Movilidad limitada, precarización laboral y limitado acceso a la justicia impacta la inclusión de las mujeres migrantes
*La participación laboral y económica de las mujeres migrantes que se establecen en los diversos municipios que conforman los corredores migratorios Pacífico y Centro se vinculan de forma activa en cinco áreas: agricultura, comercio y servicios, trabajo del hogar remunerado o de cuidados, autoempleo, y trabajo sexual.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó el diagnóstico “Procesos de participación económica, laboral y social de mujeres migrantes en Chiapas, México”, que visibiliza los desafíos que tienen las mujeres migrantes al tratar de integrarse a las comunidades del sur de México.
El diagnóstico enfatiza que no es posible generalizar las experiencias de las mujeres migrantes, sin embargo, dicho estudio permite aproximarse al análisis de la complejidad que atraviesan, con el objetivo de encaminar procesos que promuevan la mejora de las condiciones de estancia y faciliten su integración.
A través del diálogo directo con mujeres migrantes y con actores clave involucrados, encontraron que los perfiles con mayor visibilidad y frecuencia en Chiapas se distinguen en dos grupos, definidos con base en su proyecto migratorio, es decir, quienes trabajan de manera temporal en los municipios o regiones fronterizas.
Aunado a ello, están las extranjeras cuyo propósito es atravesar territorio mexicano y llegar a los Estados Unidos de América, solicitantes de la condición de refugiadas y/o con requerimientos específicos de protección, y a las que les fue negada la condición de refugio o cualquier otro requerimiento específico de protección
Los perfiles dan cuenta de la complejidad de las situaciones de las mujeres migrantes que proceden de países -a menudo de Centroamérica- en conflicto social, con falta de oportunidades laborales, limitación en la educación y la violencia de género, que pone en riesgo la vulneración de derechos, el difícil acceso a oportunidades económicas/laborales y la falta de seguridad durante el tránsito.
Por otro lado, el diagnóstico menciona que la caracterización de las mujeres migrantes que se han establecido de manera temporal, indefinida o permanente, permite un análisis regional, donde se incorpora las especificidades de cada corredor migratorio: geográficas, políticas, económicas y culturales, constituidas desde la historia y que impactan en la integración económica, laboral y social de este grupo.
Destacaron los servicios de solicitud de la condición de refugio, así como en condición de transmigración, que invisibiliza a los sectores de la población migrante -de los cuáles forman parte activa mujeres- que no cuentan con la información necesaria, recursos o requisitos para regularizar su estancia migratoria.
La presencia de estas brechas impacta la inclusión de las mujeres en la sociedad receptora y a la población migrante, aumentando sus condiciones de vulnerabilidad en tres puntos: movilidad limitada, precarización laboral y el limitado acceso a mecanismos de justicia y violencias basada en género y de asistencia especializada.
El primer punto se refiere a que, si la estancia de las personas es irregular, tendrán obstáculos para trasladarse a las localidades donde puedan realizar trámites de regularización migratoria, o bien los costos de estos impactan en la economía de las mujeres y en algunos casos, la de sus familias.
A eso se suma la limitada posibilidad para trasladarse a otras localidades de manera segura, es decir, sin el riesgo de ser víctimas de delito.
El segundo punto es sobre la precarización laboral y dependencia económica de las mujeres migrantes, mismo que se acentúa cuando no pueden acreditar su estancia regular en México, sumado a los riesgos de ser víctimas de robo, extorsión, acoso sexual, de trata de personas, y dando paso a posibles irregularidades en el ámbito laboral informal.
Lo anterior, crea la posibilidad de violencias en el ámbito laboral, como son despidos injustificados, salarios por debajo de lo establecido o desiguales, jornadas largas, acoso sexual, entre otras.
Además, al no tener ingresos o no posibiliten la suficiencia económica, las mujeres migrantes pueden verse involucradas en dinámicas de dependencia o vulnerabilidad, lo que impacta su autonomía y promueve otras formas de violencia, como es la basada en género en el ámbito doméstico.
El tercer punto se enfoca a la situación de irregularidad migratoria, sumado con la desinformación y el no visible o limitado acceso a la justicia, lo que crea condiciones para que las mujeres migrantes sean víctimas de violencia basada en género.
Otros elementos que se suman a ello, son las limitadas redes sociales con la familia y la comunidad de origen o local, la falta de acceso a empleos dignos, incluso, en casos en los que el estatus migratorio se encuentra ligado a la pareja.
Estos elementos forman parte de la vulnerabilidad, que promueve el pronunciamiento de las brechas de desigualdad económica y social, no solo con respecto a otras mujeres locales, sino también a las migrantes de otras localidades y corredores.
En este sentido, se evidencia la relación entre las diversas formas y espacios de violencia que afectan a las mujeres migrantes que, invariablemente, juegan un papel importante en sus experiencias de participación económica, laboral y social durante su asentamiento temporal, indefinido o permanente en los dos corredores migratorios ubicados en Chiapas, señala el diagnostico.
Chiapas en la dinámica migratoria, laboral y económica
El diagnostico acentúa que, Chiapas es uno de los estados cuyo Índice de Desarrollo Humano (IDH), según cifras del 2015, se encuentra por debajo del promedio nacional (0.762), con casi el 72% de sus municipios con un IDH medio y solo el 1% muy alto.
Las condiciones de desarrollo económico de Chiapas, en la actualidad son un factor que se relaciona con el alto nivel de emigración en la entidad, siendo las remesas uno de los beneficios en sus indicadores económicos.
Por otra parte, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Versión (ENOEN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que, la tasa de informalidad laboral en el cuarto trimestre del 2020 fue de 76.4%.
El papel de la informalidad y trabajo por cuenta propia en la mitigación de la caída económica de Chiapas revela la condición crítica de precarización laboral del estado cuya distribución porcentual de la población ocupada de 15 años y más por tipo de actividad económica.
Según el informe de la OIM, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) 2020, la complejidad espacial de la entidad se refleja en la distribución de sus actividades económicas, en 2010, la riqueza del estado fue generada en gran parte por municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez.
En consideración lo anterior, los nichos laborales disponibles son: informal y formal, en el sector agrícola, comercial, manufacturero, restaurantero, servicios diversos, sociales, de alojamiento y construcción, estos han sido aprovechados por las personas extranjeras provenientes de Guatemala, con quien Chiapas mantiene estrechos vínculos culturales.
Sin embargo, en las últimas décadas, personas provenientes de Honduras, El Salvador, Cuba y Haití, se incorporan a la situación de precarización laboral al participar de la vida económica y social del estado.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Chiapas, las personas nacidas en otro país se distribuyen de la siguiente forma: Guatemala 55%, Honduras 17%, El Salvador 8%, y Otros países 20%.
Siendo las mujeres quienes representan el 50.5% del total de la población extranjera en la entidad, coexisten tres tipos de situaciones: inmigrantes nacidas en Centroamérica que residen y trabajan en Chiapas, transfronterizas que cruzan a trabajar al estado por periodos cortos, y temporales las que trabajan por periodos de mayor duración o por ciclos agrícolas.
El diagnóstico menciona que, aunque las personas en situación de movilidad se enfrentan a importantes retos en materia de participación económica, laboral y social, que dificultan su integración a las sociedades receptoras estos se presentan de maneras diferenciadas, dependiendo de la nacionalidad, género, edad, orientación sexual, condición de estancia migratoria, nivel educativo y la lengua.
Dichas situaciones pueden ampliar la brecha de desigualdad y a veces limitar el acceso a derechos de las personas.
En este sentido, los procesos migratorios protagonizados por mujeres han visibilizado y generado condiciones de vulnerabilidad específicas asociadas al género como son ser víctima de trata, precarización laboral, abusos laborales y la descalificación de las mujeres migrantes calificadas.
A su vez, estas condiciones se cruzan con la condición de estancia migratoria, nacionalidad, edad, raza o pertenencia étnica, creando segmentos laborales que, en ocasiones, promueven el rechazo de las mujeres migrantes y dificultan su integración en las sociedades receptoras.
De acuerdo con datos aportados por la OIM, OIT, El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y UPMRIP, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) podría decirse que el mercado laboral –informal en principio– del que forman parte las mujeres migrantes en México se encuentra segmentado, racializado y segregado.
El diagnóstico señala que, al sumar estos segmentos asociados a la nacionalidad, es posible observar otro ámbito de participación económica al contexto de la región, que es el autoempleo del que forman parte estas y otras nacionalidades.
La construcción y reproducción de dichos segmentos laborales y económicos podría deberse a la existencia de estrategias de reclutamiento -formales o informales- que posibilitan la vinculación laboral entre Guatemala y México, enfocadas a la actividad agrícola.
Aunado a ello, la relación entre la experiencia laboral en los países de origen de los perfiles de mujeres migrantes y los nichos laborales y económicos en México.
En cualquier caso, la participación de las mujeres migrantes en el ámbito económico, laboral y social de Chiapas, está directamente vinculado con la necesidad de proveerse de los recursos materiales, sociales y subjetivos mínimos para desarrollarse de manera plena y digna, es decir, de medios de vida, puntualiza el diagnostico.
Derechos de las mujeres migrantes
La visibilización de las personas migrantes como sujetos de derechos junto a los procesos de feminización, abren paso a la necesidad de transversalizar con enfoque de género los instrumentos jurídicos que parten de principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pero que no siempre cuentan con mecanismos claros de atención a población extranjera y con requerimientos específicos, como lo son los y las niñas y adolescentes, personas LGBTIQ+ y mujeres.
Además de los Derechos de las personas extranjeras en México, existen otros específicos que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
…las mujeres que se encuentren en territorio nacional son sujetas de derechos, independientemente de su sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, menciona el Artículo Tercero.
En consecuencia, las mujeres independientes de su condición migratoria, son sujetas de derechos como: a vivir una vida digna, con bienestar y libre de violencia en todos los ámbitos familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional.
Como a ejercer una maternidad o no, sin presiones ni condicionamientos, a la educación sexual, a no ser discriminada por el hecho de ser mujer, y a la información.0
El diagnostico enfatiza que, es necesario reconocer y valorar la contribución que las mujeres migrantes realizan al desarrollo social y económico de las sociedades receptoras, por ello, tienen derecho a participar al desarrollo con justicia económica, y a recibir un salario justo e igual al de los hombres, por el mismo trabajo.
A partir del acceso a derechos con perspectiva de género, es como se construyen las disposiciones básicas indispensables para crear posibilidades de desarrollo económico, individual y social, independiente de si la estancia es temporal, indefinida o permanente, regular o irregular.
Lo anterior, impacta de manera directa en la configuración de experiencias diferentes para las mujeres migrantes y sus familias, orientadas a su integración social, económica y laboral.
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