CNI pide intervención de autoridades tras amenazas a sus integrantes en Chilón

En el marco de la Jornada Global por la Vida, contra los megaproyectos y en memoria de Samir Flores Soberanes. Cortesía: CNI

*El día 24 de febrero de 2020, después de más de veinticuatro horas de haber sido privados de su libertad, las y los integrantes del CNI fueron liberados bajo condiciones impuestas por las autoridades ejidales: pagar una multa de quince rejas de refrescos y dos mil quinientos pesos, de lo contrario, condicionaban su libertad a cambio de que renunciaran a ser parte del CNI.

El Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) alertaron sobre la reactivación de la violencia en contra integrantes del CNI de San Antonio Bulujib, en el municipio de Chilón, quienes están siendo amenazadas de despojo y desplazamiento forzado ante la incapacidad gubernamental de retomar y reanudar el proceso de diálogo iniciado en marzo del año pasado.

Señalaron que, la situación de violencia y hostigamiento que sufren las y los integrantes del CNI ha sido de carácter permanente y continuada, pues desde el 23 de febrero de 2020 han venido sufriendo una serie de violaciones a sus derechos humanos por haber colocado un letrero en el marco de la Jornada “Samir somos todas y todos”, haciendo uso de su derecho a la libre expresión y manifestación, exigiendo justicia por el asesinato de Samir Flores.

Aunado a ello, María Cruz Espinoza, Juana Pérez Espinoza, Feliz López Pérez, María Cruz Gómez, Ana Gómez Hernández, Alejandra Gómez, María Luisa Pérez Gómez de 1 año, María del Rosario Mazariegos Gómez de 11 meses, Manuel Cruz Espinoza, Juan Gómez Núñez, Isidro Pérez Cruz, fueron agredidos por haber colocado dicho letrero en la entrada del pueblo de San Antonio Bulujib.

Los responsables de las agresiones fueron las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib pertenecientes a los grupos paramilitares de los llamados “Chinchulines” y “ORCAO”, así como por integrantes del partido Morena en la región.

El CNI-CIG puntualizó que, dichas acciones represivas forman parte de una estrategia contrainsurgente desplegada en la región contra el CNI y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por su oposición a los megaproyectos.

Foto: EZLN

Por ello, denunciaron la violación a los derechos humanos de las autoridades de la comunidad, como el uso desproporcionado de la fuerza, lesiones, secuestro, acoso, intento de violación, y encarcelamiento de hombres, mujeres, niños y niñas.

Como las amenazas a las familias integrantes del CNI de desalojarlos y quitarles sus tierras si no pagan una multa que de manera arbitraria decidieron, fueron amparados con un documento que firmaron bajo presión, ya que golpearon y encarcelaron a uno de sus compañeros, lo consideran ilegal e invalido, fuera del proceso de diálogo iniciado en el mes de marzo del año pasado.

Responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de la integridad física, psicológica y material de las y los integrantes del CNI, en especial señalaron a Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, presidente municipal de Chilón por su instigación y protección a las autoridades ejidales, a Rutilio Escandón, titular del ejecutivo estatal y Andrés Manuel López Obrador, titular del ejecutivo federal, por su omisión en el caso.

Se pronunciaron por la reanudación del diálogo comunitario, en la búsqueda de una solución pacífica y la no violencia para los pueblos.

Por último, llamaron a la solidaridad y el apoyo hacia sus compañeras y compañeros del CNI de San Antonio Bulujib, como estar atentos a su situación ante la inminente agresión que pueden sufrir a partir de la determinación que tomen en la asamblea ejidal del próximo 20 de marzo.