Obstaculizan investigación a Farmacias del Ahorro por daños ambientales
*El pasado 24 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia de imputación por la posible comisión del delito de tala de árboles en contra de la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A.P.I. de C.V. (Farmacias del Ahorro) y su representante legal, solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En abril de 2019, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Tojil y Los Supercívicos, dieron a conocer que, Farmacias del Ahorro pudo haber participado de manera directa en la tala ilegal de más de mil 804 árboles en 407 sucursales en todo el país, con el fin de construir nuevas farmacias o ampliar las existentes.
El Estado que encabeza la mayor cantidad de tala de árboles es Jalisco con 252 arboles talados para la creación de 53 sucursales, seguido de Veracruz con 200 talas, Estado de México con 132 árboles, Ciudad de México 103 talas, y para el caso de Chiapas es de 78 talas para 18 sucursales.
Ante lo expuesto, el caso de la Ciudad de México, las tres organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y solicitaron que se les fuera reconocido el carácter de víctima durante el procedimiento penal. Destacaron que este carácter fue negado en un principio por la Fiscalía de la Ciudad de México, pero la decisión fue revocada por un Juez Penal.
Sin embargo, a través de un comunicado dieron a conocer que, en dicha investigación criminal han citado en varias ocasiones a Antonio Leonardo Castañón y Maximiliano Leonardo Asturias, miembros del Consejo de Administración de Farmacias del Ahorro; Eduardo Francisco Solorzano Morales, Directivo de la empresa en el momento de los hechos; y Luis Alberto Marín Alarcón y Ricardo Benítez Flores, apoderados legales de Farmacias del Ahorro, todos en el momento de los hechos, con el fin de dar su declaración.
Puntualizaron que, la autoridad ha requerido en diversas ocasiones a los actuales encargados legales información relativa a los datos de las personas antes señaladas para que puedan ser localizadas para las diligencias y se llegue al esclarecimiento de los hechos, pero se han negado a proporcionar dicha información.
Agregaron que, estos han presentado denuncia en contra de servidores públicos de la propia fiscalía ante el Órgano Interno de Control, obstaculizando el curso de las investigaciones, considerando que esas prácticas contribuyen a que el caso quede impune.
Reiteramos nuestro apoyo a las instituciones encargadas de la labor de investigar y perseguir delitos, especialmente los que nos afectan a todos, como lo son los delitos ambientales. Reprochamos cualquier acto de obstaculización y de presión ante la investigación de los hechos, dijo TOJIL, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Los Supercívicos.
Hicieron un llamado a que tanto víctimas, ciudadanos y servidores públicos sigan luchando por investigaciones y procedimientos justos, con apego a la Ley.
Pidieron que la FGJ de la Ciudad de México rechace cualquier tipo de presión o amenaza de particulares por intereses económicos o comerciales.
Este caso logró salir a la luz luego de que ciudadanos por todo el país levantaran la voz y denunciaran los hechos. Hoy, más que nunca, debemos convencernos de que cuando todos nos unimos en contra de la impunidad, se logra avanzar más rápido hacia un Estado de Derecho, expusieron las tres organizaciones.
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