Sistema de justicia opera como dispositivo de reproducción de violencia hacia las mujeres

Estudiantes detenidos. Fotografía: Gobierno de Chiapas

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció el 28 de noviembre de 2018, al estado mexicano por violentar la integridad personal, dignidad, vida privada, prohibición de tortura, no discriminación por género, libertad personal y garantías judiciales de once mujeres, en el caso “Víctimas de tortura sexual en Atenco vs México”.

*Uno de los componentes de la reparación del daño, en estos casos, es la garantía de no repetición. 

Colectiva Cereza dio a conocer que, el gobierno de Chiapas desplegó el 18 de mayo de 2021, un operativo con el que sus agentes de seguridad quebraron la posibilidad de no repetición, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y abrieron un caso más de responsabilidad internacional de México.

Señaló que, en el país, el sistema de justicia penal más que buscar la verdad y reparación de daños, opera como dispositivo de control social, reproducción de exclusión social y violencia contra las mujeres.

La Colectiva explicó que, en un operativo policiaco, agentes de seguridad gasearon, detuvieron, torturaron y privaron de manera ilegal la libertad de 95 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, 74 mujeres y 19 hombres.

Enfatizó que, la Mactumactzá, emergida del proceso revolucionario en la primera década del siglo XX, se ha caracterizado por la precariedad con la cual subsisten las normales rurales, como de la hostilidad que las instituciones del Estado tienen hacia ellas.

Aquel día, las y los estudiantes tomaron las casetas en la autopista San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo para exigir un examen presencial que, de existir pertinencia cultural en las políticas públicas educativas del gobierno de Chiapas, habría sido concebido así desde el principio ante la falta de acceso de las y los estudiantes a herramientas tecnológicas y conocimientos para su aplicación, mencionó la Colectiva.

Puntualizaron que, Chiapas es una de las entidades federativas con mayor población indígena e índices de pobreza en México. A partir de esta acción, jóvenes con proyectos de estudiar, formarse de manera profesional y de ejercer sus derechos a la libertad de reunión y educación con pertinencia cultural para construir un futuro, se convirtieron, por obra de la intervención estatal, en “delincuentes” capaces de cometer atrocidades como motín, robo con violencia, y ataques a las vías de comunicación.

Salen libres 74 mujeres normalistas de «El Amate»

Mencionó que, como en el caso de Atenco, los cuerpos de las jóvenes estudiantes fueron utilizados para amedrentar, aterrorizar, dispersar la protesta y mandar un mensaje de autoritarismo por parte de las instituciones, quienes deberían de garantizar la máxima protección.

Las compañeras denunciaron agresiones sexuales como tocamientos y desnudamientos. Como en Atenco, estas acciones precedieron la puesta a disposición de las jóvenes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y, posteriormente, del Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), dijo la Colectiva.

Agregó que, el dispositivo de represión social abarcó la estigmatización pública de las y los jóvenes, y las autoridades que deberían buscar la verdad histórica, la inventaron, otra vez, como con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Es decir, tramaron relatos en los que jóvenes estudiantes provenientes de contextos de alta marginalidad y racismo, se convierten en “pandilleras” y “vándalas”, asimismo, mediante una estrategia mediática, el gobierno intenta colocar en el sentido común la idea de que estas estudiantes son “basura social”, lo hacen para tratar de sostener una legitimidad que está en crisis desde hace tiempo.

Cuando un gobierno no mantiene su legitimidad a través del consenso, utiliza la violencia. Esto es lo que ha sucedido en el caso de la Mactu, en medio de un circo electoral, la FGE y el PJE son empleados por la elite gubernamental para criminalizar la protesta social que pueda afectar su imagen pública, acentuó la Colectiva.

Expuso que, las autoridades ponen por encima del derecho a la educación en condiciones de igualdad sustancial esa imagen, además, utilizan un modus operandi compuesto por la fabricación de delitos, la “siembra” de armas prohibidas, de drogas, y la tortura, figuras que se encuentran encajadas en la cultura y prácticas de los operadores jurídicos de estas instituciones.

Exigen la liberación de las tres mujeres indígenas quienes fueron vinculadas al rapto de Dylan Esaú.

La Colectiva compartió que, mujeres de una familia originaria de Chictón, en la incompetente búsqueda por parte de la FGE del niño Dylan, se convirtieron en “tratantes de niñas y niños”, cuando en realidad son parte fundamental de unidades familiares indígenas trabajadoras.

Al mismo tiempo, mencionaron que, el país atraviesa una violencia estructural, racismo y violencia contra las mujeres, reafirmó que, el aparato de justicia, se convierte en un dispositivo de control social que oprime a sectores de población excluidos, como son las mujeres indígenas y los pueblos originarios.

“Si tocan a una, respondemos todas”

El movimiento organizado de mujeres reaccionó de forma inmediata, entró a la disputa por remover ese relato oficial estigmatizante y su materialización, desde distintos puntos de la República, Latinoamérica y del mundo entero.

Se articuló en torno a una estrategia mediática y de acciones directas para exigir la libertad inmediata de las detenidas, para nombrarlas como lo que son “nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras compañeras, nuestras estudiantes”.

Salen libres 74 mujeres normalistas de «El Amate».
Foto: Cortesía

La Colectiva señaló que, la unión de saberes, les hizo reclamar que la libertad debe ser absoluta, sin artimañas y condiciones, y que la lucha sigue porque las cúpulas gubernamentales, temerosas de que se vea afectada su imagen en tiempos electorales, ante la conmoción causada por la indignación de ver a las estudiantes reprimidas, abusadas y encerradas, otorgó una libertad condicionada.

No queremos sus condiciones, queremos toda la justicia para todas, exigimos garantía de no repetición. Nos queremos vivas y libres, finalizó la Colectiva.

Caso Atenco

La CIDH sentenció el 28 de noviembre de 2018, al estado mexicano por violentar la integridad personal, dignidad, vida privada, prohibición de tortura, no discriminación por género, libertad personal y garantías judiciales de once mujeres, en el caso “Víctimas de tortura sexual en Atenco vs México”.

La Corte concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad se caracterizó por el uso ilegítimo, indiscriminado y excesivo de la fuerza en contra de manifestantes pacíficas, a quienes agredió mediante tortura sexual.

Caso Atenco: represión social, detenciones arbitrarias masivas y uso sistemático de la tortura. Cortesía: Cejil

Enfatizó que la tortura de las mujeres detenidas fue usada como una forma de control social, donde uso sus cuerpos como herramientas para transmitir mensajes de represión de los medios de protesta, para dispersar la misma y para asegurar que no se cuestione la autoridad del Estado.

Es absolutamente inaceptable este proceder para mantener el orden público, dijo la Corte.