Alarma empoderamiento de la Guardia Nacional sobre la frontera por la falta de límites en su actuación

*En el tema migratorio inicialmente se realizó un despliegue de 15,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, que disminuyó entre 2020 y 2021, movilizándose a la frontera norte por el retorno de migrantes.

Por Redacción Alma Martínez

En el último año ha ocurrido un despliegue masivo tanto de elementos de la Guardia Nacional (GN) como del Ejército, la Marina y otros grupos policiales en la frontera sur, lo que obedece no solo a la política migratoria sino también a acciones para mantener el control de un territorio que históricamente ha sido de lucha y resistencia, mencionó Yuridia Salvador del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.

Señaló que desde 2019 cuando a la GN se le asignaron las tareas de verificación y control migratorio, ha tenido un papel activo en los operativos para detener a personas y caravanas migrantes, en los que despliegan estrategias militares: esperar a que se cansen para después acorralarles en puntos estratégicos donde no hay salida, sin importarles que haya niñas y niños.

La militarización no solo afecta a las personas migrantes y sujetas a protección internacional en la frontera sur, sino a todas y todos los que habitan el territorio. En operativos, específicamente en Mapastepec, Huixtla y Escuintla, la GN no solo persiguió a migrantes, sino que allanó viviendas de personas locales, lo que generó confusión y miedo, dijo Salvador.

Detalló que de mayo a noviembre de 2021, han documentado que en más del 80% de los operativos la GN ha tenido una presencia mayor que el Instituto Nacional de Migración (INM). Siendo algunas de sus acciones: restricciones a la movilidad de las personas migrantes para que no puedan salir de Chiapas e incluso de Tapachula.

Asimismo, violaciones a derechos humanos como el uso injustificado de la fuerza: mayor presencia en todas las tareas que tienen que ver con los traslados de las personas y familias migrantes; y participación en las tareas de control dentro de los centros de detención.

No debemos perder de vista que cada vez que hay un llamado a una caravana, la GN está presente y hace un despliegue contra las personas migrantes, lo que da cuenta de racismo, xenofobia y discriminación, indicó Salvador.

Guardia Nacional. Foto: Gobierno de México

Cinthia Rubina del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que los modelos de seguridad militarizados parten de reconocer a la otra y al otro como enemigos y actúan desde esa aproximación siempre atendiendo al uso de la fuerza como primera opción.

Resaltó que México ha recibido recomendaciones por parte de organismos internacionales, respecto a la preocupación de que las fuerzas armadas estuvieran relacionadas en tareas de seguridad pública, siendo la primera de ellas en 1992. Sin embargo, se sigue apostando por este modelo.

Comentó que, desde el principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se habló de la intención de crear a la GN, primeramente se señaló como un cuerpo de seguridad que iba a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pero finalmente quedó adscrita a la Secretaria de Seguridad Publica, y lo que se pensó como un logro por el carácter civil, se quedó en el papel por las acciones militares.

Aunado a ello, señaló que en la Ley de la GN se le otorgó facultades de revisión y control migratorio, además de tareas de prevención e investigación del delito, tareas que no deberían estar a su cargo. En tanto que, en 2020 se dio la emisión del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria.

Es preocupante todo este empoderamiento de las fuerzas armadas porque va a ser muy complicado y tardará mucho tiempo cuando se quiera recuperar todas las funciones que le deberían de corresponder a otras instituciones, a la par que no se está dando un fortalecimiento de las policías civiles, expresó Rubina.

Agregó que otra de las principales preocupaciones respecto a esta militarización corresponde a que los controles para supervisar tanto a las fuerzas armadas como a la GN no están funcionando, es decir, las instituciones a las que deberían sujetarse no generan la posibilidad de tener un control e incluso una dirección de los diferentes operativos.

Guardia Nacional. Foto: Gobierno de México

Andrea Velasco del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE), señaló que en algunos municipios, la GN ha reemplazado en su totalidad a las fuerzas de seguridad locales, dejando de lado a la policía municipal.

En tanto que, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2020 registró que la GN mantiene altos niveles de confianza, de entre el 60% y el 80%. Sin embargo, en el caso de Chiapas, esta se levanta solo en Tuxtla y Tapachula, dejando de lado la visión de zonas rurales, por ejemplo, Chilón en donde pobladores se oponen a la presencia de la GN.

Cabe señalar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 432 quejas contra la GN en 2021; mientras que ante el Programa de Atención a Migrantes en Chiapas se han realizado 386 quejas, pero especifican contra que institución.

No hay límites a la actuación de la GN, no están definidos sus objetivos. Está obligada conforme a la ley a presentar informes tras cada operación, sin embargo, no se sabe si se realizan pues la consideran información reservada, por tanto, podrían ser inexistentes, concluyó Velasco.