Entre militares y carteles, academia reflexiona incremento de violencia en el sureste

En cuanto a la repartición de las fuerzas en el territorio nacional la mayor cantidad de Coordinaciones Generales y elementos se encuentra en el Sur y Sureste del país- Cortesía: Avispa Midia

*En la investigación ofrecieron una sistematización de información referente a la militarización del sureste y fenómenos como la presencia de redes de venta y traslado de drogas, personas, controles de migración o negocios específicos como el inmobiliario y turístico.

Académicos* del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mencionaron en su investigación “Militarización del Sureste de México” que, en la actualidad las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen entre sus funciones: la seguridad pública, tareas de migración, control de puertos, construcción de las mega obras de infraestructura como el Tren Maya.

Se ocupan de los cuarteles para la Guardia Nacional (GN), de los Bancos del Bienestar, reparten vacunas contra la Covid-19 y distribuyen libros de texto. Una última concesión del gobierno fue otorgarles la administración y usufructo de estas obras.

En este sentido, los “recursos que se obtengan del Tren Maya ya no pasarán por la Secretaría de Hacienda, sino que irán directamente para el Ejército y los cerca de mil 500 kilómetros de ferrocarril serán patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”.

Banderazo de inicio de obra del Tren Maya, en Benito Juárez, Quintana Roo. Cortesía: Gobierno de México

Los investigadores enfatizaron que, de acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), la estrategia responde a una “visión nacionalista de largo plazo patrimonial”.

Es decir, al ser la SEDENA propietaria del megaproyecto, evitan que se privatice en el futuro, asimismo, se hace un negocio “en beneficio de un mayor número de mexicanos”. Además, al ser zonas con presencia del crimen organizado el Tren Maya se convierte en un “factor de seguridad nacional”.

Lo que es notorio es que, con la fragilidad del actual gobierno, la corporación militar ha adquirido abusivas atribuciones constitucionales que en otros momentos de la historia solían conquistarse sólo con golpes de estado, expusieron los académicos.

Consideraron que el interés del gobierno en la región del sureste por impulsar un conjunto de megaproyectos de alto impacto socioambiental en tiempos de emergencia ecológica y, de los valiosos y atendibles argumentos en contra, constataron con preocupación que no hay ningún intento por detener las obras.

Agregaron que, a pesar de la demostración de su naturaleza depredadora y para complicar la conflictividad, no serán posibles sin una amplia militarización de la zona, que ya ocurre. Pero, apunta a un establecimiento más permanente con la multiplicación de cuarteles y fijación de tropas, que pone en riesgo a la sociedad, las culturas, historias y riquezas de las ricas tierras del sureste.

Los académicos indicaron que, el tráfico de drogas ha sido uno de los argumentos fuertes para justificar el despliegue militar no sólo en general, sino en algunas zonas específicas del país. Sin embargo, revelaron que son significativos los datos y testimonios sobre el incremento de situaciones de violencia regional con participación militar, ya sea de manera directa o indirecta, así como su complicidad con el crimen organizado.

Lo que se manifiesta cotidianamente es la intervención de las fuerzas armadas en control y represión de las poblaciones, en tareas de reordenamiento forzoso del territorio o en labores de contrainsurgencia, mencionaron los investigadores.

Una progresiva militarización

Los académicos acentuaron que para mayo de 2020, la GN estaba conformada por 50% de policías militares de la SEDENA, 10% de policías navales de la Secretaría de Marina (SEMAR), 20 por ciento de efectivos de la Policía Federal, y 17% de reclutas nuevos contratados por la SEDENA y la SEMAR, capacitados en bases militares.

Por otro lado, detallaron que el 13 de agosto de 2021, se aprobó la reestructuración de las FFAA que se venía perfilando y anunciando desde la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y que corresponde a la materialización del punto 3.1.8 del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024, titulado “Desarrollar el proyecto para la creación de la Comandancia del Ejercito y su Estado Mayor”.

Explicaron que la creación de una nueva área se sustenta en los artículos 14, fracción IX, y 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos donde “se instruye y se autoriza a implementar las acciones necesarias para crear la Comandancia del Ejército Mexicano, a fin de que contribuya en la capacitación, administración y desarrollo de la fuerza armada en beneficio de nuestra nación”.

Presencia de los cárteles en la ruta del Tren Maya y procesos de violencia

Violencia y gobernanza criminal: ¿qué hay detrás de las estructuras criminales y comerciales del narcotráfico?

Los investigadores mencionaron que, la consultora Stratfor estableció que en los estados donde será implementado el Tren Maya, prevalecen dos dinámicas: la primaria es que, en Chiapas Tabasco, Yucatán, Campeche y una porción de Quintana Roo, hay una disputa entre restos del Cártel del Golfo y de Los Zetas.

La segunda describe que, en las zonas de mayor actividad turística de Quintana Roo asociadas con la Riviera Maya tienen participación tanto las organizaciones de mayor tamaño y consistencia -Cartel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)- como restos de otras -Los Zetas-.

Investigaciones recientes han detectado la presencia del CJNG en la franja que sube de El Salvador hasta Chiapas, ocupándose por el momento de negocios distintos al trasiego de drogas para no llamar la atención de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, mencionaros los estudiosos.

A ello se suman otros fenómenos de violencia, como son las agresiones a mujeres y los feminicidios, ambos están asociados con actividades económicas vinculadas con los megaproyectos de infraestructura y algunas de sus modalidades específicas, como la extracción de hidrocarburos y su traslado, o el turismo.

Aunado a ello, distintos puntos de la Península, Chiapas y Tabasco destacan en la ruta de tráfico de niñas, niños y mujeres con objetivos de explotación laboral y sexual.

Chiapas: turismo, violencia y militarización

Militares de la Guardia Nacional en operativo para detener migrantes en la frontera sur. Foto: Cortesía

Los expertos especificaron que, en Chiapas los procesos de violencia están asociados a su condición de ruta migrante y la creciente presencia de estructuras de la economía criminal que controlan esos tránsitos, y que despojan y violentan a las poblaciones en movilidad.

Al mismo tiempo, mencionaron que la puesta en marcha de programas sociales como Sembrando Vida ha sido aprovechada por grupos delictivos para extorsionar a la población que obtiene estos beneficios. Han reportado casos de secuestro y reclutamiento de personas migrantes por parte de estas organizaciones en la Frontera Sur.

Aunque las problemáticas referidas no tienen lugar en la zona de implantación del Tren Maya (Zona Norte), anuncian su profundización en virtud de los mercados que se abrirán atrayendo a las actividades ilícitas. Aun así, la actuación de grupos armados, en un contexto de incremento de violencia, han provocado un desplazamiento forzado interno en el estado de alrededor de 10 mil personas desde 2006 a la fecha, indicaron los investigadores.

Otro informe señala que, Oaxaca y Chiapas representaron el 87% del desplazamiento forzado del país en 2018, del total estimado para ese año, el 45 por ciento corresponde a personas indígenas.

Militarización de las rutas de movilidad humana

En la actualidad, la militarización en las rutas de movilidad humana es uno de los temas preocupantes, ya que el despliegue de fuerzas para controlar el flujo migratorio ha sido una constante, expusieron los académicos.

Lo anterior, desde que la administración Donald Trump, en mayo de 2019, urgió a México a detener la migración con la amenaza de imponer aranceles progresivos a todos los productos mexicanos que cruzaban al país del norte.

Revelaron que los despliegues de la GN en situaciones migratorias han tenido un grave efecto sobre la salvaguarda de los Derechos Humanos de la población en movilidad, burlada de manera clara mediante: dificultades en el acceso a los servicios estatales, la aplicación generalizada y condiciones de su detención, y la situación de inseguridad y xenofobia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones contra los abusos a la población migrante cometidos por esta nueva fuerza.

En la Recomendación 50/2020, el organismo autónomo señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas, en tanto que la GN se “extralimitó” al ocuparse de la revisión y detención de personas en contexto de movilidad.

Por otro lado, mencionaron que Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA en su visita a Chiapas el pasado 28 de agosto, declaró que las Fuerzas Armadas mexicanas habían completado “una serie de actividades operativas” en la Frontera Sur que tenía como “principal objetivo detener toda la migración”, por lo que en todo el estado había “más de 14 mil elementos del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional” realizando los operativos.

A su vez, la Universidad Iberoamericana a través de su Programa de Seguridad Ciudadana, presentó un análisis de datos obtenidos por solicitudes de acceso a la información, revelaron que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 las FFAA y la GN detuvieron a 152 mil personas migrantes en la Frontera Sur del país.

En ese mismo periodo, la Unidad de Política Migratoria reportó que 193 mil 640 personas migrantes fueron presentadas ante la autoridad migratoria, esto sugiere que “más del 78 por ciento de las detenciones de personas migrantes en México durante este periodo fueron realizadas por militares o elementos de la militarizada Guardia Nacional”.

Los investigadores afirmaron que, con los datos proporcionados por el titular de la SEDENA en dicha visita, permiten saber que en Chiapas hay 10 cuarteles de la GN, ubicados en Villaflores, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil y Palenque.

Por último, agregaron que el próximo año habrá 6 cuarteles más en Cintalapa de Figueroa, Arriaga, Acacoyagua, Altamirano, Palenque y Solistahuacán.

*Académicos:

• Ana Esther Ceceña
• David Barrios
• Alberto Hidalgo Luna
• Sandy Ramírez
• Yetiani Romero
• Adriana Franco
• Bianca Bachelot
• Melissa López
• Alma Daniela Garduño