CIDH condena uso excesivo de la fuerza contra migrantes; alarma utilización de aparatos para dar toques eléctricos

Cuentos de uniformados armados contuvieron el paso de la caravana migrante. Foto: Ángeles Mariscal

*La CIDH manifestó su preocupación por las agresiones cometidas por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Ejército y Grupos Beta en contra de personas que integraron caravanas migrantes durante agosto y septiembre en Chiapas. Así mismo, hizo un llamado al Estado mexicano para sancionar a quienes resulten responsables y adoptar las medidas necesarias que eviten la repetición de dichos hechos.

Por Redacción Alma Martínez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de personas que integraron caravanas de migrantes durante agosto y septiembre en Chiapas e hizo un llamado al Estado mexicano para investigar con diligencia los hechos de violencia contra esta población y sancionar a los agentes estatales que resulten responsables.

La CIDH señaló que entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre se formaron al menos cuatro movimientos migratorios mixtos (también conocidos como «caravanas de migrantes») en los cuales se desplazaron mujeres y grupos en especial situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas embarazadas y afrodescendientes con necesidades de protección internacional.

La formación de dichos movimientos derivó de las demoras prolongadas en la resolución de los procedimientos de asilo o de protección, así como de la falta de acceso a servicios estatales y al ejercicio de otros derechos humanos en los estados del Sur de México.

Detalló que, de acuerdo con la normativa vigente, las personas que solicitan asilo o protección deben esperar la resolución de sus procedimientos en la entidad federativa en que presentaron su solicitud, como consecuencia de ello, la falta de oportunidades de integración en dicha región agudizó la situación de vulnerabilidad de las personas en movilidad.

La CIDH expuso mediante diversos videos publicados en redes sociales los operativos para impedir su paso hacia la frontera Norte del país por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), instituciones que utilizaron la fuerza en los operativos de control migratorio en contra de las personas que integraban los movimientos. Además, en dichos operativos participaron también elementos del Ejército y de los Grupos Beta.

Respecto al uso excesivo de la fuerza, dijo que se dieron enfrentamientos que culminaron en agresiones y golpes en contra de la población en movilidad, a través de videos publicados, las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron escudos y toletes de seguridad para golpear en la cabeza y otras partes del cuerpo a las personas que se desplazaban, sin que estas tuvieran la posibilidad de defenderse.

En cuanto a las detenciones, la Comisión indicó que estas se llevaron a cabo con excesivo uso de la fuerza e incluyeron a familias enteras, y a niñas, niños y adolescentes. Al respecto, organizaciones señalaron que documentaron casos de personas que luego de ser detenidas fueron expulsadas hacia Guatemala.

En este sentido, señaló su preocupación por los reportes de las organizaciones de sociedad civil sobre el uso de aparatos para dar toques eléctricos a personas detenidas, presuntamente con el fin de obligar a abordar autobuses, previo a expulsarlas del país.

La CIDH mencionó que el 13 de septiembre migrantes y defensores de derechos humanos organizaron una huelga de hambre para solicitar el libre tránsito de estas personas en el territorio mexicano. Asimismo, el 15 de septiembre tuvo lugar una protesta en Tapachula con el objeto de reiterar su rechazo ante la falta de adopción de medidas para agilizar la resolución de los procedimientos migratorios, de asilo o protección pendientes, así como la falta de oportunidades para acceder a trabajo e integración.

En ese contexto, la Comisión reiteró las directrices establecidas en los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas en lo relativo a que el uso de la fuerza no puede usarse como respuesta ante la formación de movimientos migratorios mixtos a gran escala. El uso de este recurso se emplearía únicamente cuando todos los demás medios de control se hayan agotado o fracasado.

Añadió que de hacer uso de la fuerza esta siempre debe ser estrictamente proporcional y necesaria para alcanzar un objetivo lícito y razonable en las circunstancias de cada caso. El Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Consideró que el personal con perfil militar no está capacitado para responder adecuadamente a las personas con necesidades de protección internacional, incluidas aquellas en situación especial de riesgo. Por ello, destacó que es necesario realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria a personas en movilidad humana, dejando únicamente el actuar de tipo humanitario a personal civil especializado.

Finalmente, conforme a las recomendaciones formuladas en el informe Debido Proceso en los Procedimientos para la Determinación de la Condición de Persona Refugiada y Apátrida, y el Otorgamiento de Protección Complementaria, la CIDH llamó al Estado a dotar a las instituciones ya existentes capacidades para procesar y decidir de manera adecuada. También, resaltó la necesidad de incorporar la perspectiva de género y enfoques diferenciados a partir de un enfoque interseccional en todas las medidas que adopte.

Agresiones

Agresión contra migrante en Chiapas (Captura de pantalla).

La agresión ejercida el 28 de agosto en contra de migrantes en Chiapas quedó captada en un video que se difundió y viralizó rápidamente a través de redes sociales. En el se muestra el momento en que un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) pisa y patea la cabeza de un migrante y otro mas le apoya, mientras que uniformados de la Guardia Nacional (GN) custodian la escena.

Organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional condenaron las agresiones que se registraron ese fin de semana en la frontera sur e hicieron un llamado al Estado mexicano para actuar con un enfoque humanitario.

Reprobamos la actuación de la @GN_MEXICO_ en la frontera sur Llamamos al Estado Mexicano a actuar con enfoque humanitario ante la llegada de personas migrantes centroamericanas y haitianas que huyen de la violencia y crisis generada por desastres naturales @m_ebrard @adan_augusto

— Amnistía Int. México (@AIMexico) August 29, 2021

Al respecto el Instituto Nacional de Migración (INM) informó el 30 de agosto mediante un comunicado de prensa que dichos agentes federales adscritos en el estado de Chiapas fueron suspendidos por su actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán.

La determinación se ejecutó con base en la Ley de Migración, la cual establece de manera puntual que “la actuación de los servidores públicos del instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la presente ley”.

Ambos agentes federales de migración fueron notificados de manera formal, el domingo 29 de agosto; al mismo tiempo se dio vista de esta determinación al Órgano Interno de Control del INM, para los efectos legales necesarios.

El INM reiteró que no toleraría ninguna conducta ajena o distinta a los protocolos y políticas del instituto en pro de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad y refrendó su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, siempre apegada al marco legal, los derechos humanos y principios humanitarios, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, el 2 de septiembre el INM mencionó que nuevamente sucedieron incidentes difundidos en redes sociales, pero esta vez no solo hacia migrantes sino también hacia integrantes de medios de comunicación, mismos que denunciaron agresiones por parte de agentes migratorios, para interferir o censurar su trabajo, así como reprimir la libertad de expresión. Por lo cual, indicó que le daría seguimiento para tomar las medidas correspondientes, a fin de que la actuación del INM se apegue a los protocolos establecidos, además de revisar el proceder de su personal en los despliegues, operativos de control y verificación, que se han llevado a cabo en Chiapas.