Reciben 57 denuncias por delitos electorales

En el municipio de El Parral, pobladores quemaron urnas. Cortesía: Gaby Coutiño

*Destacaron la participación de la ciudadanía al emitir su derecho al voto durante la jornada electoral de este 6 de junio.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Delitos Electorales recibió 57 denuncias a partir de la apertura de las casillas, desde las 08:00 horas hasta el cierre, por parte de la ciudadanía, debido a la probable comisión de Delitos Electorales en diversas regiones de la entidad.

Señaló que la ciudadanía presentó denuncias que consideraron hechos constitutivos de delito y que motivó a que la Fiscalía de Delitos Electorales realizara una serie de investigaciones conforme a la ley, con estricto apego a derecho y respeto de los derechos humanos.

La Fiscalía enfatizó que, los municipios donde se recibió el mayor número de denuncias fue Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en la modalidad de “Solicitud del Voto por Dinero” o por algún tipo de despensa, actividad llamada “compra del voto”.

Así como acciones donde se trató de impedir el ejercicio del voto u obstaculizar la instalación de las casillas, ambos tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Electores no pudieron votar por actos de violencia

Más de 160 mil personas no pudieron ejercer su voto. Foto: Isaín Mandujano

Ante dicho contexto, es de importancia mencionar que, más de 160 mil personas no pudieron ejercer su voto, por diversos conflictos violentos no se pudieron instalaron 183 casillas. Además, en horas previas a la jornada se sumaron cuatro, por la acción de un grupo de personas armadas que robaron paquetería electoral y asesinaron a cinco personas que la transportaban.

El hecho ocurrió en Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde Juan Martín Vázquez Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), señaló a Enoc Díaz Pérez, candidato a la presidencia municipal por el partido Encuentro Solidario, de ser el artífice de la emboscada.

Díaz Pérez y junto a su hermano David Díaz Pérez, fueron detenidos, fichados y encarcelados en junio del 2008, acusados de emboscar y asesinar a tres policías estatales: Natalio Velásquez Velásquez, Julio César Hernández Cundapí e Isidro Rodríguez Díaz. Y Rodolfo Maldonado Gómez, quien fue herido.

Los uniformados habían capturado antes a los hermanos Díaz Pérez acusados de violar a una joven mujer de ese poblado. Sin embargo, fueron rescatados de la prisión horas después por un grupo armado.

En ese 2008, la procuraduría estatal los señaló a ambos de ser líderes de la peligrosa banda «Los Cacheros».

En junio de 2014, un grupo de cinco indígenas, entre estos un activista defensor y promotor de los derechos humanos, denunciaron haber sido detenidos de manera arbitraria por varias horas y torturados de manera física y psicológica.

Señalaron que a golpes fueron llevados frente al a Díaz Pérez, quien se encontraba junto a su hermano, quien se presentó como representante del gobierno del estado en ese municipio.

Grupos armados obstaculizaron el proceso de elección

En el municipio de Villaflores, ubicado en la zona centro del estado, hombres armados con palos y algunas pistolas, vestidos de blanco y a bordo de varias camionetas, intimidaron a los votantes. En el municipio Parral y Huehuetán quemaron urnas con votos.

Desde la víspera de las elecciones, por las condiciones de violencia e inconformidad social, la autoridad electoral había decidido suspender la votación en tres municipios: Tila, Venustiano Carranza y Oxchuc.

Por las mismas razones, fue suspendida la instalación de algunas casillas en Pantelhó, Siltepec, Ixtapa, Parral e Hixhuatán. En total, en ocho municipios no se instalaron 232 casillas, lo que impidió que más de 160 mil electores no pudieran ejercer su voto, de acuerdo con el reporte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Pueblos indígenas dan la lección

Mujeres de Zinacantán participaron masivamente en la jornada electoral. Foto: Ángeles Mariscal

Pese al acoso de grupos criminales en el municipio de Aldama, la población decidió votar. Se contaron más de 50 momentos en los que dispararon hacia los poblados habitados por indígenas tsotsiles.

Bordearon veredas y cafetales para evadir la zona de disparos, miles de habitantes de ese municipio acudieran al lugar donde se instalaron las casillas de votación.

De forma estratégica, colocaron las urnas resguardadas por el edificio de la Agencia Municipal, en una zona distante de 20 metros del lugar hasta donde alcanzaban a llegar los disparos que provienen de la comunidad Santa Marta, Chenalhó.

Las mujeres de faldas marinas y blusas bordadas en tonos rojos, con trenzas lustrosas y collares de piedrecillas. Respetuosas, ordenadas, con su caminar pausado y su mirada serena, recibieron un cubreboca azul y se formaron para hacer el protocolo electoral.

Asimismo, el ambiente de participación pacífica se vivió en los municipios de San Juan Chamula, San Andrés Larrainzar y Zinacantán, ubicados en la zona indígenas de Los Altos de Chiapas.

Contra todo pronóstico que auguraba actos de violencia electoral, estos no sucedieron. Fue en las regiones centro y costa donde la jornada electoral se rompió por la intimidación armada, la compra y coacción del voto, la quema de urnas.