#PazSinArmas mitigar a la violencia armada
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen al interior de México, fueron traficadas desde Estados Unidos.
Organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y actores sociales* se unieron en la exigencia de controles efectivos de armas, con el fin de evitar la entrada ilegal de artículos de fuego de Estados Unidos hacia México, para visibilizarlo crearon #PazSinArmas
#PazSinArmas busca un control efectivo de armamento y la investigación hacia unidades específicas o personas con historial criminal, a raíz del incremento exponencial de la violencia armada durante los últimos años.
Este tipo de violencia responde a múltiples factores, entre ellos, la cercanía con Estados Unidos como el mayor productor y consumidor de armas, así como, la decisión de militarizar la seguridad pública. Al mismo tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) actúa con opacidad en el manejo, distribución y control de armas de fuego, expusieron las organizaciones y academia.
En este sentido, resaltaron la necesidad de reforzar el control de armas de fuego entre ambos países. Por un lado, aquellas legales utilizadas de forma incorrecta por las autoridades del estado y generadoras de violaciones a derechos humanos. Por otro lado, aquellas traficadas de manera ilegal, utilizadas en su mayoría por el crimen organizado.
De acuerdo con la información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, la SEDENA se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, no obstante, dicho armamento era para uso policial, detallaron las organizaciones y academia.
Por lo tanto, el usuario final de las armas y su utilidad es casi desconocido, aunado a la falta de un registro de particulares compradoras.
El impacto diferenciado en el uso de armas de fuego es una preocupación primordial en la campaña #PazSinArmas. En este sentido, Intersecta y Data Cívica detectaron un incremento en el asesinato de mujeres con armas de fuego desde 2007.
El uso de armas de fuego sin controles facilita las violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género; además de forzar a poblaciones a desplazarse o migrar.
#PazSinArmas exigió al Estado determinar la responsabilidad administrativa y penal hacia el servicio público implicados en el control de armas de fuego. A su vez, establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas, sumado a registros transparentes y de rastreo.
#PazSinArmas pide un diseño en políticas de prevención y atención de víctimas, sustentado en metodologías para recabar y sistematizar información con indicadores puntuales de la violencia armada, con el fin de identificar el impacto específico para diferentes poblaciones.
Solicitaron una actualización Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tras casi 50 años de no realizarse, así como sus normas secundarias.
El gobierno debe socializar la propuesta de la nueva Ley para garantizar a la sociedad civil una plena incidencia en la formulación y revisión de dicha normatividad, acentuaron las organizaciones y academia.
Señalaron que, las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar información tanto de víctimas como de perpetradores, así como difundir de manera proactiva datos de impactos de armas de fuego, desagregados por categorías sospechosas e interseccionalidad.
Es innegable, las armas del gobierno mexicano y, ni se diga del crimen organizado, están cobrando vidas, puntualizaron los firmantes.
Por último, instaron al Estado mexicano cumpla con su obligación de prevenir, investigar y sancionar actos de riesgo para la vida, salud física y mental, integridad, seguridad y libertad de las personas.
Tratado sobre Comercio de Armas
Por medio de una carta, organizaciones sociales y ciudadanía demandó a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y a Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, exhortar a la construcción de caminos de paz con justicia y dignidad en la Conferencia de Estados Partes (CSP7) del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).
Recordaron lo sucedido en 2020, por la falta de transparencia en un escrito hecho en le Sexta Conferencia. Por lo tanto, esperan un procedimiento informado del modelo de este 2021, presidido por el embajador Lansana Gberie de Sierra Leona. El modelo del 2021, puede ser una oportunidad significativa de incluir a la sociedad civil en el debate.
Por otro lado, instaron a los Estados Partes a cumplir con sus obligaciones de presentación de informes anuales, completos, precisos y a tiempo.
*Firmantes:
Intersecta
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
Formación e Incidencia Ignacianas
Nuestra RED
Programa Casa Refugiados A. C.
Causa en Común A. C.
Equis: Justicia para las Mujeres
Centro de Estudios Ecuménicos A. C.
Global Exchange
Stop US Arms to Mexico
Observatorio Nacional Ciudadano
ReverdeSer Colectivo
Iglesias por la Paz con Justicia y Dignidad
Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe (SEHLAC)
Centro de Estudios Sociales y Culturales «Antonio de Montesinos» A. C.
Instituto RIA
Mennonite Central Committee (MCC)
Global Thought.
Data Cívica
Red Tira Paro
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