Indígenas demandan a la Guardia Nacional por construcción de cuartel en Chilón

Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio. Imagen: Cortesía.

*El pueblo tseltal pidió la protección de la justicia federal ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y que la Fiscalía General del Estado de Chiapas desista de la acción penal en contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto.

Juana Hernández, Gilberto Moreno, Juan Jiménez y Jerónimo Jiménez, representantes del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón, junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo interpuesta por la construcción de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados de manera previa, libre y adecuada para otorgar o no su consentimiento.

Jerónimo Jiménez destacó que, no es la primera vez que Chilón vive los impactos de la militarización de sus territorios, durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, en 1995 se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007 después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.

Desde 1995 hubo un campamento militar en el Ejido San Sebastián Bachajón a su sorpresiva llegada con violencia se adueñaron de la casa ejidal y no permitió a los ejidatarios realizar sus asambleas ejidales, había una casa dentro del terreno cercano a la casa Ejidal que pertenecía a Pedro Perez (…) el dueño cuando ya no le permitieron entrar (…) se le hablo al ejército y solo respondieron que ya estaba en el área federal por lo tanto ya no le pertenecía, expuso Jiménez.

Enfatizaron que, trece años después, en el mes de octubre de 2020 los habitantes del municipio de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

Por lo que, el día 15 de octubre de 2020, ejercieron su derecho a la manifestación, como respuesta hubo un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, con el objetivo de detener la movilización, hicieron uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes.

Añadieron que, en el desalojo fueron dañados vehículos particulares e hirieron a varias personas, además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los defensores sociales comunitarios José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, aún enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, por el delito de motín.

Conociendo los impactos que los proyectos militares pueden tener en su vida comunitaria, se organizaron para iniciar un proceso legal por medio de una comisión nombrada en su asamblea tradicional.

Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

La demanda de amparo denuncia que la licencia y construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, como a tratados internacionales, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo anterior, debido que para los habitantes es claro que la Guardia Nacional, es un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá que como un cuerpo civil, por lo que el proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado, porque el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad.

Añadieron que, con la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados en la zona, temen que se fomente el trabajo sexual como ocurrió en el pasado, se acentúe el alcoholismo como medidas de control y la división comunitaria.

Expusieron diversos argumentos y contundentes para que se evitará causar daños irreparables al territorio del pueblo maya tseltal por los cuales el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, sin embargo, el Juez la negó.

Este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tseltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido, finalizaron.