Venimos gorditos de Guatemala y regresamos flacos, investigación expone precarización laboral de trabajadores agrícolas

*Una investigación expuso que, históricamente las y los trabajadores agrícolas transfronterizos guatemaltecos que trabajan en la frontera sur de México lo han hecho en condiciones precarias y con graves violaciones a sus derechos humanos, situación que se agravó durante la pandemia por COVID-19.

Por Redacción Alma Martínez

Carolina Rivera Farfán, doctora en antropología social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), presentó la investigación “Trabajadores transfronterizos en el Soconusco. Situación laboral en el sector agrícola en tiempos de pandemia”, en la que resaltó que las personas guatemaltecas que trabajan en Chiapas lo han hecho en la precariedad y con graves violaciones a sus derechos humanos, condición que se agravó con la pandemia.

La investigadora expresó que el trabajo fue realizado durante la pandemia por COVID-19, con el objetivo de abordar la migración transfronteriza y exponer la condición en que desempeñan  las y los trabajadores agrícolas provenientes de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Guatemala insertos en plantaciones agroexportadoras (plantaciones de café, plátano y caña de azúcar) del Soconusco, Chiapas.

Explicó que la presencia de trabajadores procedentes de Guatemala tiene una prolongada trayectoria, detonó cuando en la región hubo una necesidad muy fuerte de realizar trabajos en las plantaciones de café. Así el café no solo se detonó como un cultivo estratégico, sino que también fue la causa y la razón del proceso de poblamiento y desarrollo de la región del Soconusco, Chiapas.

La historia contemporánea de la migración transfronteriza remite hacia finales del siglo XIX cuando el auge y la expansión de capital extranjero imprimió un carácter particular a la economía cafetalera que requirió gran cantidad de mano de obra de campesinos indígenas guatemaltecos y tsotsiles de los Altos de Chiapas.

Desde entonces, como ahora, la finalidad de las y los trabajadores guatemaltecos es encontrar empleo en algunos estados de la frontera sur. La demanda de fuerza de trabajo en la economía finquera y de plantaciones agroexportadora, desde aquel momento, ha sido constante.

Rivera Farfán señaló que la lógica del mercado laborar en esa franja es bastante similar a los flujos que se viven en zonas fronterizas entre países de Centroamérica, donde se genera una correlación entre migración y movilidad laboral constante.

Lo que refleja una dependencia de capital-trabajo que se expresa en diferentes procesos transnacionales que sobrepasan los límites de los Estados nacionales, para dar paso a la disposición de mercados de trabajo regionalizados.

Indicó que la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), ha ido indicando con el paso de los años cuales son los departamentos expulsores de Guatemala y cuáles son los municipios chiapanecos a donde llegan las y los trabajadores.

Inicialmente llegaban a la franja limite nacional que divide los dos países, a lugares de la región del Soconusco como Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico y Suchiate, provenientes de San Marcos y Huehuetenango. Sin embargo, durante los últimos años las y los trabajadores se internan cada vez más a otras regiones y ahora provienen de más lugares como Quiché, Quetzaltenango, Retalhuieu y Suchitepéquez.

La investigadora detalló que al internarse en otras partes de Chiapas, se tradujo en que las y los trabajadores guatemaltecos se insertaron en distintas ramas de la economía, ya no necesariamente al trabajo agrícola. Comenzaron a trabajar en servicios, trabajo doméstico, construcción y transporte.

Las y los trabajadores guatemaltecos buscan oportunidades laborales en Chiapas. – Foto: INAH

En la investigación se registró tres modalidades de desplazamientos:

Migración temporal: de trabajadores que no cambian su residencia habitual y regresan a su localidad de origen en Guatemala después de un periodo de trabajo fuera. Van una o dos veces por año y lo hacen regularmente en tiempo de cosechas. Destaca el trabajo en plantaciones de café y caña de azúcar.

Migración circular: trabajadores que van y vienen en reiteradas ocasiones entre el lugar de origen y destino y se emplean comúnmente en la construcción, comercio y servicios; plantaciones de papaya, así como quienes realizan trabajo por cuenta propia (informalidad).

Movilidad diaria: trabajadores que siguen viviendo en su localidad de origen y no cambian su lugar de resistencia. Cada día cruzan la frontera para trabajar en localidades vecinas. Son trabajadores fronterizos guatemaltecos, que suelen hacer movilidades diarias de poca duración (plantaciones de plátano y venta ambulante).

Rivera Farfán puntualizó que son trabajadores con baja escolaridad, un primer grupo tiene entre 15 y 20 años y el segundo entre 30 y 49 años; en las plantaciones agrícolas mayoritariamente son hombres mientras que en el trabajo doméstico son exclusivamente mujeres.

En cuanto al salario, dijo que es bajo, siendo el cultivo del café el que peor se paga. Además, en este hay una cultura de apego al patrón o al dueño de la finca, las plantaciones se ubican inmersas en la montaña y no es común que las y los trabajadores viajen a las ciudades, a diferencia de las plantaciones de plátano que se encuentran cerca de ellas.

En las formas de contratación impera la informalidad con contratos verbales, aunque en las últimas décadas el Instituto Nacional de Migración (INM) implementó la regularización de las personas que realizan trabajo transfronterizo con la creación de formatos que sirven para su contrato, no obstante, la investigadora señaló que estos no están vinculados hacia las condiciones laborales y no se realizan supervisiones a los centros de trabajo.

Por otro lado, la comida es limitada y se descuenta del sueldo; el 99% no cuenta con servicios de salud, el 98.60% no tiene vacaciones y el 97.90% no tiene aguinaldo; el hospedaje se ofrece en grandes bodegas en donde todas las personas son acomodadas y justamente en el contexto de COVID se ha vuelto un problema mayor por el hacinamiento y los espacios precarios.

En el trabajo de campo hemos escuchado el testimonio de <<venimos gorditos de Guatemala y regresamos flacos, pasamos hambre>>, expresó Rivera Farfán.

La investigadora explicó que la precariedad laboral está en todos los aspectos desde lo económico, temporal, social, organizacional, bajos salarios, falta de acceso a servicios de salud, hasta el consumo de drogas para soportar las cagas de trabajo. A toda esa precariedad histórica y permanente se sumó la llegada del COVID-19 y no había condiciones para enfrentarlo.

Señaló que a principios de la pandemia el gobierno de Guatemala tomó la decisión unilateral de cerrar su frontera porque era una manera de controlar el contagio, lo que afectó momentáneamente la movilidad de las y los trabajadores. Sin embargo, a pesar del cierre ingresaban por Tapachula y muchos de ellos quedaron atrapados ahí, junto a la población migrante.

En tanto que las y los trabajadores agrícolas sí podían entrar porque las plantaciones y producciones se consideran esenciales y no se encuentran en las ciudades que son los lugares en donde están los focos de vigilancia migratoria y de la pandemia.

El Gobierno de México implementó la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, documento que contiene material de difusión; una clasificación de riesgos de los trabajadores por ocupación o condición de vulnerabilidad; así como una serie de recomendaciones prácticas para la planeación, capacitación, prevención, protección y monitoreo, pero no contempló a las y los trabajadores agrícolas.

No tomaron en cuenta al trabajo agrícola, no hubo supervisión ni guía, no detalló como actuar en los albergues y alojamientos para que los empleadores y dueños de las empresas pudieran implementarlo, tampoco es que les importara, dijo Rivera Farfán.

La investigación

Las y los trabajadores transfronterizos operan por encima de las fronteras, no necesariamente como migrantes. – Foto: Rodale Institute

El trabajo fue realizado por las antropólogas, Carolina Rivera Farfán, Hania Wilson, Carmen Fernández y el antropólogo, Jorge Gómez. Al dedicase a la antropología, su metodología principal parte del ejercicio etnográfico lo que les generó un reto porque no podían hacer trabajo de campo debido al riesgo de contagio.

Inicialmente hicieron entrevistas telefónicas y después pudieron realizar visitas a centros agrícolas; se apoyaron de personal capacitado en temas de salud e higiene para crear campañas de información, jornadas preventivas, materiales didácticos (revistas y comics), e implementar una estrategia para mitigación de riesgos, dirigida a trabajadores agrícolas y organizaciones locales que los atienden.

Durante tres meses divulgaron información en radio y a través de perifoneo, utilizaron títeres para explicarles a las familias sobre el COVID, hicieron recomendaciones a los empleadores para que implementaran medidas básicas sobre todo en los dormitorios y entregaron materiales de protección personal higiene y salud, como cubre bocas de tela lavables.

Había una reticencia muy fuerte, las personas no creían que la existencia del COVID-19, nos decían que a ellos no les iba a pasar nada porque solo les daba a las personas no indígenas, dijo Rivera Farfán.

Recomendaciones

La investigación instó a implementar y fortalecer mecanismos de vigilancia, acompañamiento para el mejoramiento y cumplimiento de las condiciones sanitarias y laborales adecuadas de la población migrante trabajadora en las empresas privadas.

A la Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo, logre emitir recomendaciones claras a los centros de trabajo agrícola, acorde con la situación geográfica, actividad económica, tipo de cultivo y dinámica laboral y cultural. Evitar generalidades, como Susana Distancia, discurso que conecta más con las personas de las ciudades; Desarrollar asesorías, capacitaciones directas y acompañamiento al momento de implementar los protocolos. Por ejemplo, se podrían conformar grupos por tipo de actividad económica y, por último, generar alianzas entre instancias gubernamentales de salud e iniciativa privada de los centros agrícolas para facilitar la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19, tanto para casos sospechosos, como para cubrir los requisitos migratorios impuestos.