Tapachula: la Ciudad-Prisión

Migrantes buscan en las caravanas una salida. Foto: Ángeles Mariscal

Un sistema migratorio corrupto y colapsado hace salir a miles de migrantes en caravana para escapar de Tapachula y tener una oportunidad de supervivencia

Más de 55 mil migrantes de diferentes nacionalidades se encuentran atrapados en la ciudad de Tapachula -una pequeña urbe de la frontera sur de México-, con la promesa de refugio en este país, mediante la que se intenta contener la ruta hacia Estados Unidos.

Pero como toda promesa que se hace sin fundamento, no logró detener a quienes por meses han esperado, sin éxito, en condiciones de alta precariedad, el estatus de refugiado. Ahora revive la figura de las caravanas migrantes que durante días recientes han salido de manera continua, para intentar escapar de lo que  migrantes y organizaciones llaman “ciudad prisión”. La respuesta de las autoridades ha sido la represión.

“Hay gente que nos pide plata”

Gibson duerme sobre un cartón que colocó en una de las aceras de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados (Comar). Procedente de Haití, en julio pasado entró a México por la frontera sur, llegó a la ciudad de Tapachula y “se entregó” a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), a quienes explicó que huía de su país por la violencia que se incrementó con el asesinato de su presidente, y por la pobreza.

Inició el proceso legal para ser candidato a refugiado, y poder vivir en este país porque en el suyo, su vida corre riesgo. Mediante un correo electrónico, la Comar le notificó que la cita para su primera audiencia se programó para el día 8 de diciembre; es decir, debe esperar tres meses para que las autoridades migratorias escuchen su petición, a partir de ahí podría ser citado dos veces más, antes de que se emita una respuesta.

Los 100 dólares con los que Gibson llegó a México se le acabaron a los pocos días, intentó entonces conseguir algún trabajo, pero la respuesta de posibles empleadores es que no pueden contratar a migrantes que carecen del estatus de refugiado o tengan algún otro tipo de visa. En el comercio informal tampoco encontró una solución, porque ya miles como él recorren las calles de Tapachula vendiendo agua, o algún otro producto.

Sin otro medio de subsistencia, sin recursos para rentar un cuarto, no tuvo otra alternativa que sumarse a los cientos de migrantes que duermen en las calles de esa ciudad. Él escogió la acera de la Comar, para ver si podía hablar con alguna persona que le ayudará a agilizar su trámite. Entonces no solo encontró dilación, sino corrupción.

“Nos dicen que el trámite es gratis, pero hay gente que nos pide plata para entrar, hay gente que nos dice que debemos tomar un abogado para el trámite”. La historia de Gibson no es única, migrantes solicitantes de refugio, explican las tarifas que de manera extraoficial, les piden personas que “gestionan” ante el personal de la Comar o el INM: 1 mil 300 dólares por una visa humanitaria, o entre 4 mil o 5 mil por el estatus de refugiado. Si no tienen el recurso, deben esperar meses, o hasta un año. Y si salen de la ciudad de Tapachula, les advierten que darán por abandonado el proceso y serán deportados a sus países de origen.

¿Quién gestiona las visas o “agiliza” los trámites? “Los abogados”, explica Damiana, una hondureña que renta un cuarto habilitado como  tienda, a unos cuantos metros de las oficinas de la Comar.

“Ellos entran y salen de las oficinas todos los días, a cada rato. Yo acá los veo, veo como los migrantes que si les dan dinero, salen beneficiados con los trámites rápidos. Para que eso pase, tienen que darles su comisión a los que hacen los trámites en la Comar, eso es lo que acá les dicen a los migrantes, eso es lo que hemos visto; y pues eso no es justo porque mire cuánta gente hay afuera durmiendo en la calle porque no tienen dinero para darles, mire cuántos niños”, lamenta la mujer.

Migrantes atrapados en Tapachula. Foto: Ángeles Mariscal

Sin presupuesto, ni personal suficiente: refugio colpsado

Aún sin corrupción, el sistema migratorio de atención a solicitantes de refugio se encuentra colapsado. Enrique Vidal, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, explicó que en términos prácticos, simplemente no hay personal para atender las solicitudes de las miles de personas que entran al país.

Las cifras de la Comar lo avalan. En los primeros 8 meses de este año, recibió en la ciudad de Tapachula 55, 005 solicitudes de personas solicitantes de refugio. Esto significa que su personal en esa ciudad debe procesar cada día, en promedio, 226 nuevas solicitudes, que se suman a las que aún están en trámite.

Su personal debe realizar entrevistas de fondo, a migrantes que tienen altos impactos emocionales por la violencia que vivieron en sus países, y en el caso de la población haitiana, las entrevistas deben ser en los idiomas criollo o francés.

“Aunque tenemos un protocolo, escuchar tantas historias cada día, tantas historias terribles de hombres y mujeres que dicen haber sufrido múltiples actos de violencia; analizar si todo es verídico, pedirles pruebas, decidir quién merece el estatus de refugiado y quién no, es humanamente imposible”, explica un trabajador de la Comar, quien pide el anonimato.

Explica que los pocos minutos que pueden destinar a cada entrevista, es insuficiente para entender qué pasa en cada migrante en particular; que aún cuando hay psicólogos y especialistas, y un procedimiento a seguir, no hay suficiente personal para garantizar una atención expedita y adecuada; “y eso no es culpa nuestra, es simplemente que falta personal en la institución.

Esta dependencia ha luchado para que se le asigne un presupuesto suficiente; en 2019 se le quitó el 20 por ciento del mismo, en comparación con el año anterior, quedando sólo en 20 millones de pesos. Para 2020 se duplicó a 47 millones; y en 2021 alcanzó 50.8 millones de pesos.

Sin embargo, en el 2020 se recibieron 41 mil 155 solicitudes de refugio en todo el país, y en lo que va del año 77 mil 559. De seguir con esta tendencia, al término de 2021 la cifra de solicitantes de refugio podría multiplicarse por tres en relación a las recibidas el año anterior. Estas se atienden prácticamente con el mismo presupuesto -y personal- que el año anterior.

“Hay una llegada histórica de personas migrantes a México, producto de las crisis sistémica que viven sus países de origen, y el gobierno mexicano no ha fortalecido al sistema migratorio en presupuesto y personal”, señala Enrique Vidal.

En el caso de quienes decidieron iniciar una caravana para salir de la ciudad de Tapachula, explicó que esperaron durante muchísimos meses la respuesta a sus trámites, pero a la mayoría se les dio cita hasta el mes de enero.

La “ciudad prisión”

Según la Comar, en el segundo párrafo del artículo 24 del reglamento de la Ley Sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, se establece que las personas solicitantes deben permanecer en la entidad federativa en la que iniciaron el procedimiento. Si abandonan esta ciudad y no asisten a las citas que se les asignan, se considerará que la persona solicitante de asilo o refugio, abandonó el trámite.

En los hechos, el personal del INM viola este precepto, porque aún cuando tienen derecho a transitar por el estado de Chiapas, a las personas migrantes solicitantes de refugio no se les permite salir de la ciudad de Tapachula.

La prueba de ello no solo son las detenciones que cada día se hacen de solicitantes que abordan autobuses para llegar a la capital de Chiapas; sino la represión de que han sido objeto quienes han salido en las caravanas que han salido de Tapachula en semanas recientes.

Dos fueron detenidas cuando llegaron al municipio de Mapastepec, mediante operativos donde la Guardia Nacional (GN) y agentes del INM hicieron un uso de la fuerza; otra más fue dispersada cuando transitaba a la altura del municipio de Huixtla, y una más se encuentra en tránsito.

Esto los obliga, señala Enrique Vidal, a permanecer en Tapachula, “donde se vive una crisis humanitaria grave por hacinamiento, falta de servicios básicos, y el deterioro paulatino pero generalizado en la salud física y emocional de las personas migrantes que viven una situación de salud precaria”.

“¿Que quieren que hagamos entonces? No quieren que nosotros nos vayamos, no quieren que nosotros vendamos ¿Qué vamos nosotros a hacer? (…) Si no quieren que vendamos, si no quieren que nosotros nos vayamos, y no nos quieren entregar los papeles, ¿qué quieren entonces?”, se pregunta Watson, un migrante haitiano quien junto a su familia intenta ganarse la vida vendiendo refrescos por las calles de Tapachula.

Cada día, tienen que correr y esconderse de las autoridades municipales que les cortan el paso, porque aseguran que su actividad afecta el comercio de otras personas de la ciudad. Watson dice que está atrapado, que no encuentra salida, que ha pensado en unirse a las caravanas, pero que por otra parte, quiere continuar con el trámite de refugio en la ciudad de Tapachula.

Sin embargo, sin posibilidad de trabajo, sin medio de subsistencia “¿qué hacemos?, dime ¿qué hacemos?”,  cuestiona como para sí mismo, con desesperación, la víspera de que saliera de la ciudad de Tapachula la cuarta caravana migrante.