Denunció violencia familiar, lo dejaron libre y ahora las vuelve a amenazar

Juez de control concede liberar a perpetrador acusado de violencia familiar equipara en Tonalá, Chiapas. Cortesía: Nataniel Hernández.

*En Chiapas, 7 municipios tienen una Alerta de Violencia de Género, estos son: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.

Carolina Arrizón Espinosa, originaria de Tonalá denunció haber sido víctima de violencia familiar, física, psicóloga, verbal y económica por parte de Abigael Pérez Morales, quien fue su pareja durante 10 años. En el 2018, se decidió a denunciar, otorgándole medidas de protección, que el agresor no respeto.

Arrizón Espinosa añadió que, en el 2019, volvió a denunciar ahora por sus hijas, ya que Pérez Morales se las llevó, eso le permitió que le regresaran a las menores, sin embargo, en el 2020 de nuevo realizó una denuncia porque su vida corría peligro.

El señor llegó en estado de ebriedad con machete en mano, que me iba a matar, mis hijas se espantaron demasiado en ese entonces fue que las autoridades hicieron caso y se lo llevaron preso, estuvo recluido en el Cereso durante un año y 3 meses, dijo la víctima.

Agregó que, el 20 de mayo de 2021, el juez de control decidió dejar en libertad a Pérez Morales, desde entonces junto a sus hijas no pueden estar tranquilas, por ello, exigió a las autoridades que les brinden protección.

Hago responsable al juez de control, a las autoridades y al señor Abigael Pérez Morales si algo nos llega a pasar, finalizó Arrizon Esponisa.

Por su parte, Nataniel Hernández, activista e integrante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, dijo que el caso está dentro de la causa penal 07/2020 radicado en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá.

Mencionó que, el imputado estaba recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 13, por el delito de violencia familiar equiparada, sin embargo, su abogado solicitó a Enrique Jorge Madrid Arriaga, juez de control hacer el cambio de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada para poder otorgarle su libertad.

Para que el juez diera paso a ello, estableció lo siguiente: que el imputado se presente de manera periódica ante el órgano judicial, pagar una garantía económica por la cantidad de 5 mil pesos, tiene prohibido salir del país o lugar de residencia, debe recibir terapias psicológicas, y no puede acercarse a la víctima.

Juzgados de Control y Juicio Oral Distrito I. Imagen: Cortesía/Facebook

Hernández señaló que, el juez de control fue asignado hace poco al juzgado de juicios orales, en este caso no consideró la gravedad, como el riesgo que corre la vida y la integridad física de la víctima y sus hijas.

El activista, comentó que en el argumento de la audiencia el juez de control dijo “Lo voy a dejar libre porque el imputado tiene la obligación de garantizar los alimentos a favor de sus tres hijos y como esta preso no puede pagarle los alimentos”.

Lo anterior, a pesar de que la víctima le dijo que, desde el 2018, el imputado no le daba dinero para alimentar a sus hijas, y que no necesitaba de dicho apoyo económico, porque ella ha sido responsable para poder sacar adelante a sus hijos.

Hernández mencionó que, fue así como el juez le concedió la libertad y no actuó con perspectiva de género, mucho menos de derechos humanos, y que no es la primera vez en el que, el juez se inclina a favor del derecho de los imputados, sin garantizar el derecho de las victimas sobre todo cuando manifiestan en una audiencia el riesgo a la vida, a la integridad física y psicológica.

Nos parece un caso grave, porque esto sentaría un precedente para que, en todos los casos denunciados por violencia familiar, el juez actúe en el mismo sentido, dentro de la investigación de la denuncia penal la señora ha sido amenazada de muerte, le han puesto una pistola en la cabeza, han intentado hacerle daño, a ingresado a su domicilio a pesar de la medida de protección, dijo el activista.

Por ello, enfatizó que el juez debería reconsiderar su decisión, ya que Arrizón Espinosa vivirá en un estado de inseguridad, porque el perpetrador no sabrá respetar la medida cautelar impuesta.

En Chiapas, fue instalada la Alerta de Violencia de Género para 7 municipios.

Al mismo tiempo, reconoció que el juez de control no consideró el decreto de Alerta de Violencia de Género que hay en Chiapas y en particular Tonalá, es decir, que la autoridad competente no puede garantizar los derechos de víctima, sobre todo cuando se trata de una situación de riesgo.

Por último, dijo que el llamado es que, el juez de control actúe conforme a derecho, respete los protocolos o tratados internacionales, y garantice el derecho de víctimas, de contrario que lo cambien o saquen de la impartición de justicia.