Guatemala sigue sin cumplir con sus obligaciones legales a cuatro años del desalojo de Laguna Larga

*Los habitantes de Laguna Larga fueron desalojados luego que el gobierno de Guatemala determinó que la región donde vivieron durante generaciones es una “área natural protegida” y todas las personas debían dejar el lugar. Elementos del ejército de Guatemala los expulsaron de su poblado y quemaron sus casas. Desde entonces permanecen en la línea fronteriza Guatemala-México demandando su retorno o reubicación.

Por Redacción Alma Martínez

Debido a la grave crisis humanitaria que viven desde el 2 junio de 2017, 111 familias que fueron desalojadas y desplazadas de la comunidad Laguna Larga, del departamento del Petén en Guatemala, un grupo de expertos, abogados y organizaciones de derechos humanos realizaron una visita de verificación el pasado miércoles 29 de septiembre del año para documentar la situación actual en que se encuentran estas familias.

En ese sentido integrantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, el Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, Aldo Iván Dávila (Diputado de la República de Guatemala), Voces Mesoamericanas y la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT) dieron a conocer en conferencia de prensa que a cuatro años de haberse otorgado medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Estado de Guatemala sigue sin cumplir con sus obligaciones legales.

Entre los datos documentados en la reciente visita registraron que a la fecha van 14 personas fallecidas durante y después del desalojo, no hay condiciones básicas de sobrevivencia y no cuentan con ningún servicio elemental para una vida digna. También que las niñas y niños de esa comunidad no están registrados ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP), y los espacios para la instrucción escolar están en condiciones inaceptables.

Durante su intervención, Rubén Domingo del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BDH) que acompaña el caso, denunció que es responsabilidad del gobierno de Alejandro Giammattei (presidente de Guatemala) atender la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias desplazadas que están sobreviviendo en condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad.

Por su parte Enrique Maldonado consultor externo, confirmó que no existe censo de las niñas y los niños que están en la línea fronteriza y que también tienen una dieta limitada; los adultos se alimentan menos de tres veces al día y los desplazados están expuestos a enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, ya que no ha habido renovación de los filtros ecológicos.

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Aldo Dávila, diputado de la República de Guatemala, denunció que la comunidad fue desalojada y despojada de su tierra y territorio por el gobierno de Guatemala y hasta el momento no ha dado atención a las recomendaciones de la CIDH. Además, pidió que no cese la presión al gobierno para atender está situación y que las familias sean retornadas a su comunidad.

En su turno, Aldo Ledón de Voces Mesoamericanas mencionó que este desplazamiento es el reflejo de una política de despojo de territorios que se está llevando a cabo en Guatemala con el pretexto de la conservación de las áreas protegidas. Agregó que el caso de Laguna Larga es uno de los primeros desplazamientos del Petén, por ello, advirtió que otras comunidades corren el mismo riesgo y que si se complementara la orden de desalojo para más de 60 comunidades esto causaría un éxodo.

Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano, recordó que la población ha estado asentada en la comunidad de Laguna Larga antes del Decreto número 4 de la Ley de Áreas Protegidas de 1989 y además varias instituciones del Estado reconocen que esta comunidad son posesionarios históricos de ese territorio.

Expuso que las violaciones han sido no reconocer que son originarios de ese territorio, donde poder vivir y donde poder sembrar. Asimismo, denunció que el gobierno de Guatemala desplazó a las familias y ahora pretende endeudarlas con fincas que se encuentran en área protegida, por lo que, hay una intención de engañarlas, endeudarlas y retornarlas a la misma problemática.

José Chic del Comité Campesino del Altiplano, señaló que el gobierno pretende reparar el daño del caso de Laguna Larga, endeudándolos con fincas que no llenan las condiciones necesarias, advirtiendo que dichas fincas no tienen la misma cantidad y calidad de tierra de donde fueron desalojados, y resulta irónico que a particulares y supuestos propietarios, se les respete su condición aun estando en áreas protegidas, pero que a los desplazados no se les respetó sus derechos de posesión histórica.

Finalmente, Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, quien acompañó la visita a la comunidad de desplazados constató que el camino inaccesible dificulta el acceso a servicios públicos básicos lo cual agrava las condiciones de vulnerabilidad de la población asentada, asimismo señaló que seguirán acompañando a representantes legales, organizaciones y familias desplazadas de Laguna Larga ante las instancias correspondientes ya que es urgente dar respuestas a las familias.

Laguna Larga

Por casi 30 años, unas 111 familias vivieron en la comunidad de Laguna Larga, enclavados en la Selva de El Petén, hasta donde llegaron huyendo de la guerra en los ochenta y buscando una mejor forma de vida, sin embargo, todo cambió cuando les dijeron que ya no podían vivir ahí y que toda la selva era ya un área natural protegida, parte de la Reserva de la Biosfera Maya, decretada así en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ahí tenían todo para vivir dignamente, sin pedirle nada al gobierno de su país, consumían lo que cosechaban junto a una laguna de aguas cristalinas a la que cuidaban porque les daba todo, maíz, frijol, chihua (calabaza) y otros productos que comercializaban con sus vecinos más cercanos, los pobladores de la comunidad El Desengaño, municipio de Candelaria Campeche, en el lado mexicano.

El 2 de junio del 2017, todo cambió, cuando les avisaron que iban a desalojarlos, cargaron con todo lo que pudieron en la espalda y en las únicas cuatro camionetas todoterreno del pueblo.

Unos mil 500 miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil, la División Protección a la Naturaleza (DIPRONA) y guardaparques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) les quemaron sus casas.

Ese día que se llegó el desalojo fue una tormenta increíble, lamentos, llantos de niños, de mujeres, se perdieron vidas, las mujeres que iban embarazadas perdieron su bebé, fue increíble ese desalojo, nunca en mi vida había vivido y oído un desalojo como nos sucedió a nosotros, perdimos todo, 17 años para hacer una casita y para que la destruyan en un par de segundos, duele, se quedó todo abandonado, animales, cosas, todo lo que uno tiene en su casita se quedó abandonado, testimonio de un campesino en un informe recopilado por Voces Mesoamericanas.

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En un primer momento, la presencia de campesinos ingresando a territorio mexicano para buscar comida y medicinas, alertó a la población mexicana de El Desengaño que reportaron al Ejército Mexicano, el Instituto Nacional de Migración y otras corporaciones federales que arribaron hasta la franja fronteriza donde se percataron que bajo campamentos improvisados y en plena temporada de lluvias cientos de guatemaltecos imploraban ayuda.

Según Voces Mesoamericanas, este desalojo fue implementado bajo la permisividad del gobierno mexicano y organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) quienes meses y semanas anteriores tuvieron conocimiento de la orden y operativo de desalojo.

Y que, sabiendo que las más de cuatrocientas personas de la comunidad no tendrían dónde refugiarse, los dejaron a merced de su propia supervivencia; mientras privilegiaban desde un enfoque de seguridad nacional, el resguardo y “protección” de la línea fronteriza México-Guatemala.

Aunque la ayuda mexicana fue mínima, fueron organizaciones civiles como Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el albergue La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C., y Resistencia Civil de Candelaria, se movilizaron para llevar víveres y pedir de inmediato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para que emitieran medidas cautelares en su favor.

La CIDH otorgó la medida cautelar el 29 de septiembre de 2017 a través de la cual exigió al gobierno guatemalteco de Jimmy Morales (ahora ex presidente de Guatemala), proteger la vida e integridad personal de las 450 personas agrupadas en las 111 familias de la comunidad Laguna Larga, pertenecientes a los pueblos indígenas maya Q’eqchi, Chuj, así como campesinos y población mestiza.

La Comisión señaló que los pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna Larga se encontraban en una situación de gravedad y urgencia toda vez que estaban expuestos a una serie de diversos factores de riesgo que incluían la falta de agua potable, energía, y servicios básicos, lo que repercutiría en condiciones altamente insalubres y carentes de adecuada higiene.

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Por lo cual, solicitó al Estado guatemalteco que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas, a través de medidas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores. En particular, que adoptara medidas que garantizaran el acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales así como de agua potable para la población desplazada.

Asimismo, solicitó adoptar medidas adecuadas en cuanto a habitabilidad y salubridad, así como ofrecer vestimenta que ofrezca protección del calor, la lluvia, el viento y otras amenazas a la salud. Las medidas a adoptarse debían garantizar también el acceso seguro a la zona donde antes habitaban para la recolección de bienes, enseres y cosechas requeridos para la subsistencia de la población.

Adicionalmente, la CIDH solicitó al Estado que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de la población desplazada frente a posibles actos de violencia por parte de terceros o de agentes del Estado. Lo anterior, garantizando a su vez la protección de los enseres, propiedades y cosechas que fueron abandonadas en la comunidad antes de su desplazamiento.

Sin embargo, a cuatro años del desplazamiento forzado, la condición de dicha población sigue siendo inadecuada y el gobierno guatemalteco ha hecho caso omiso a la mencionada medida cautelar otorgada por la CIDH, además de que es urgente la atención del Estado de Guatemala e instituciones para salvaguardar la integridad de personas en desplazamiento forzado.