Esquipulas Guayabal, historia de un conflicto al pie del Chichonal
Sobre el volcán Chichonal ubicado en el norte de Chiapas el gran capital transnacional en conjunto con el Estado Mexicano proyecta desde hace varios años una serie de proyectos extractivos para despojar y confrontar a los pueblos zoques, civilización que históricamente habitan estas tierras desde hace 3,500 años.
El ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango se formó con campesinos zoques hacia mediados de la década de 1930. El 15 de octubre de 1941, un total de 50 familias hicieron la petición de tierras al gobernador de Chiapas, Rafael Pascacio Gamboa. El Presidente de la República procedió a entregar 1,195 hectáreas para 68 ejidatarios como primera acción de dotación agraria, el 25 de julio de 1951.
Para el 20 de diciembre de 1960 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ampliación del ejido con 1,210 hectáreas para otros 17 campesinos más, sumando con ello, 85 ejidatarios con derechos.
En el año de 1982, la erupción del volcán propició la muerte de 2, 000 zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, de los cuales, 2,315 fueron reacomodas en 16,193 hectáreas en 22 nuevos asentamientos en la selva lacandona, frailesca, valles central y norte de Chiapas, Veracruz y Jalisco, donde padecieron enfermedades y muerte.
En particular, el ejido Esquipulas Guayabal de Chapultenango se dividió en cuatro grupos familiares que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, en el valle de Uxpanapa Veracruz y en el barrio Guayabal de la propia cabecera de Chapultenango.
Sin embargo, los derechos agrarios de los campesinos sobre las tierras continuaron vigentes. A partir de 1990, comenzó el retorno gradual de las familias a las tierras del volcán hasta que el ingreso del Programa de Certificación de derechos Ejidales (PROCEDE) generó confrontaciones entre los nuevos campesinos y los antiguos ejidatarios con derechos agrarios.
El 29 de noviembre de 2002, la Procuraduría Agraria a falta de los órganos de representación del ejido convocó a los ejidatarios para certificar las parcelas, pero solo 2 campesinos de 132 ejidatarios se representaron porque la mayoría no se encontraba en las tierras o bien, habían fallecido.
El 18 de enero de 2003, la PA llevó a cabo una nueva asamblea para privar de sus derechos agrarios a los 130 ejidatarios, y reconocer a 32 nuevos campesinos como titulares de derechos agrarios sobre las tierras del volcán, muchos de los cuales, eran hijos de antiguos ejidatarios o nuevos posesionarios. Este hecho motivó que 29 ejidatarios de Rayón y sus hijos retornaran, encontrando que las tierras estaban ocupadas por otros campesinos de Chapultenango.
La certificación de las tierras por parte de la PA motivó que los campesinos de Rayón interpusieran el juicio agrario 991/2003 ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 03 en Tuxtla Gutiérrez para exigir la cancelación e invalidez de los trabajos de regularización del PROCEDE, sobre 2,400 hectáreas. El TUA 03 decidió sobreseer el expediente por falta de interés jurídico de ambas partes el 20 de mayo de 2005. A decir de los zoques de Chapultenango, este juicio se tornó sucio e irregular.
Pese al evidente conflicto, el PROCEDE continúo con los trabajos de deslinde con la asignación y delimitación de las tierras con el reconocimiento de 2,140 hectáreas, de los cuales 1,102 fueron asignadas de uso común y 1,038 distribuidas en 44 parcelas. El ejido fue certificado por el PROCEDE el 22 de noviembre de 2005 a favor de 34 ejidatarios de Chapultenango, lo cual, dio vida legal nuevamente al ejido Esquipulas Guayabal.
Las confrontaciones físicas comenzaron a principios de enero de 2006 cuando un grupo de campesinos de Rayón al retornar a las tierras destruyeron las chozas construidas por los campesinos de Chapultenango; a su vez, estos respondieron con la misma acción el 20 de agosto de 2006 y luego el 16 de febrero de 2009, donde los campesinos de Rayón alentaron el ingreso de indígenas Tzotziles de Rincón Chamula como aliados en la recuperación de tierras del volcán.
Inconformes con la certificación del PROCEDE, el grupo de campesinos de Rayón decidió abrir el juicio agrario 636/2010 el 24 de mayo de 2010 donde denunciaron que la PA y el Registro Agrario Nacional (RAN) eran los responsables directos del conflicto. Por su parte, los campesinos de Chapultenango interpusieron el juicio agrario 873/2010 el 6 de septiembre de 2010 para solicitar la regularización y restitución de las tierras.
En febrero de 2012, ambos grupos bloquearon el acceso a las tierras del volcán, pero la mediación del gobierno propició que ambos compartieran las tierras para permitir el libre tránsito de las personas y el ganado, el 8 de marzo de ese año. Así los zoques de Chapultenango aceptaron las tierras del lado sur poniente, mientras los de Rayón y sus aliados Tzotziles sobre el lado sur oriente de la base del complejo volcánico.
Finalmente, el 25 de junio de 2012, el TUA emitió la sentencia de los dos expedientes agrarios promovidos por ambos grupos. En ambos juicios se declararon nulos los trabajos de PROCEDE y absolvieron a las instituciones de responsabilidades por el conflicto.
Nuevamente, el 10 de agosto de 2016, un grupo de personas de Esquipulas Guayabal radicadas en Rayón decidió convocar a asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios del ejido Esquipulas Guayabal, de Chapultenango, Chiapas. Tal asamblea se realizó el 20 agosto de 2016, y posteriormente, el 31 de enero de 2019 eligieron a sus nuevas autoridades ejidales para el periodo del 31 de enero de 2019 al 1 enero de 2022
Al enterarse de estas asambleas, el 26 de agosto de 2019, los campesinos de Esquipulas Guayabal Chapultenango, decidieron promover un juicio de nulidad de la asamblea del 20 de agosto de 2016 y 31 de enero de 2019 porque los campesinos de Rayón estaban usurpando sus derechos ejidales pero fundamentalmente porque los campesinos nunca estuvieron enterados, como tampoco participaron en las asambleas. Hasta el 23 de octubre de 2019, el Tribunal Agrario distrito 03 admitió el juicio bajo el expediente 476/2019.
Finalmente, el 6 de octubre de 2021, la magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza1, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió declarar nulas las asambleas del 20 de agosto de 2016 y 31 de enero de 2019 en la que se habían reconocido como nuevos avecindados y electo a las nuevas autoridades del ejido Esquipulas Guayabal. Esta sentencia debía ejecutarse por el tribunal agrario en los días siguientes.
En una acción coordinada, un grupo armado conformado por tzotziles que ocupan una porción del ejido atacó a las 35 familias zoques de Esquipulas Guayabal, a partir de las 10:00 horas del 21 de noviembre de 2021. Con armas de alto calibre desplazaron a las familias hasta la cabecera municipal, donde se encuentran albergadas.
Pese a las denuncias del ataque, los funcionarios a cargo del delegado regional del Sistema Estatal de Protección Civil, Francisco Velazco Cantoral y el propio Presidente Municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón solo llegaron a tomarse fotos mientras repartían algunas colchonetas y despensas pero dejaron sin atender el problema.
Por otro lado, sobre las tierras del volcán Chichón existe interés del turismo, la geotermia y el petróleo; desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas promueve la creación de un geoparque sobre el cono volcánico, mientras, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico sobre 15 mil hectáreas del volcán en 2015.
En 2017, el proyecto más ambicioso del gobierno pretendía ser la ronda petrolera 2.2 para extraer 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84,500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango y 9 municipios más. La organización del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio, al que pertenecen las 34 familias del ejido Esquipulas Guayabal, logró frenar la licitación internacional en junio de 2017.
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