Tseltales cumplen un año encarcelados tras protestar contra cuartel de la Guardia Nacional en Chilón

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización. Cortesía: Frayba

*Organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Front Line Defenders hicieron llamamientos al Estado mexicano por la libertad de Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Chilón, comunidades y familias de los defensores comunitarios, en esos entonces detenidos de manera ilegal, exigieron la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández. 

En noviembre de 2020, diversas comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional (GN). Argumentaron, una serie de violaciones a los derechos colectivos como pueblos originarios, entre ellos a una consulta libre, previa y cultural adecuada, y a la no militarización de los territorios indígenas.

Sin embargo, a un año de interponer dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa.

Ante esta situación y en un contexto adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal, junto a los defensores comunitarios, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) la resolución de los procesos penales que siguen en su contra por defender su territorio de la militarización.

Indicaron que, con ello la institución tendría la oportunidad de demostrar que la justicia en Chiapas respeta de manera absoluta los derechos de los pueblos indígenas.

De igual manera, hicieron un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales para realizar un análisis diligente con respeto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la GN, con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Detención de los defensores comunitarios

Cabe recordar que, el pasado 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó del tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la GN, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel.

Durante los hechos, Hernández Feliciano y Gutiérrez Hernández, fueron privados de manera arbitraria de su libertad, torturados e incomunicados. Al igual que, 11 personas más, quienes resultaron heridas y varios vehículos particulares fueron dañados.

Los defensores comunitarios fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01 en Cintalapa, y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se les considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos.

“Su encarcelamiento a causado sufrimiento, gastos, tenido que vender nuestros maíz y frijol. Tienen secuelas físicas y psicológicas por la tortura”. Cortesía: Frayba.

A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, solo se les otorgó el cambio de medida cautelar.

Por lo que hoy, siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y firmando cada 15 días, esto implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Hernández Feliciano y Gutiérrez Hernández, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron. Sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Represión de la protesta

Policías reprimieron la manifestación que campesinos e indígenas tseltales del municipio de Chilón, realizaron para protestar contra la construcción de un destacamento de la GN. Tres indígenas fueron detenidos, y varios heridos. Militares permanecieron resguardando la zona durante el operativo de contención.

Antes de que fueran reprimidos, los manifestantes explicaron que se oponen “rotundamente a la instalación de la Guardia Nacional en nuestro municipio”, porque la experiencia que han tenido con los militares que estuvieron en la región de 1994 a 2006, fue “un alto índice de asesinatos, mujeres violadas, embarazadas y abandonadas, separación de matrimonios, niños abandonados, incremento del alcoholismo, drogadicción y prostitución, así como propagación de la delincuencia organizada e inseguridad”.

Los habitantes de la región explicaron que, para la actual construcción del cuartel de la GN, el gobierno manipuló a algunos campesinos para posesionarse de 4 hectáreas de terrenos ejidales, “sin consultar a los habitantes del municipio”.

Luego de la represión que sufrieron, los campesinos e indígenas decidieron mantener un plantón en la zona, para exigir la liberación de los tres detenidos y la cancelación de la construcción del cuartel en sus tierras.

Pronunciamiento conjunto

Llamamos a respetar los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal. Cortesía: Frayba

El Frayba y el Centro Prodh dieron a conocer que, los ejidatarios y sus familias tseltales desde la historia han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos.

Agregaron que, con una nueva base en la defensa del territorio, como de su cultura, el pueblo tseltal comenzó una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como es la construcción del Cuartel General.

De acuerdo con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, enfatizaron que la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del estado o de particulares, tiene como obligación, realizar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada.

Acentuaron que, la forma organizativa de los pueblos originarios tiene como base a su autoridad máxima “La Asamblea”, misma que está prevista por las leyes mexicanas, sin embargo, las autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad, al no generar los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada.

Por último, dijeron que la criminalización a la que son sometidas las personas defensoras de la comunidad por oponerse a la militarización muestra el contexto de discriminación, desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan los pueblos indígenas en México.