Combustibles fósiles, fuente primaria para actividades extractivas
*En todo el mundo, las comunidades están luchando por defender su tierra, aire, agua, bosques y sus medios de vida de proyectos dañinos y actividades extractivas con fuertes impactos ambientales y sociales: minería, represas, plantaciones de árboles, fracking, quema de gas, incineradores, entre otros.
Los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente primaria de energía en Latinoamérica, donde el 40% de las exportaciones de la región en 2013 fueron por estos combustibles, cuando la media global en ese año fue de 20 por ciento, asimismo, hubo un aumento de 2017 a 2018 de los ingresos derivados de la explotación y extracción de crudo y gas natural en los principales productores de la región, entre 2% y 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
El 46% de las emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI) totales de Latinoamérica corresponden al sector energético, mientras que, el gas natural es cada vez más la matriz eléctrica de los países de la región y fue presentada como un combustible de transición.
La apuesta de la región por las energías sucias ha sido notoria en la Ley de Energía a favor de los combustibles fósiles, por ejemplo, un gran proyecto en la refinería es Dos Bocas, Tabasco, cuya vida útil será de más de 20 años.
Así como a pilotos de fracking, construcción de termoeléctricos – extracción y uso de carbón, gas como combustible de transición, como el yacimiento petrolífero Vaca Muerta que es la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo, esperan que tenga una vida útil hasta 2040.
Cabe mencionar que, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. dio a conocer en 2016 que, México es un país dependiente de los combustibles fósiles, cuya producción y oferta energéticas siguen estando cubiertas en su mayoría por el gas y petróleo.
El balance energético más reciente en ese entonces reportó que los hidrocarburos aportaron 87.2% de la producción de energía primaria en 2015, en la cual el petróleo representó 61.3 por ciento, el gas natural 24.6 % y el carbón 3.4 por ciento.
Por su parte, 85 % de la oferta interna bruta de energía procedió de los hidrocarburos, en donde el gas natural y condensados aportaron 44.4 por ciento de la oferta total, seguidos del petróleo y los petrolíferos con 40.6 %.
Por otro lado, el Atlas de Justicia Ambiental documenta y cataloga los conflictos sociales en torno a cuestiones ambientales, como es el caso de los pueblos indígenas zoques de la zona norte de Chiapas, quienes se han opuesto a las rondas petroleras, derivadas del proceso de reforma energética y otros megaproyectos que amenazan sus territorios y modos de vida.
Fue a partir de la reforma energética promovida por el gobierno mexicano en 2013, que la exploración y extracción de hidrocarburos en México pasó de ser una actividad solo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para abrirse a inversiones de capitales privados, estos nuevos esquemas legales de licitaciones para la participación de empresas privadas fueron llamadas “Rondas”.
La Ronda 0 correspondió a los campos para la exploración y producción de gas y petróleo para PEMEX, las rondas 1, 2 y 3 se dirigieron a empresas privadas de capital nacional o extranjero.
El Atlas señala que, para enero del 2021, se han adjudicados 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en México de los cuales 48 son en áreas terrestres, 31 en aguas someras y 28 en aguas profundas. Existen 73 empresas de 20 países distintos con contratos vigentes dentro de las cuales se encuentran los principales grupos petroleros a nivel mundial.
Además, el Pleno del Senado de la República aprobó a principios de marzo de 2021, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
El proyecto de decreto, remitido por la Cámara de Diputados y avalado por las comisiones unidas de Energía; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, tiene su origen en una iniciativa preferente del Presidente de la República, y modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de dicho ordenamiento.
Por otro lado, las Rondas ya mencionadas se volvieron una amenaza directa por el medio de la Ronda 2.2, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos abrió en agosto del 2016 para la concesión de nueve bloques en la Cuenca de Burgos entre Tamaulipas y Nuevo León, dos en Chiapas y uno en Tabasco.
En Chiapas el bloque 10 estaba previsto sobre 42 mil 600 hectáreas (ha) pertenecientes a municipios de Tecpatán, Francisco León y Ostuacán, con la finalidad de obtener aceite súper ligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11 sobre 41 mil 900 ha de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa, Tabasco; para obtener aceite ligero y superligero.
Un total de 84 mil 500 ha de tierras de nueve municipios del norte del Estado amenazados por la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio Zoque.
Es así como el anuncio de la Ronda 2.2. motivó a las comunidades en conformar el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE), unido por indígenas católicos y campesinos del territorio.
El proceso de lucha del Zodevite está justificado por los graves daños ambientales, económicos y culturales que provocaría la instalación de 12 pozos petroleros, uno de los principales impactos es el uso excesivo del agua, posible contaminación de manantiales y arroyos.
Otro de los riesgos es la contaminación de suelo y aire, como de los cambios en el uso de suelo del territorio, ya que las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental, al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades de la región y posible desequilibrio ambiental y sociales.
El Atlas señala que, Zodevite ha realizado múltiples marchas y movilizaciones de protesta como la del 22 de junio del 2017 en Tuxtla Gutiérrez o la del 24 de marzo del 2018 en el municipio de Francisco León, así como en el 36 aniversario de la tragedia de la erupción del Volcán Chichonal, que reunió a más de 4 mil personas de 49 pueblos Zoques.
Han denunciado las irregularidades en los procesos de pseudo consultas realizado por la Secretaría de Energía (SENER) porque no han consultado a todos los lugares afectados.
Frente a eso las comunidades decidieron hacer su propias «autoconsultas» por medio de asambleas comunitarias, sin intervención gubernamental, organizadas por los propios pueblos afectados y expresadas en la lengua local.
Las autoconsultas realizadas entre octubre de 2016 y febrero de 2017, se hicieron en el 100% de los barrios de todas las comunidades de los nueve municipios zoques y cada comunidad firmó un acta de rechazo a la extracción de hidrocarburos, declarándose territorios libres de proyectos extractivos.
El Atlas señala que, la lucha del Zodevite no se limita a los bloques de la ronda 2.2, ya que incorporó otras demandas frente a otras amenazas territoriales existentes en la región, por ejemplo, el retiro de la minera Frisco propiedad de Carlos Slim en Solosuchiapa, y la cancelación de las siete concesiones mineras, y de la asignación minera de 1900 ha de Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Luchan también por tarifas preferenciales de energía eléctrica, promover la iniciativa ciudadana de una nueva ley general de aguas en México, la suspensión de proyectos hidroeléctricos en varios ríos de la región, y de proyectos geotérmicos y turísticos en el Volcán Chichonal, expuso el Atlas.
Para eso, menciona que las asambleas comunitarias fueron espacios de reflexión, articulación y de poder comunitario donde tejieron la identidad del movimiento y las demandas.
Por último, puntualizan que en la actualidad el gobierno mexicano mantiene dentro de su plan energético la ampliación de extracción de gas y aceite en el territorio zoque, sobre un total de 100 mil hectáreas, por lo cual, el proyecto de la ronda petrolera se encuentra suspendido de manera temporal.
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