Joven es sentenciando a más de 31 años de prisión pese a ser víctima de abuso y falsificación de documentos
*El 06 de septiembre de 2021, Yonny fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión, por un juez del distrito judicial de Villaflores, quien no valoró las pruebas de una investigación cargada de violaciones a los derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), investigó y documentó la utilización ilegal de las identificaciones de Yonny Ronay Chacón González, ante un contexto donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) son cómplices en la falsificación de pruebas de personas inocentes.
Mencionó que, el 13 de marzo del 2019, Yonny Ronay fue detenido de manera ilegal, traía consigo diferentes pertenencias entre ellas su credencial de conducir, posterior a ello, fue torturado por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la FGE.
Para el 14 de marzo de ese mismo año, Chacón González fue exhibido por medios de comunicación con fotografías obtenidas por la FAI, como integrante de una banda de la delincuencia organizada, en posesión de armas de grueso calibre y responsable de un homicidio en Villaflores, esto violó su presunción de inocencia.
La FAI determinó el 15 de marzo, darle la libertad alegando que, de acuerdo con la investigación le encontraron un arma blanca del tipo de navaja multiusos. Pero, horas antes la Fiscalía de Distrito Fraylesca (FDF) le realizó actos de investigación por otros delitos.
Al salir de la unidad, el Centro denunció que Yonny Ronay fue detenido, ahora con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, hasta ese momento le atribuyeron de manera legal una responsabilidad sobre los hechos, es decir, la FGE fabricó al culpable 24 horas antes.
El Frayba cuenta con documentación donde se revela que, el día del homicidio, el joven se encontraba en otro municipio del estado, y con testimonio material en el que se acredita la tortura física y psicológica como la privación arbitraria de libertad.
Dichos indicios se encuentran dentro de la carpeta de investigación integrada por certificados médicos que comprueban las lesiones que le causaron, además de testimonios de los familiares que lograron verlo cuando se encontraba detenido.
El Centro de Derechos destacó que, Chacón González fue vinculado a proceso el 21 de marzo, por el delito de homicidio calificado. Pero, fue hasta el 21 de octubre que la FDF le imputó el delito de robo y lo vinculó a proceso.
Durante la audiencia, Yonny Ronay denunció actos de tortura que sufrió durante su detención y señaló al fiscal del ministerio público como uno de sus perpetradores, expuso el Frayba.
Por otro lado, mencionó que el 23 de abril de 2020, la FAI detuvo de manera ilegal a dos personas, también fueron torturados en el sótano de la institución, y les atribuyeron un robo ejecutado con un arma de fuego el día 24 de abril del mismo año en Tuxtla Gutiérrez.
En esa investigación, la FAI utilizó de manera ilícita la credencial de Yonny Ronay para fabricar un testimonio y falsificó su firma para incriminar a estas personas, pues en la fecha de estos hechos, ya se encontraba en prisión.
El Frayba resaltó que, por las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, las dos personas aceptaron dichas responsabilidades, a cambio de reducirles la pena y recobrar su libertad por medio de una fianza. Esto no sucedió, fueron sentenciados a cuatro años y cuatro meses de prisión, pena que siguen cumpliendo.
Apuntó que la FAI transfirió el 21 de junio de 2019, la investigación a la FGR por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, donde un Juez Federal emitió un auto de vinculación a proceso por los hechos y ordenó investigar los actos de tortura que se manifestaron durante la audiencia.
En periodo del 20 agosto de 2019 al 19 de febrero de 2020, la FGR realizó actos de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos. El 17 de febrero de 2020, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 08 de Villaflores, entrevistó a Yonny Ronay, relató que era imposible que fuera testigo de esos hechos, ya que en ese se encontraba detenido.
El Centro de Derechos agregó que, en la investigación de la FGR, no se localizó a las supuestas víctimas y testigos referidos por la FAI.
Aunado a lo anterior, en el lugar de los hechos, existían cámaras del C5 que pudieron grabar los hechos, esto obstruyo el informe de la FAI, quien argumentó la inexistencia de los aparatos de grabación.
Por estos escenarios, la FGR determinó que “en estas circunstancias y al no encontrarse debidamente corroborado que (…), participó en la comisión del hecho señalado como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército (…) sino más bien que se simularon pruebas en su contra”, por lo que cerraron la investigación.
Es decir, que la FGR concluyó que el delito de portación de arma de fuego fue fabricado por la FAI, así como el robo ejecutado con violencia, delito por el cual estas personas actualmente se encuentran sentenciadas, puntualizó el Frayba.
Manifestó que por estos hechos, se configuran los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público y falsificación de documentos, que se encuentran previstos en el Código Penal Federal, así que corresponde a la FGR investigar a los funcionarios públicos de la FAI que incurrieron en estas acciones, lo que hasta el momento no se ha realizado.
El Centro de Derechos declaró que, la Secretaría General de Gobernación y la Dirección de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, tienen conocimiento de los hechos, pero hasta el momento no han intervenido para cesar el conjunto de violaciones a derechos humanos hacia estas tres personas.
La comisión de una serie de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad e integridad personal, entre otras violaciones a los derechos humanos representan una acción criminal de parte del gobierno del estado de Chiapas hacia la población, representando una política de investigación penal que constituye la instalación de una fábrica de delitos y culpables, concluyó el Frayba.
En Chiapas debe haber justicia verdadera
¿Existe la justicia en Chiapas?, se cuestiona la familia Chacón González, quienes han sido testigos y víctimas de lo mal que esta el sistema de justicia en el estado. Dieron a conocer que, Yonny Ronay, un joven de 22 años, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, tenia deseos de superación y ganas de forjarse un buen futuro, le encantan los animales y su sueño era ser ingeniero mecánico automotriz.
Indicaron que su pesadilla, comenzó el 13 de marzo de 2019, cuando fue detenido de manera ilegal en un retén colocado en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, alrededor de las 19:00 horas, regresaba de hacer una tarea de la universidad.
Mencionaron que, fue trasladado a la Fiscalía de Alto Impacto, donde lo mantienen incomunicado y lo torturan con el fin de declararse culpable de un delito que no cometió, fotografiado junto con otras personas frente a una mesa con armas puestas por la policía y son difundidas en redes sociales como una noticia, refiriéndose a ellos como delincuentes y asaltantes, mostrando sus rostros descubiertos, nombres y direcciones completas.
¿Por qué consideramos que es una injusticia?, porque es inocente del delito que lo acusan, hubo muchas violaciones a sus derechos humanos, desde su detención ilegal, mostrarlo como un delincuente públicamente cuando no lo es, lo torturaron, porque a pesar de tener pruebas de su inocencia estas fueron desechadas arbitrariamente por parte del juez y no solo eso, mi hermano en su audiencia menciono todo lo que le habían hecho (…) y el juez ni siquiera lo tomó en cuenta, dijo la hermana de Yonny Ronay.
Han pasado casi tres años desde su detención, tiempo en el que la familia ha luchado por demostrar su inocencia y lograr su libertad, además notaron la decepción en el rostro del joven por la injusticia y ver sus sueños rotos.
El mismo tiempo en el que, la madre de Yonny Ronay ha envejecido de la preocupación y tristeza, con la esperanza de verlo libre. Por desgracia, el 01 de septiembre de 2021, se realizó la audiencia, a pesar de todo lo que han hecho para demostrar su inocencia, fue declarado culpable y sentenciado a 31 años y medio de prisión.
Esto dejo a la familia Chacón González con una profunda desesperación y coraje al saber que no existe la justicia, y que solo importan los números para hacer creer que Chiapas es el lugar más seguro, cuando no es así.
Hoy pedimos justicia y libertad para nuestro hermano, para que pueda recuperar su vida, sus sueños y mi madre al fin pueda sonreír. Para que nuestra familia este completa de nuevo (…) pedimos ser escuchas y atendidas, en nuestra demanda de justicia, sin que el Estado u otros actores tomen represalias en contra de nosotras, de mi hermano o cualquier familiar, enfatizó la hermana del joven.
Por último, exigieron justicia para aquellas víctimas que han sido culpadas de manera injusta siendo inocentes, como a las dos personas que fueron sentenciadas con el testimonio fabricado de su hermano.
No comments yet.