Transformación de instituciones de salud generan incertidumbre de medicamentos para combatir el VIH

De acuerdo a los datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), cada semana se registren más de 6 mil infecciones nuevas en mujeres adolescentes entre los 15 a 24 años de edad. Cortesía: Comunicación social de Tuxtla Gutiérrez.

*El activista mencionó que, antes tenían acceso a la información donde podían ver cuál era la situación, que medicamentos faltaban, en donde no habían, pero con el nuevo gobierno los accesos de transparencia a los datos han desaparecido.

Desde la aparición de los primeros casos del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en México, organizaciones de la sociedad civil y personas que viven con VIH, han desempeñado un papel determinante para el acceso gratuito y universal de los tratamientos antirretrovirales, así como para la atención integral.

Las y los defensores de derechos humanos de personas con VIH o sida han realizado una permanente vigilancia y seguimiento de los procesos para la compra de medicamentos, su distribución y entrega oportuna contribuyendo de manera significativa en lograr la supresión viral en las personas, es decir “la indetectabilidad”, misma que se encuentra enmarcada en las metas planteadas en los objetivos del Desarrollo Sustentable para el año 2030.

Rosember López Samayoa, activista y miembro de la organización “Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA A. C” dio a conocer que, en Chiapas hay incertidumbre en la compra de medicamentos a partir del próximo mes de julio en adelante.

Recalcó que, en algunas instancias de salud se tienen garantizados los medicamentos hasta junio, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), donde han observado un desabasto de medicamentos más notorio que en otras instancias.

El activista señaló que, el desabasto no es por la falta de recursos sino por cuestiones administrativas que, de una u otra forma están y pueden seguir afectando la salud de las personas que viven con VIH.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Foto: /Presidencia

Dijo que, que hay comunicados de la Secretaría de Salud a nivel federal, quienes a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) están ordenando a las instancias de salud que por lo menos se provea a las personas que necesitan tratamientos antirretrovirales por lo menos 3 meses, con el fin de no arriesgarse por las condiciones de sanidad debido al Covid-19.

Sin embargo, enfatizó que no se están cumpliendo, por ejemplo, el IMSS otorga dos recetas, estas se canjean cada mes, en el caso del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de la Secretaría de Salud, está da el día de cita un medicamento y una receta para el siguiente mes.

Aunado a ello, el ISSTECH y el ISSSTE tienen problemas de desabasto terribles donde no se está garantizando los medicamentos de las personas porque son compras muy específicas.

Entonces ¿Cuál es la situación aquí?, (…) que al menos el gobierno federal garantice la compra de medicamentos antirretrovirales, así no tendríamos el desabasto de julio en adelante, pero esta es la preocupación de las organizaciones, de las personas que vivimos con VIH, expuso el activista.

Agregó que, el 31 de julio de 2020, la Secretaria de Salud a través Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyecto (UNOPS) firmaron un convenio donde se comprometían a la compra de medicamentos para que no hubiera desabasto, pero hasta la fecha estos acuerdos no han sido cumplidos.

Tratamiento antirretroviral. Cortesía: Sidalava

López Samayoa mencionó que, los medicamentos llevan un proceso administrativo de alrededor de 6 meses para que sean comprados, ya que no los venden en la farmacia, sino por compras consolidadas, la venta es por laboratorios específicos, y no cualquiera lo hace, este panorama ha hecho que se tema que en el mes de julio no se compren y muchas personas con VIH se queden sin el tratamiento.

Por otro lado, dijo que la epidemia de VIH/SIDA en México y Chiapas es concentrada, hay municipios que tienen más prevalencia de casos, esto tienen que ver con las poblaciones, quien presenta mayor número de casos es Tuxtla Gutiérrez, seguido de Tapachula, Tonalá y Villaflores, representan por lo menos más del 75% de los casos en el Estado.

Resaltó que, aunque los otros municipios tienen menos prevalencia, tienen la misma problemática, por ejemplo, han recibido información de Pichucalco que a veces ellos tienen que venir hasta Tuxtla por sus medicamentos porque no hay quien le suministre en ese municipio, todo eso hace que se ponga en riesgo la salud de las personas con VIH.

Al mismo tiempo, comentó que entre las acciones a realizar esta el llamado a las instancias, en especial a quienes deben velar por la atención de la salud, han enviado oficios a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Explicó que, desde que el mandatario desapareció el seguro popular y abrió el INSABI ha habido muchos errores donde se ha visto mermada la salud de los ciudadanos, porque no solo se trata del tema de VIH, sino también están las y los niños con cáncer.

También es una obligación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, principalmente al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, son los órganos encargados de poder garantizar los medicamentos, expuso el activista.

López Samayoa acentuó que, si no se justifica y no hace un arreglo de compras y desabasto, junto a otras Organizaciones y Asociaciones Civiles están pensando realizar una movilización a nivel nacional para protestar ante las diferentes instancias.

Otra de las acciones que han contemplado es la de tomar acciones legales como son los amparos colectivos, tomando en cuenta que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho a la salud de todas las personas en México, en base a ello van a realizar dichas acciones.

Si el gobierno no cumple con su obligación de comprar los medicamentos antirretrovirales para las personas con VIH, ya se han sumado ciudadanos y organizaciones de otros lados, vamos a hacer un movimiento a nivel nacional bastante fuerte para que las instituciones nos escuchen y realicen acciones que puedan apoyar a las personas para que no se queden sin medicamentos, reafirmó el activista.

Por último, mencionó que el día de mañana se reúne el CENSIDA, INSABI y el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (CONASIDA) donde tienen representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, dependiendo de los acuerdos a lo que lleguen verán qué medidas implementaran.

Situación Nacional

Conferencia de prensa. Imagen: Captura de Pantalla.

Personas con VIH + 88 personas que por el estigma y la discriminación reservaron sus datos personales, quienes expusieron que, desde el mes de noviembre de 2020, varios derechohabientes con VIH del IMSS, de manera arbitraría fueron víctimas del desabasto antirretroviral, por lo que, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, presentaron juicios de amparo.

Dichos juicios, a solicitud de las personas promoventes, fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obtuvieron una sentencia favorable en el amparo en revisión 227/2020, en la cual se reconoce que “la suspensión de tales tratamientos es un acto violatorio de Derechos Humanos”.

A casi 30 años de trabajo incansable por defender el derecho a una salud integral de las personas con VIH o sida del país, del trabajo colaborativo entre sociedad civil y gobierno, mencionaron que de nuevo se repite la historia sobre el riesgo de perder la estabilidad en la salud de miles de personas con VIH o sida dependientes del INSABI, debido a la fallida y mal planeada “política de austeridad” con la que actúa el Gobierno Federal.

Aclararon que no estan en contra de las políticas anticorrupción pero estas acciones políticas, sin justificación técnica, han provocado daños al acceso a la salud, pues la poca operatividad y eficiencia en los procesos de licitación, compra y distribución de medicamentos afectan a todas las instituciones de salud pública en todo el país, y se ven reflejados no sólo en problemas de desabastos, sino también en entregas tardías de tratamientos y atrasos en los estudios de laboratorio.

Por lo que, ven con suma preocupación que dicha compra no se esté llevando conforme a lo establecido y que tiene como resultado la actuación limitada de las entidades federativas y aún más, la afectación directa en las personas con VIH o sida.

Sumado a lo anterior, externaron su preocupación por la falta de transparencia con la que opera el Gobierno Federal y la falta de voluntad de las Instituciones para hacer pública la información que tienen obligación de dar sobre estos procesos de compra y distribución de medicamentos.

Recordaron que toda información gubernamental es pública y debe ser compartida cuando las y los ciudadanos la soliciten por las vías correspondientes.

Exigieron a López Obrador; a Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud del Gobierno Federal; Juan Antonio Ferrer Aguilar, Director del INSABI; Alethese de la Torre Rosas, Directora del CENSIDA, y demás autoridades involucradas, que de manera pronta, expedita y eficaz se solucione la compra y distribución de medicamentos antirretrovirales, no sólo para lo que resta del presente año, sino también para los años subsecuentes.

Para finalizar, exhortaron a que se cumpla con la obligación de tutelar el más alto nivel de protección a la salud, obligación que el Estado Mexicano tiene ante tratados internacionales y ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.