Entregarán ganancias y tramos del Tren Maya a militares

Comunidades indígenas rechazan planes de construir el llamado Tren Maya. Cortesía: Salva la selva.

*Los cerca de mil 500 km de ferrocarril pasarán a ser patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y los recursos obtenidos por el proyecto serán para el Ejército.

El Tren Maya, un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable, recorrerá una distancia de alrededor de mil 500 kilómetros (km), pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sin embargo, el Impacto Ambiental de la fase 1 que correrá de Palenque, Chiapas a Izamal, Yucatán, señala la pérdida de cobertura vegetal de 800.95 hectáreas, “afectación de masa forestal que contribuirá a la emisión de carbono, considerado uno de los causantes del cambio climático”.

Aunado a ello, el “derecho de vía” se convirtió en las palabras más temidas para los pobladores que se asientan a lo largo de los 232 kilómetros de lo que se conoce como el Primer Tramo del Tren Maya.

Dicho contexto se suma a que, la totalidad del Tren Maya, serán propiedad de los militares, quienes obtendrán ganancias por el transporte de pasajeros y carga para alimentar los fondos de pensiones que dependían de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

anderazo de inicio de obra del Tren Maya, en Benito Juárez, Quintana Roo. Cortesía: López Obrador.

En entrevista para El Financiero, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) detalló que todos los recursos, incluidas las ganancias relacionadas con la operación del ferrocarril en el sureste, beneficiarán a los militares.

 Exactamente (las ganancias serán para los militares, no para el erario). Ya no dependerían del erario las pensiones y otras cosas. El propietario va a quedar, vamos a conceder todos (los tramos) al Ejército, remarcó el director general del Fonatur.

Jiménez Pons afirmó que la entrada de las fuerzas armadas como propietarios del megaproyecto evitará que el ferrocarril se privatice como otros proyectos en gobiernos anteriores.

Está perfecto que sea un premio a las fuerzas armadas. Si nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del estado, nosotros vamos a tratar de hacer que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice, añadió Jiménez Pons.

Dijo que el Tren Maya tiene un factor de “seguridad nacional” porque hay zonas de conflicto en el sureste del país, donde operan cárteles, grupos de trata de personas y venta ilegal de ganado.

Por ello, la participación de los militares disminuiría el impacto que dichas actividades tendrían sobre el proyecto.

En el momento que metes a una institución con ciertos valores, con cierta disciplina, con rigor y a sabiendas que no se va a privatizar nunca, porque va a ser del Ejército, pues adelante con eso, entonces haces una institución sólida, que pueda ver el proyecto a largo plazo. Y la comercialización ya la vemos a parte, eso ya lo ve el Fonatur, precisó Jiménez Pons.

Tren Maya tropieza

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) afirmó que no está autorizada ninguna deforestación para dar paso a la construcción del Tren Maya

Es de importancia señalar que, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer un informe sobre la obra del Tren Maya, donde cuestiona la rentabilidad, falta de estudios de factibilidad, de consulta a pobladores y del impacto ambiental, entre otras.

La ASF hizo público el informe de la Cuenta Pública 2019 del gobierno federal, señala que la obra presenta riesgos de no ser rentable, no fue consultado de manera debida a la población indígena, tiene escaso interés en la protección ambiental y es poco transparente en la adjudicación de contratos públicos.

En el rubro de rentabilidad, la auditoria auditoría 1384-DE destacó que, la operadora de la obra, Fonatur utilizó supuestos que “no fueron razonables”, en relación al uso de carga y de pasajeros que pudiera operar entre 2023 y 2053.

Es decir, hizo proyecciones que son “un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”.

La ASF también informó que Fonatur pagó sobrecostos, adjudicó contratos de manera directa de manera injustificada, no contó con “una estructura administrativa para llevar a cabo el proyecto” ni con estudios terminados; entre ellos la factibilidad social, “como un diagnóstico en el que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación”, explica en la auditoria 1385-DE.

Una irregularidad más encontrada por la ASF se refiere al impacto ambiental, señala entre ellos la “destrucción de hábitats naturales; características del suelo; daños a la fauna local; daños a especies florísticas, y existencia de ecosistemas críticos y daños a los corredores biológicos”, de acuerdo a la auditoria la auditoría 1386-DE.