Marcelino, Abraham y Germán, presos en lucha contra un Estado que les ha robado la vida

Por Redacción Alma Martínez

*Las cárceles están llenas de lxs nadie. Lxs nadie pagan lo que el mismo sistema crea y les obliga a vivir marginación, pobreza, discriminación e injusticia, señaló el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.

Estamos reunidos para exigir la libertad de Marcelino Ruiz Gómez recluido en el CERSS 10 de Comitán siendo víctima de tortura por parte de la Fiscalía General del Estado, y de Abraham y German López Montejo ambos recluidos en el CERSS 5 de San Cristóbal de las Casas al gobernador. Los tres siendo torturados para firmar declaraciones prefabricadas y que llevan muchos años pagando por un delito que no cometieron, expresó Karla Guadalupe Meza Méndez esposa de Ruiz Gómez.

En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) recordó que ha presentad  un análisis de todos los expedientes con una lista grave de las violaciones de los derechos humanos e e irregularidades ante el gobierno y sus autoridades. Sin embargo, han hecho caso omiso.

La esposa comentó que, para las familias es muy doloroso ver “cómo van truncado la vida de personas inocentes que se ven obligados a pasar por toda esta injusticia” y no solo sufren ellos, sino toda la familia. En su caso, como esposa y madre a tenido que criar sola a sus dos hijos, al tiempo en que a permanecido en pie de lucha para que se haga justicia.

Mi esposo Marcelino es un hombre trabajador incapaz de hacerle daño a nadie sin malicia, honesto, sencillo y humilde de corazón. Quizá el único delito que perseguir es la pobreza y la desigualdad. El propio gobierno destruye a los más vulnerables, lo hago responsable de todos los atropellos a mi familia, expresó Meza Méndez.

Karla Guadalupe Meza Méndez. Foto: Frayba

Adrián Gómez Jiménez, quien fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años, ocho meses y cuatro días preso injustamente, denunció la fabricación de culpables y la impunidad de la que gozan las autoridades. Mencionó que su liberación no fue gracias al gobierno, ni a M. Guadalupe Flores Rocha, jueza del Juzgado de Ejecución de Sentencias, pues “todos son insensibles ante los casos de los presos”. Fue gracias a la lucha del (Frayba), del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y otras organizaciones independientes. También, explicó que después de un examen exhaustivo por parte de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado optaron por su libertad de manera absolutoria e incondicional porque se dieron cuenta de las anomalías del caso e irregularidades del expediente y la violación a sus derechos humanos.

La Fiscalía del estado de Chiapas busca a quien culpar, prefabrica a través de la tortura y no busca a los verdaderos culpables. Después de estudiar mi amparo y de leer me doy cuenta de cómo prefabricó el delito a través de mentiras. Durante el proceso nunca se presentaron los supuestos ofendidos a una diligencia de careos, dijo Gómez Jiménez.

Detalló que durante su detención nunca vio una orden de aprehensión, ni traductor, ni abogado. Por lo que, el Estado le robó casi 18 años de su vida. Así mismo, indicó que, el juez no estudia los casos y que las cárceles de Chiapas y en México “están llenas de personas inocentes y que son pobres”.

Adrián Gómez Jiménez. Foto: Frayba

Por su parte, Juan de la Cruz Ruíz, quien fue detenido el 28 de febrero de 2007 y después de 12 años, nueve meses y diez días de prisión fue puesto en libertad, narró como su vida cambió cuando un grupo de agentes ministeriales llegaron una mañana a su casa, rompieron las ventanas y el portón de su casa, golpearon a su pareja, y desde ese momento fue torturado sin que le mostraran una orden de detención.

El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los CERSS 5 y 10, para exigir justicia y libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia. Sin embargo, dijo de la Cruz, esto provocó diversas violaciones a su proceso legal.

Anteriormente había solicitado una sentencia suspendida por la mesa de reconciliación y no tuve respuesta de mi caso, y resulta que el 11 de febrero del 2016, estaba expedida por la Mesa de reconciliación y firmada mi boleta de libertad por Rutilio Escandón Cadenas Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, el Estado me tubo secuestrado durante 3 años y 10 meses hasta que por fin dio fruto nuestra lucha, señaló.

Explicó que cada mes llega a firmar a Tuxtla Gutiérrez y los años que le faltan por cumplir su sentencia es de 30 años. Exigió a los tres niveles del gobierno a que le paguen por los daños causados, una indemnización y otros tipos de reparación efectiva y justicia, también la protección de la integridad de su familia y de su persona ya que han recibido amenazas de muerte.

Grupo de Naciones Unidas exige la liberación inmediata

Familiares de indígenas presos en conferencia de prensa. Foto: Frayba

Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha en compañía de colectivos solidarios y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la situación injusta de Marcelino, Abraham y Germán, así como de Juan y Adrián.

En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, este Grupo de Trabajo aprobó la Opinión núm. 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los ya mencionados, y determinó que el Estado mexicano incumplió las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de asistencia médica, entre otros.

En ese sentido, las familias exigieron al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión núm. 43/2021 para la liberación inmediata y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares. Pidieron al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez su pronta intervención.

Asimismo, implementar esta decisión a la mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas; el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; la consejera del Consejo de la Judicatura del Estado, Isela de Jesús Martínez Flores; y la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados, M. Guadalupe Flores Rocha.

Detenciones

Penal de El Amate

Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, lleva 19 años, 10 meses y 1 día privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por un delito que no cometió.

Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011, llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron.

Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses y 10 días de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. Tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016 mediante cuadernillo 387/MR/2012 sin que esta se cumpliera.

Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días, un juez federal le concedió el amparo liso y por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.