Nosotras, mujeres que habitamos en México, conocemos la violencia patriarcal y económica, la miseria y la impunidad que hace huir con sus hijas e hijos en brazos a cientos de miles de mujeres haitianas, centroamericanas, venezolanas, mexicanas, de todo el mundo, que hoy se hallan atoradas en el tránsito hacia el norte del continente, víctimas del aparato de Estado o las redes del coyotaje que las acecha para violentarlas en muchas formas crueles. Mujeres, niñas y niños que buscan asilo y se encuentran más bien presas en centros de internamiento o cárceles para migrantes que se pagan con nuestros impuestos, lo mismo en Tapachula (la ciudad cárcel como ellas le llaman) que en Iztapalapa o Tijuana.

Nos hemos enterado con indignación y dolor de las deportaciones que el gobierno mexicano realiza ilegal y masivamente contra familias migrantes, también con nuestros impuestos, que pagamos muchas con las remesas de nuestras madres, de nuestras hijas e hijos, de nuestras hermanas y hermanos o compañeras y compañeros que viven indocumentados del otro lado del muro. Nos parece una forma concreta de violencia patriarcal por parte de las instituciones del Estado mexicano la separación de familias que realiza el Instituto Nacional de Migración en los aeropuertos mexicanos, en la frontera sur o en las diferentes rutas migratorias. Hemos sabido de muertes de niñas y jóvenes en centros de detención para migrantes, cuando estaban bajo la tutela judicial del gobierno mexicano.

Y ahora, en plena era COVID-19, presenciamos la violencia frontal contra las infancias en movimiento, niñas y niños migrantes arrancados de sus madres y padres, de sus unidades familiares, cuando intentaban caminar en caravana por el sur de México para salir de la ciudad cárcel de Tapachula.

Por todo ello, repudiamos la violencia legalizada, pero no legítima, de la Ley de Migración mexicana y

su implementación con prácticas de odio y crueldad contra nuestras hermanas migrantes y sus hijas e hijos, repudiamos la violencia de Estado que las instituciones mexicanas, que no nos cuidan a ninguna y contribuyen a la impunidad cotidiana de los 11 feminicidios por día en este país, ejercen contra familias que deberían ser abrazadas por mecanismos que interpongan el interés superior de la niñez a la nacionalidad de las y los pequeños que caminan con sus familias. Toda persona migrante debería ser protegida y no violentada por el gobierno mexicano y sus agentes. Es sumamente preocupante y condenable la forma violenta en la que está actuando el gobierno mexicano contra las familias migrantes.

Las mujeres mexicanas y del mundo que firmamos este breve manifiesto interpelamos al ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a todas las mujeres que participan en el gabinete, al funcionariado del Instituto Nacional de Migración, a las y los pocos agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a que se respeten y protejan las vidas de todas las personas migrantes. Exigimos alto inmediato a la violencia legal, militar y policial contra familias que, como muchas y muchos integrantes de nuestras comunidades, hoy viven desplazadas por la violencia o la miseria del otro lado del muro en Estados Unidos.

Demandamos alto a la violencia de Estado contra quienes huyen de la violencia neoliberal. No en nuestro nombre. Exigimos libertad de movimiento para las familias migrantes en México.

Firmamos este mensaje además para repudiar la violencia, para abrazar el caminar de personas migrantes y refugiadas, sobre todo como un ejercicio de ternura, de hospitalidad radical, para reconocer la valentía y el coraje de nuestras hermanas y sus hijas e hijos que buscan, migrando, una vida que se pueda vivir y celebrar, como de por sí todas en este país buscamos alcanzar.