CIDH pide atender violencia hacia comunidades de Aldama

Raymundo convalece en una cama, al lado de su familia. Fue herido de bala por civiles armados.

Pidieron investigar los hechos con debida diligencia a la brevedad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano máximo a nivel continental en su materia, pidió al Estado mexicano proteger la vida a integridad de la población indígena tsotsil de Aldama tras haber sido atacados con armas de fuego.

El órgano informó que tiene conocimiento, mediante información pública, de 32 nuevos ataques armados ocurridos el 26 de mayo en contra de población indígena de Aldama y fueron atribuidos a grupos armados provenientes del municipio vecino de Chenalhó.

La Comisión recordó que había otorgado medidas cautelares mediante la resolución 35/2021 a favor de 12 comunidades tsotsiles de Aldama para proteger su vida e integridad contra actos de amenazas, hostigamiento y violencia armada el pasado 23 de abril.

En seguimiento a la resolución, la Comisión Interamericana exhortó al Estado mexicano a tomar medidas de seguridad necesarias para proteger las familias tsotsiles de Aldama en sus territorios y durante sus desplazamientos.

La población atacada informó que desde las 8:18 y hasta las 22: 48 horas, los tsotsiles recibieron 32 ataques con armas de fuego, que por horas dejaron cercados a habitantes de la comunidad Ch’ivit, quienes tuvieron que mantenerse ocultos por varias horas, hasta que lograron escapar.

En las comunidades Ontik, Chuch te’ y K’ox Chuch te’ los disparos se mantuvieron durante más de 7 horas. Los recorridos de la Guardia Nacional y de los cuerpos policiacos no los detuvieron; poco antes de las 16 horas también fueron agredidos.

La CIDH, en la recomendación, externó que la solicitud alega a que las familias indígenas en las comunidades de Aldama se encuenntran en una situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial en la zona.

La CIDH valoró las acciones adoptadas por el Estado para atender la situación alegada; sin embargo, tras el monitoreo del asunto, advirtió que las agresiones armadas siguieron presentándose, incluso pese a contarse con un Acuerdo de No Agresión; así también las consideraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quienes, en diversas oportunidades, exhortaron al Estado a garantizar los derechos de los habitantes de la zona.