Desde Ginebra, exigen poner fin al proceso de criminalización hacia defensores comunitarios de Chilón

A un año del inicio del hostigamiento judicial contra José Luis Gutiérrez y César Hernández, defensores comunitarios, el Observatorio (OMCT-FIDH) y ACAT Francia exigen el retiro de los cargos en su contra. Cortesía: OMCT

La protesta surgió por la falta de una consulta previa, libre, informada y traducida al tseltal de la construcción de dicho cuartel en la comunidad Bachajón. Argumentaron una violación a los estándares regional e internacional en materia de derechos humanos

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia) exigieron el retiro de cargos en contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, defensores comunitarios detenidos por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón en 2020.

En la protesta de hace un año, 300 agentes de la policía estatal y municipal hirieron a once personas de la comunidad, dañaron vehículos particulares, sin olvidar, las amenazas e intimidaciones posteriores contra las personas participantes y observadores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización. Cortesía: Frayba

Las organizaciones señalaron la detención arbitraria de Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano, quienes fueron golpeados y acusados de «motín». En diferentes ocasiones, ambos han denunciado de manera pública y ante el juez de control haber sufrido actos de tortura en las primeras horas de su detención.

A un año. José Luis Gutiérrez y César Hernández son hostigados penalmente por ejercer su derecho a la protesta, a pesar de haber logrado la prisión preventiva el 1 de noviembre de 2020, expusieron.

Desde esa fecha, los defensores comunitarios están obligados a presentarse cada 15 días ante el Juzgado de Control en Ocosingo. Además, tienen prohibido salir de Chilón. Mientras tanto, la carpeta de investigación por tortura interpuesta en la Fiscalía de Justicia Indígena no demuestra avances, inclusive el ministerio público argumentó que dichas lesiones fueron producidas por ellos mismos. De lo anterior, la parte defensora comentó la existencia pruebas visuales sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ejercido por parte de los cuerpos de seguridad.

Este proceso, ha generado un profundo impacto económico y psicológico en las victimas como a sus familias, quienes se han visto obligadas a vender sus medios de subsistencia para sufragar los gastos de las visitas periódicas a los juzgados y otros relacionados con la  medida cautelar. Por ello, el Observatorio y ACAT Francia urgieron a las autoridades para poner fin al proceso de criminalización contra José Luis Gutiérrez y César Hernández, por vía de la resolución judicial e investigar las alegaciones por tortura de manera inmediata.

Militares de la Guardia Nacional en operativo para detener migrantes en la frontera sur. Foto: Cortesía

Al mismo tiempo, garantizar a las personas que defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas puedan ejercer de manera libre y luchar por sus derechos humanos.

Para finalizar, el Observatorio y ACAT Francia hicieron un llamado a las autoridades competentes a implementar los estándares regionales e internacionales de derechos humanos relativos al uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública.

Incluyendo el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, con el fin de garantizar el derecho de reunión pacífica, así como los derechos a la integridad física y a la vida de quienes legítimamente ejercen su derecho a la libertad de reunión, concluyeron las organizaciones.

Detención

El pasado 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó del tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la GN, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón. Durante los hechos, Hernández Feliciano y Gutiérrez Hernández, fueron privados de manera arbitraria de su libertad, torturados e incomunicados. Al igual que, 11 personas más, quienes resultaron heridas.

Los defensores comunitarios fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01 en Cintalapa, y vinculados a proceso por el delito de motín, sin considerar las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos.

Vulneración al derecho a ser consultado

Ejidatarios y ejidatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón realizan denuncia. Cortesía: Frayba

El Frayba y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)  reflexionaron sobre el caso de la construcción del cuartel general en Chilón. Recordaron la obligación tanto del estado o particulares de realizar una consulta hacia los pueblos alrededor de un proyecto, para después dar o no un consentimiento de manera libre e informada.

Explicaron la forma organizativa de los pueblos originarios bajo la autoridad máxima denominada “La Asamblea”, figura contemplada en las leyes mexicanas. No obstante,  los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad, al no generar los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada.