Desde 2018, la Diócesis advertía el crimen organizado en el control de ayuntamientos

Desde el 2018, la Diócesis que encabeza el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, advertía lo que en Pantelhó finalmente estalló…

En varias cartas y pronunciamientos en el 2018, 2019, 2020 y 2021, pedía la Diócesis de San Cristóbal d Las Casas, la intervención del gobierno estatal y federal, pues advertía la existencia de grupos civiles armados y/o crimen organizado atemorizando y asesinando indígenas en la región Altos de Chiapas. 

Pantelhó es apenas la punta del iceberg, donde en municipios de la región altos y toda la región indígena, grupos del crimen organizado y el poder político municipal se fusionaron el uno con el otro. Y que desde el 2018, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, alertó de lo que se veía venir sin que autoridad alguna interviniera para frenar lo que ahí estalló el 7 de julio.

Desde el 25 de mayo del 2018, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, alertaba ya en una primera carta de que en la región indígena de Chiapas se habían posicionado grupos ligados a actividades ilícitas se habían entremezclado ya con cuestiones políticos-electorales para el control de municipios y el control del territorio.

El documento signado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y el entonces vicario de justicia y paz, el padre Gonzalo Ituarte Verduzco, confirmaba “la existencia y actuación de grupos armados ilegales al servicio de caciques y otros poderes en muchos municipios de los Altos de Chiapas”.

“La población tiene miedo o desconfianza a denunciar ante las autoridades pues se duda que actúen en defensa de los intereses del pueblo o hasta pongan en riesgo a los denunciantes”, decía el obispo y su vicario.

Y efectivamente eso pasaba, cualquiera que se atreviera a denunciar a Los Herrera en Pantelhó, era amenazado a retirar su denuncia, obligado a abandonar su casa, sus tierras o bien eran asesinados.

En cartas como esas del 25 de mayo del 2018,  se insistió en la existencia de esos grupos civiles armados y de cómo los partidos políticos dividían y confrotaban a las comunidades indígenas que antaño caminaban en unión y armonía.

En otra carta del 27 de mayo del 2019, el Comité Diocesano de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pedía al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para atender la problemática de los pueblos indígenas, “no repetir los vicios de sexenios anteriores”.

En el documento donde abundaron sobre los riesgos de los megaproyectos, solicitaron la aplicación de programas y recursos para unir y fortalecer los lazos comunitarios y no para dividirlos y confrontarlos.

Expresiones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), conformado por feligreses de 14 de los municipios de esta Diócesis, para enfrentar y denunciar, entre otras amenazas, la acción de grupos que amenazaban sus territorios.

El 23 de abril del 2020, de nuevo cuenta el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y su entonces vicario de justicia y paz, Jose Luis Bezares Selvas, denunciaron las amenazas de grupos civiles armados en contra de actores como el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral Social de ea Diócesis, quien es identificado como un fiel acompañante de los pueblos y comunidades organizadas.

En esa ocasión alertaron de los riesgos de grupos civiles armados y la violencia que generaban entre los pueblos y las comunidades de los municipios de la región tsotsil como Chenalhó, Aldama, Simojovel, Chalchihuitán, Pântelhó, Chamula, Amatán, El Bosque y Huitiupán.

Pero también en otros más como en la zona chol de Tila, Salto de Agua y Palenque, o en la región Chab de Chilón y Sitalá. O bien en la región tseltal de Oxchuc y Ocosingo. Otros de sus territorio como Chicomuselo, Comalapa y Las Margaritas, Venustiano Carranza, Teopisca, Las Rosas y Socoltenango. Y hasta en San Cristóbal de Las Casas.

Los líderes religiosos de las diversas regiones de los Altos de Chiapas informaban al jerarca católico en San Cristóbal de Las Casas, de la violencia que estaban viviendo.

La carta del pasado 6 de julio del 2021 del obispo Rodrigo Aguilar Martínez y su equipo diocesano, un día después del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista de la parroquia de Pantelhó y expresidente de la Sociedad Civil Las Abejas; y difundida un día antes de que se conociera públicamente la irrupción armada de las Autodefensas de El Machete, una vez más insistió en la gravedad de lo que ahí pasaba.

“Varios habitantes del municipio de Pantelhó han denunciado que desde hace varios años vienen sufriendo las amenazas de personas de la autoridad municipal coludidas con el crimen organizado en la cabecera municipal y diferentes comunidades del municipio de Pantelhó. Así como asesinatos de personas que han quedado sin que aplique justicia”.

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La rebelión indígena del 7 de julio expresada con el grupo de Autodefensas de El Machete y respaldada por más de 80 comunidades indígenas tsotsiles y tseltales, fue apenas el inicio para liberar a este municipio de los Altos de Chiapas de un grupo organizado que saqueó los recursos públicos municipales del Ayuntamiento de filiación perredista.

A casi un mes de haber estallado el conflicto en Pantelhó, las autoridades estatales y federales en Chiapas, apenas empezaron los primeros acercamientos con los indígenas tsotsiles y tseltales, bases de apoyo del grupo de autodefensa de El Machete para conocer sus demandas que por casi 20 años los llevó sufrir amenazas, intimidaciones, asesinatos y desapariciones por un cacicazgo político local que los mantuvo raya, hasta que se rebelaron.

El martes pasado se instaló en Pantelhó, una mesa de diálogo con funcionarios estatales y federales para plantear sus demandas, entre las que destacan la captura y desaparición del grupo de sicarios, Los Herrerra, que operaba en este lugar y la expulsión de las  autoridades municipales constitucionales, para así ellos instalar su propio gobierno.

Por parte de los pueblos y comunidades indígenas se sentaron en la mesa de diálogo, una comisión de 20 personas integrada por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, representantes y agentes de las diversas comunidades, así como Pedro Faro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

En la comisión gubernamental llegaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, como Leonel Reyes, José Juan Ulloa Pérez, por parte del gobierno federal estuvo la coordinadora de la comisión para el diálogo con los pueblos y comunidades indígenas de la Subsecretaría de Gobernación, Josefina Bravo.

En el marco de la mesa de dialogo del pueblo de Pantelhó con el gobierno federal y estatal, los indígenas a nombre de las más de 80 comunidades expusieron sus demandas, entre las primeras: “que el gobierno reconozca que en Pantelhó hay un problema, que es la existencia de un crimen organizado en el Ayuntamiento”.

A su vez, pidieron también Justicia para las víctimas de ese grupo del crimen organizado, que implica la investigación, detención y castigo a los responsables de los crímenes perpetrados.

La comisión de diálogo de Pantelhó pidieron al gobierno estatal y federal ser reconocidos como pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres.

También exigieron la Auditoria a los recursos públicos que le han sido asignados al ayuntamiento de este municipio de Pantelhó en el periodo de Santos López Hernández y Delia Yanet Velazco Flores, del 2018 a la fecha.

Los indígenas tsotsiles pidieron al gobierno estatal y federal prohibir las cantinas y venta de drogas, es decir que se declare al municipio de Pantelhó libre de alcohol y drogas.

También demandaron la renuncia de la alcaldesa actual interina, Delia Yaneth Velasco Flores. Y advirtieron que no van a permitir que su esposo, el alcalde electo Raquel Trujillo Morales, asuma el cargo a la presidencia municipal el 1 de octubre próximo.

Los representantes y agentes de las más de 80 comunidades se rebelaron en contra del grupo armado que operaba desde esta cabecera municipal que encabezaban los hermanos Dayli De los Santos y Rubén Estanislao Herrerra Gutiérrez. El grupo armado fue creado por el padre de ambos Austreberto Herrera Abarca, preso desde agosto del 2019.

Los Herrera controlaban el ayuntamiento municipal donde Austreberto era juez municipal desde hace más de 15 años. Decidía quién era el alcalde en funciones y controlaba los recursos municipales. Las comunidades no podían protestar o exigir obra pública porque eran amenazados o asesinados, denunciaron los pobladores, hasta el 7 de julio que decidieron echarlos de la cabecera municipal.

Hoy Pantelhó, está sitiado o tomado por grupos de hombres civiles que patrullan las calles, pero además están acá miembros del ejército, Guardia Nacional y la policía estatal.

Los indígenas que mantienen el control ahora de Pantelhó, le han advertido desde que inició el conflicto, que ellos no se alzaron contra ellos ni contra el gobierno estatal o federal sino en particular contra el grupo criminal y el ayuntamiento municipal.

Un tema que preocupa a Josefina Bravo, coordinadora de la comisión para el diálogo con los pueblos y comunidades indígenas, de la Subsecretaría de Gobernación,que encabeza Alejandro Encinas, es el de 21 personas detenidas por el grupo de Autodefensa El Machete el pasado 26 y 27 de julio.

Las 21 personas que fueron sacadas de sus viviendas de manera forzada, son personas vinculadas, según sus captores al grupo de Los Herrera o bien al “narco ayuntamiento perredista”.

Fueron llevados a la plaza central donde fueron amarrados de las manos y expuestos públicamente ese 27 de julio y más tarde fueron sacados de la cabecera municipal aunque hasta ahora se sepa el paradero de todos de ellos. Y tanto las Autodefensas El Machete como los miembros de la comisión indígena de diálogo han querido decir nada sobre estas personas.

Mientras tantos sus familiares, madres, esposas, hijas y hermanas, buscan la forma dentro de la mesa de diálogo se exija que sean liberados o al menos puestos a disposición de alguna autoridad para descartar delito alguno que hayan cometido.