López Obrador es tan cómplice como los anteriores presidentes por la continuidad del modelo minero: REMA
*El presidente de la Republica dio un informe en la novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C. dijo “no tener conflictos mineros por la industria en el país”. Durante la misma semana, en su mañanera repetía ideas semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad».
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) denunció de nuevo la complicidad del gobierno con el modelo minero, ya que María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), responsabilizó por estos desastres a los gobiernos pasados, dando eco a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien pretende distanciarse del despojo y la destrucción diciendo que no va a otorgar ninguna concesión minera durante su sexenio.
En consecuencia, Albores propuso una la solución sería “la adopción de las mejores prácticas en materia hídrica y en corresponsabilidad socioambiental con el gobierno, sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, aclararon que a pesar de no otorgar una sola concesión es tan cómplice como los anteriores, por la continuidad del modelo minero que sigue operando.
¿De qué mejores prácticas nos está hablando la secretaria para la actividad más devastadora del planeta?, cuestionó la REMA. Al no resolver la codicia y agresividad del modus operandi del modelo extractivo, pues no existe la minería verde, sustentable, inteligente, ni responsable.
Es decir, la minería genera enormes impactos sobre las tierras y el territorio de los pueblos en donde se impone. Esto, para servir los intereses de grandes inversionistas y mercados de consumo de productos desechables, además los depósitos de minerales que quedan en el mundo son cada vez de concentraciones más bajas y más dispersas bajo la tierra.
Esto significa que, para extraer cada onza de oro, plata o cobre, las empresas mineras sacan muchas más toneladas de roca, una parte de la cual será molida y tratada con sustancias químicas de alta toxicidad para separar los metales de las rocas, indicó la REMA.
En el proceso, no solo contaminan el agua y el suelo, también se desaparecen y desvían fuentes de agua de las que los pueblos y la biodiversidad dependen. Todo esto sin hablar del ámbito social o de salud, con los pueblos desplazados, despojados de sus tierras y formas de vida, y con una tendencia al alza de violencia en estas zonas.
Hablar de supuestas mejores prácticas de una de las actividades más devastadoras que existe, y hablar de no otorgar más concesiones mineras cuando México ya tiene arriba de 24 mil otorgadas, es desviar la discusión y pintar de verde al gobierno mientras siguen intactas las estructuras que facilita la inversión minera y que deja en impunidad estos grandes daños a perpetuidad, detalló la Red.
Incluso la secretaría reconoció que la minería deja pueblos enteros sin fuentes de agua y con altos índices de daños a su salud, entonces ¿por qué no hablar de castigar penalmente a los responsables por estos tremendos daños?, se preguntó la Red. Es así como en base de su propia experiencia en Puebla donde empresas mineras tienen concesionada grandes extensiones de la Sierra Norte, Albores sabe que la propia presencia de una concesión representa una amenaza a la autodeterminación y bienestar de las comunidades afectadas.
Por otro lado, según una solicitud de información vía transparencia, la SEMARNAT autorizó más de 90 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos mineros. Por ello, de qué sirve limitar el número de concesiones si los proyectos mineros que son los que devastan el medio ambiente, territorio y vida de los pueblos siguen avanzado en sus fases de exploración y operación, discutió la REMA.
La respuesta es porque este gobierno es cómplice de mantener intacto el modelo minero sin mayor cambio. La influencia de los empresarios mineros mexicanos y extranjeros, representado por la Cámara Minera de México (CAMIMEX), quedó muy claro cuando este gobierno declaró la minería no esencial a inicios de la pandemia de Covid-19, señaló la Red.
Por lo tanto, México ya enfrenta miles de millones en demandas de empresas mineras. La actuación del gobierno actual resulta ser cómplice con el despojo y destrucción permanente por la minería a las vidas, aguas, tierras y territorios de muchas comunidades, concluyó REMA.
Cada concesión minera un conflicto
Dicho esto, cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, además de los cotidianos y menos visibles que han sido desplazados a la fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud.
Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano. Los conflictos mineros que las empresas canadienses generan en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las empresas desde el inicio, puntualizó la Red.
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