Desesperación y violencia, resultado de una política migrante confusa
*“La situación que estamos viviendo es caótica: sufrimiento, desesperación y violencia”, describen los obispos.
La Agencia Fides del Órgano de información de las Obras Misionales Pontificias dio a conocer la situación en la que se encuentran las personas migrantes en Tapachula, esta ha llegado a tomar una dimensión y complejidad alarmante. Además del hacinamiento, demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y visa humanitaria, hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, ahora se suman la desesperación y los brotes de violencia, como respuesta a promesas incumplidas de parte del Gobierno Federal.
Ahora bien, los obispos mexicanos en su “urgente llamado al Gobierno de México”, describieron este panorama como dramático. El texto destaca un gobierno que no ha respetado los compromisos adquiridos con las personas en movilidad, para sus traslados y regularización, lo que ha desencadenado una escalada de tensiones, ha provocado bloqueos y conflictos con la población local, poniendo en riesgo la seguridad física de ambos.
Así mismo, en medio de esta compleja realidad, la iglesia católica a través de la Diócesis de Tapachula, se ha mantenido firme en proveer de atención humanitaria a estas personas. Además, preocupada por una política confusa e ineficaz a nivel federal, la indiferencia del gobierno estatal y el rol de los gobiernos municipales como espectadores.
Los obispos reiteraron su deseo por hacer todo lo posible para ayudarlos, aunque ahora y en el futuro los recursos aún sean limitados, pero con un profundo espíritu cristiano. A pesar de la generosa respuesta de las parroquias, quienes han hecho lo necesario para hacer frente a esta situación.
Sin embargo, ven con preocupación que el nivel de exigencia, rebasa por mucho sus buenos propósitos. Por ello, la Conferencia Episcopal pide que los tres niveles de gobierno tomen medidas urgentes, con respeto de los derechos fundamentales, ya que corresponde al gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de estos, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También, manifestaron su preocupación al detectar que las personas migrantes son engañadas con falsas promesas por parte de criminales y estafadores que lucran con la necesidad y el dolor de quienes desean transitar por el país. Aunado a ello, manifestaron con decepción la noticia de la reanudación del Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) mejor conocido como “Quédate en México”.
Viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, los obispos esperan que los migrantes que atraviesan el territorio mexicano puedan ver una luz de esperanza en este valle de indiferencia, dolor y discriminación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, mencionó la Agencia Fides.
Al mismo tiempo, instaron al gobierno respetar sus compromisos de promoción y protección de los derechos fundamentales de migrantes. Por esa razón, los obispos reiteraron la disposición de la iglesia católica de dialogar con el gobierno federal para encontrar propuestas eficaces.
Por lo tanto, recordaron que los albergues en las diócesis de todo el país, continúan su labor humanitaria al servicio de los más pobres, migrantes, solicitantes de asilo, deportados, niñas, niños y adolescentes, sin importar su credo, nacionalidad, lugar de origen o cualquier otra condición.
A todos y todas ustedes, obispos, sacerdotes, párrocos, religiosas, religiosos, laicas y laicos, les extendemos nuestro respeto, agradecimiento, respaldo y profunda admiración, ya que son el rostro y las manos de una Iglesia unida que siempre saldrá al encuentro de quienes más sufren. Les bendecimos y les invitamos a continuar ofreciendo esperanza y alegría, enfatizaron los obispos en su texto.
Reinicia “Quédate en México”
Los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para reiniciar el programa Quédate en México. Este fue implementado durante la administración de Donald Trump, obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de sus solicitudes en territorio mexicano.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) saludó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos de poner fin a los MPP tan pronto como sea posible.
“La política de los MPP pone en riesgo a las personas que se encuentran en la frontera y buscan ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo. La OIM aplaude el anuncio del DHS de buscar la terminación definitiva de esa política”, dijo Michele Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
También, advirtió que el restablecimiento de los MPP, incluso de manera temporal, puede poner en peligro a las personas, obligándolas a esperar en México hasta su audiencia de inmigración en Estados Unidos. Esta política ha puesto en riesgo a miles de personas que, al verse obligadas a hacer tiempo en condiciones de vulnerabilidad, han enfrentado riesgos significativos para su seguridad y bienestar.
Los MPP se iniciaron en enero de 2019 bajo la anterior administración estadounidense y obligaron a más de 70 mil solicitantes de asilo, la mayoría de ellos de origen centroamericano, a permanecer en el país, hasta que los tribunales de inmigración de Estados Unidos pudieran resolver sus casos.
Las personas sujetas al MPP, entre las que se encontraban muchos niños y adolescentes, esperaron durante meses en albergues y campamentos improvisados sin acceso a condiciones adecuadas de alojamiento, higiene y alimentación, ni a una atención apropiada en salud o educación. Algunos se enfrentaron a abusos, explotación e incluso secuestros.
A raíz de una orden ejecutiva del 02 de febrero de 2021, emitida por el presidente Joe Biden, la OIM y otras agencias de las Naciones Unidas trabajaron con los gobiernos involucrados para facilitar el acceso a los Estados Unidos de las personas con casos de MPP abiertos ante los tribunales de ese país. Esta acción coordinada permitió a 13 mil 256 personas entrar ende forma segura para esperar la resolución de sus casos de asilo. Sin embargo, las impugnaciones legales a la orden ejecutiva detuvieron el trámite ordenado de otras solicitudes de asilo pendientes.
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