Exigen libertad a detenidos por manifestarse contra cuartel de la Guardia Nacional

Ejidatarios y ejidatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón realizan denuncia. Cortesía: Frayba

*El pueblo tseltal ha asistido a siete audiencias con autoridades del gobierno del estado para exigir la libertad de los ejidatarios procesados, pero hasta el momento no hay atención y solo los “entretuvieron para que avanzara el proceso jurídico”.

Ejidatarios y ejidatarias de San Jerónimo Bachajón y San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón, recordaron que, el pasado 15 de octubre 2020, se manifestaron en el crucero Temó en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y por el reconocimiento de sus autoridades agrarias, debido a este acto fueron detenidos dos de sus compañeros.

Señalaron que, la policía municipal de Chilón, la Policía Estatal y la Guardia Nacional les agredieron con piedras, palos, gases lacrimógenos, y golpearon a personas y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.

Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano fueron detenidos, torturados, y los llevaron a la comandancia de la policía de Ocosingo, posterior a ello, los trasladaron al Centro de Reinserción Social de Sentenciados del mismo municipio, para el 17 de octubre sin ninguna explicación fueron trasladados “como delincuentes” al CERSS “El Amate” en Cintalapa.

Ante lo ocurrido, ejidatarios y ejidatarias exigieron la libertad incondicional de Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano, así como castigo a los responsables de la represión del 15 de octubre.

También, pidieron la reparación de los daños materiales, como el reconocimiento a las autoridades agrarias elegidas por usos y costumbres.

Exigimos la no militarización de nuestros territorios y la cancelación de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en la comunidad de Jukulton, municipio de Chilón, porque trae el despojo de nuestro territorio, la destrucción de nuestra cultura trae más violencia, alcoholismo y prostitución, dijeron ejidatarios y ejidatarias.

Responsabilizaron a Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, presidente municipal y a la Guardia Nacional de cualquier acto de represión, amenaza, persecución y otros atentados contra de ejidatarios y ejidatarias.

Guardia Nacional alerta a los pueblos

Padre Marcelo: La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres”. Cortesía: Frayba

El sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, ante lo ocurrido cuestionó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, sobre si es un delito manifestarse de manera pacífica.

Pérez Pérez explicó que, la manifestación pacífica es un derecho que por ningún motivo puede reprimirse, por ello, solicitó una mesa de dialogo en el palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

De las tres mesas de diálogo que tuvo, enfatizó que nunca se presentó el represor y tampoco la Secretaria de Gobernación lo exigió, por lo que no obtuvieron ningún resultado.

Ante esta situación, se nota la prepotencia del Señor Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, cuando una autoridad municipal le hace caso omiso a la autoridad estatal es porque alguien del gobierno estatal y federal lo están respaldando, dijo el sacerdote.

Manifestó que la presencia de la Guardia Nacional es una alerta roja a los pueblos originarios, porque va en contra de la cosmovisión indígena, pero también porque algunos presidentes municipales los utilizan para reprimir al pueblo.

Pronunciamiento conjunto

Criminalización de la lucha en contra de la militarización de la tierra y el territorio en el pueblo tseltal de Chilón. Cortesía: Frayba

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) dieron a conocer que, los ejidatarios y sus familias tseltales desde la historia han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos.

Agregaron que, con una nueva base en la defensa del territorio, como de su cultura, el pueblo tseltal comenzó una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional,

De acuerdo con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, enfatizaron que la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del estado o de particulares, tiene como obligación, realizar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada.

Acentuaron que, la forma organizativa de los pueblos originarios tiene como base a su autoridad máxima “La Asamblea”, misma que está prevista por las leyes mexicanas, sin embargo, las autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad, al no generar los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada.

Por último, dijeron que la criminalización a la que son sometidas las personas defensoras de la comunidad por oponerse a la militarización, muestra el contexto de discriminación, desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan los pueblos indígenas en México.