Caso Mariana ha sido investigado sin perspectiva de género

Foto: Andrés Domínguez

Organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron hoy que tras el caso de Mariana Sánchez Dávalos en Chiapas quedó evidenciada la falta de perspectiva de género en investigaciones de feminicidio en la entidad y demandaron de manera urgente sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstaculizaron el acceso a la justicia de la joven pasante de medicina.

El pasado jueves 28 de enero por la mañana fue encontrado el cuerpo de la joven Mariana, quien ofrecía su servicio social en una clínica rural de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, una comunidad enclavada en la Selva Lacandona, tras su muerte la Fiscalía General del Estado (FGE) dio que había fallecido por “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento”.

Tras el escándalo que provocó el Caso de Mariana, hoy en un pronunciamiento público, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM A.C. y Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., denunciaron  hoy la falta de perspectiva de género de parte de las autoridades del estado de Chiapas para investigar los delitos cometidos por razones de género, lo que deriva en el obstáculo al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida en la entidad.

Expusieron que un ejemplo claro de las omisiones de las autoridades estatales es la reciente agresión sexual y posterior feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina 24 años de edad, quien denunció el hostigamiento al que fue sujeta, sin obtener ninguna respuesta por parte de las  autoridades universitarias, de salud, ni de las autoridades de la fiscalía o judiciales.

En el documento conjunto mencionaron que no ha sido investigado con perspectiva de género y se realizaron acciones sin consentimiento de la familia como la cremación del cuerpo, hecho recurrente en otros casos. Y que esta acción podría derivar en responsabilidad de las autoridades, pues con ello se hace imposible la realización de los peritajes correspondientes, lo que obstruye el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia.

Y que a pesar de que Chiapas cuenta con uno de los mejores protocolos para la investigación del feminicidio a nivel nacional, urgieron en la necesidad de que se implemente para evitar la cadena de impunidad.

Para estas organizaciones civiles, es importante aplicar “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas”, publicado en agosto de 2020, y que se elaboró con los más altos estándares de investigación a nivel internacional, retomando el Protocolo de  Minnesota, la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía, así como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

Aunado a ello, el protocolo de investigación incorporó las necesidades específicas en comunidades y grupos indígenas, enfoque diferencial y peritajes sociales con perspectiva de género, que de aplicarse a cabalidad, las razones de género se podrían identificar y el delito de feminicidio podría acreditarse sin dificultad.

Las tres organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres en Chiapas, la falta de investigación en los delitos de género, evidencian en primer lugar, el poco reconocimiento de la problemática; en segundo lugar, la normalización de la violencia contra las mujeres; y en tercer lugar, la falta de perspectiva de género y de voluntad política para atender de manera prioritaria la violencia que acaba con la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en Chiapas.

Y que la inacción de las autoridades del Estado podría recaer en responsabilidad internacional.

Destacaron también que las observaciones del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), realizadas en julio de 2018 durante la evaluación intermedia a México, quien, en materia de feminicidio, recomendó a nuestro país: “Investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria”, así como que “garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio”.

En este contexto, ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas, exigieron justicia para Mariana Sanchéz y para todas las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia feminicida en Chiapas.

Demandaron también investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos e implementar a cabalidad el “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas” para garantizar de manera pronta y eficaz el acceso a la justicia.

Estas tres organizaciones civiles mencionaron la urgente necesidad también de capacitar a las y los funcionarios públicos para la implementación del protocolo y la realización de investigaciones con perspectiva de género,  ya que contar con el protocolo por sí solo no es suficiente para lograr garantizar el acceso a la justicia.

En este pronunciamiento conjunto las organizaciones civiles exigieron al gobierno en sus tres niveles, fortalecer la realización de análisis de contexto y peritajes sociales para identificar los antecedentes de violencia de los que las mujeres víctimas de feminicidio sufrieron previamente.

Pero sobre todo sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan obstaculizado el acceso a la justicia para Mariana y para las mujeres en Chiapas.

Recordaron que del 2018 a 2020, 71 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Chiapas, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), han identificado que una constante es la resistencia de las autoridades, no solo en la aplicación del protocolo sino para investigar con perspectiva de género, lo cual es fundamental para el  esclarecimiento de los hechos, el acceso a la verdad y la justicia.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2020 se registraron en Chiapas 460 violaciones sexuales, así como 70 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 se investigan como feminicidio, es decir menos de la mitad de los casos.