familia de Antonio González Méndez una indemnización acordada previamente entre funcionarios del gobierno federal y los representantes legales, como el Frayba.

Un 18 de enero pero de 1999, Antonio González Méndez, un cho´l de Sabanilla con 32 años, salió de su domicilio  y nunca más regresó. Su esposa e hijos acusaron a miembros del entonces grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia de haberlo desaparecido. Fue una de las 37 desaparecidas en esa región y atribuidas a este grupo.

Su familia, luego de buscar su paradero por décadas, agotó todas las instancias locales y nacionales jurisdiccionales. Por ello buscaron al Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas y llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000.

Por lo anterior, el Estado mexicano asumió la responsabilidad por la desaparición forzada de Antonio tras 23 años de espera de la familia. De lo anterior , funcionarios estatales y federales realizaron el “Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Estado” por las omisiones y negligencia al no procurar justicia a la familia en su momento cuando lo reclamaron.

A nombre del Estado mexicano ofrezco una disculpa pública a los familiares y amigos de Antonio González Méndez, quien desde hace 23 años está desaparecido.
Refrendo el compromiso de este gobierno para conocer la verdad, esclarecer los hechos y hacer justicia.

La disculpa estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien a nombre del Estado mexicano ofreció una disculpa pública a familiares de Antonio.

Acudo en representación del Estado mexicano a reivindicar y dignificar a Antonio González Méndez y vengo a asumir la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de sus derechos, en particular de su derecho a la vida, a su integridad, a su libertad personal, a sus garantías legales y a la protección, así como a la obligación del Estado para garantizar acceso a la justicia, señaló.

Encinas ofreció una disculpa porque el Estado mexicano no pudo, no quiso proteger la vida y la integridad de Antonio González.   

Queremos que este acto sirva como una acción de reivindicación a la persona, que se reconozca dignamente su memoria y su trabajo como luchador social en esta región de los Altos de Chiapas, resaltó.

Desde la comunidad del Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, se realizó la disculpa pública en presencia de la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez y el presidente municipal  José Darwin González Cabello, y el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.

La guerra de baja intensidad

En Chiapas las mujeres y hombres defienden la vida, la tierra y el territorio, la memoria, la verdad y la justicia. El Estado mexicano ha respondido con represión, criminalización y violaciones graves de derechos humanos como: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desplazamientos forzados, tortura y otros tratos crueles inhumanos y/o degradantes, masacres, entre otros, con el objetivo de sembrar terror y restar fuerzas a la vida en comunidad.. Cortesía: Frayba

Antonio González Méndez era un indígena perteneciente a la etnia Ch´ol, adherido a las bases civiles de apoyo al EZLN y militante del Partido de la Revolución Democrática (PDR). También, encargado de la tienda cooperativa “Arroyo Frío” en su comunidad el Calvario, municipio de Sabanilla.

El 18 de enero de 1999, salió de su casa en compañía de Juan Regino López Leoporto, según su familia con la intención de comprar un arma de fuego y dos cajas de cartuchos que le habían ofrecido.

A Antonio junto a Juan Regino, le pidieron 8 mil 500 pesos por el arma y los cartuchos, para entregársela a un menor de edad miembro de una familia vinculada al grupo paramilitar Paz y Justicia. Dicha organización, operó desde la segunda mitad de los noventa persiguiendo a simpatizantes y militantes del EZLN y del PRD.

Después de ese hecho, Antonio nunca regresó a su domicilio. Por lo que, su esposa Sonia López Juárez, denunció su desaparición ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien 72 horas emitió su ficha de búsqueda.

De 54 años, tez morena, complexión delgada, estatura 1.65 mts, cabello negro, largo, ojos regulares, negros, boca grande, tamaño de nariz grande, tipo de nariz chata, decía la ficha con número de Registro: AL41/1999 del 22 de enero de 1999.

La familia toco puertas en todas las oficinas públicas gubernamentales y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, agotaron todos los recursos jurídicos hasta llevar el caso a la CIDH en Washington, donde se abrió el “Caso 12.322 Antonio González Méndez”.

Según la familia, Antonio fue víctima de desaparición forzada “realizada por uno o varios miembros del grupo paramilitar de Paz y Justicia, a quienes se les adjudicaron  múltiples homicidios, desplazamientos forzados, agresiones y otros atropellos contra individuos y comunidades que simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional»

Pedro Faro, del Frayba, explicó que “su desaparición no es aislada, sino que forma parte del genocidio perpetrado en la zona norte de Chiapas, implementada entre 1995 y 1999 como parte de una política contrainsurgente plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 94, impulsado por el Estado mexicano”.

Faro dijo que ahora el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por esta grave violación a derechos humanos, cuando tenía 32 años de edad y era parte de las bases de apoyo del Ejército.

Después de la guerra frontal, el Estado mexicano cambió de estrategia impulsando una guerra integral de desgaste atacando a la población civil mediante la implementación de tácticas de guerra contrainsurgente. Entre las estrategias, se encontró la ocupación del ejército mexicano en la zona de conflicto, así como la conformación de grupos paramilitares, impulsando su formación, financiamiento y entrenamiento con la finalidad de exterminar al “enemigo interno”. Así pues, se tienen por lo menos contabilizados  85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas de manera forzada tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua.

Entre los grupos paramilitares que comenzaron a operar en la zona Norte de Chiapas fue Organización Desarrollo Paz y Justicia que sirvió como apoyo de las operaciones militares en contra de la población tal y como se estipuló en el documento Plan de Campaña Chiapas 94.

De tal manera que los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población durante el tiempo prolongado de la guerra integral de desgaste se efectuaron con el impulso, permisividad y aquiescencia del Estado mexicano. De ahí que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió admitir el caso por las graves violaciones de derechos humanos en contra de Antonio.

La Comisión emitió su informe a fondo en junio de 2019. Ahí, señaló al Estado mexicano su responsabilidad por la falta de investigación de la desaparición forzada de Antonio, además pidió reparar integralmente los daños ocasionados a él y a su familia. Como parte de estas medidas, fue el acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública que hoy se lleva a cabo.

Por si fuera poco, instó al gobierno en turno a que muestre la voluntad de investigar eficaz y diligente, agilizando la investigación ministerial para que se esclarezcan los hechos y se de con el paradero, se identifique a los responsables y sean castigados, tomando en cuenta el contexto de guerra contrainsurgente orquestada hacia las comunidades y pueblos indígenas, abonando a la verdad y justicia para él, su familia, y su comunidad.

La reparación del daño implica para la familia de Antonio González Méndez una indemnización acordada previamente entre funcionarios del gobierno federal y los representantes legales, como el Frayba.